Por: Edgar García
Ginebra, 1 de julio.- En el segundo día de comparecía de Venezuela ante el Comité de Derechos Humanos (CCPR), el órgano de la ONU dejó clara sus preocupaciones en cuanto a la situación de la libertad de expresión, particularmente en el ámbito de las telecomunicaciones. El CCPR vigila la implementación de las disposiciones contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por lparte de los Estados que se han adherido al mismo.
El experto de origen israelí Mr. Yuval Shany expresó sus preocupaciones al decir que “nos parece que las restricciones que ustedes imponen (a los medios privados) se exceden con lo que dice el Pacto (…) son muy estrictas o muy amplias (…), producen un enfriamiento en la libertad de expresión. Además, parecen ir en contra con la Constitución que prohíbe la censura”.
De igual manera, el experto Shany expresó su inquietud por el bloqueo de páginas web en el 2013 y el cierre de medios privados de comunicación tal como el del canal colombiano NTN24 después de haber transmitido protestas en el 2011. También, mencionó el caso del canal venezolano Globovision que recibió multa por transmitir disturbios de cárceles en el año 2011.
En el marco de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, Yuval Shany planteó preocupaciones con respecto de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) que es un organismo del gobierno que “está vigilando de manera activa escenas de miles de horas de transmisión por año” declaró Shany.
Esta situación puede crear “una condición de temor o al menos de aprehensión” porque los medios de comunicación tanto públicos como privados no están seguros que cumplen con la ley y esto a su vez conlleva censura” según el experto Shany, que a su vez es el Relator de país asignado por el Comité para dar seguimiento al examen de Venezuela. Así, el experto israelí requirió explicaciones sobre la necesidad de “esta vigilancia tan estricta por parte de un organismo gubernamental”.
Además, le pidió a la delegación venezolana informaciones sobre las atribuciones otorgadas al Poder Ejecutivo, por la Ley Orgánica de Comunicaciones, que autoriza “a suspender las concesiones de los medios de comunicaciones por razones que se consideran contrarias al interés nacional.”
A su vez, William Castillo, director de la CONATEL, calificó las preocupaciones del experto cómo “débilmente fundamentadas, cuando no basadas en mentiras abiertas, en falsedades e interpretaciones sesgadas de la realidad venezolana”. De igual forma agregó que “nunca se habló con tanta libertad en los medios de telecomunicación” en Venezuela.
En materia de las concesiones a los medios privados, el miembro de la delegación explicó que este sistema “está establecido en la Constitución, deriva del concepto constitucional de que el espectro eléctrico es un bien de servicio y de interés público”. Así la telecomunicaciones están “bajo regulación, protección y administración del Estado” y de tal manera, la CONATEL es el “instrumento del ejecutivo del Estado venezolano” de administración, continuó.
Castillo estimó que la Ley de Responsabilidad Social “es satanizada en la prensa internacional como la ley mordaza” porque establece un sistema de regulación sobre los contenidos basado sobre el concepto de “la responsabilidad ulterior” lo cual se refiere a una prohibición de la censura pero donde existen “responsabilidades ulteriores para quien usa el espectro radioeléctrico”.
En cuanto a los casos de cierre o de bloqueo mencionado por el experto Shany, William Castillo recalcó el hecho que “no hay pruebas de que medios hayan sido cerrados por decisiones administrativas”. Según Castillo, se impuso una multa a Globovision porque usó “efectos de sonidos editados, percusiones por armas de fuego y explosiones” durante sus transmisiones, este hecho fue considerado “grave” por la autoridades venezolanas. Sin embargo, el director de la CONATEL concedió que “si hubo cierre de medios en 15 años, se cerraron dos canales de televisión (…) que fueron cerrados el 12 de abril, fueron asaltados por bandas policiales que se habían sumado al golpe de Estado”.
Sobre el caso Radio Caracas Televisión (RCTV), el cese de operación en el año 2007, se debió a un proceso de vencimiento de la concesión y de no renovación, finalizó Castillo.
El Comité presentará sus conclusiones y recomendaciones finales sobre Venezuela el próximo 24 de julio, las cuales estarán orientadas a hacer avanzar al país en la implementación del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por su parte, Venezuela deberá comparecer y dar cuenta de sus avances en su próximo examen, que de acuerdo con los plazos establecidos en el instrumento internacional, tendrá lugar dentro de cinco años.
