Organizaciones no gubernamentales denunciaron en Ginebra el indulto a Fujimori

El pasado 16 de marzo se llevó a cabo un panel de discusión en el Palacio de las Naciones sobre la impunidad en casos de graves violaciones de derechos humanos en Perú y el indulto al expresidente Alberto Fujimori, condenado en 2009 a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. El evento tuvo lugar de manera paralela al Consejo de Derechos Humanos, que se reunió este mes en Ginebra para su trigésima séptima sesión.

En el panel participó Carmen Rosa Amaro Condor, cuyo hermano, Armando Amaro Condor, fue uno de los estudiantes desaparecidos y asesinados en la masacre de La Cantuta en 1992 por el grupo paramilitar Colina, que operaba bajo el mando del exmandatario Fujimori. Amaro relató la larga lucha de ella y otras víctimas y familiares por conseguir respuestas y justicia, y describió como esto se deshizo en diciembre de 2017: “El indulto a Fujimori ha reafirmado la impunidad y ha vuelto a asesinar a nuestros familiares”, lamentó la activista.

En este contexto, Joel Jabiles, coordinador de incidencia y campañas de Amnistía Internacional Perú, abordó las consecuencias que tiene el indulto en materia de impunidad. «Nosotros consideramos que incluso un indulto concedido por razones humanitarias constituye también un incumplimiento de las obligaciones internacionales del Perú», declaró Jabiles. Además, si se llega a conceder el derecho de gracia que aún se encuentra en apelaciones en la Sala Penal Nacional, precisó el activista, este puede actuar como impedimento en otro proceso contra Fujimori por la matanza de seis campesinos de Pativilca en 1992.

El indulto a Fujimori fue concedido en diciembre de 2017—por supuestas razones humanitarias— por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien presentó su renuncia a la presidencia el 21 de marzo, un día antes de que el Congreso votara para su vacancia por permanente incapacidad moral. Las ONG han calificado el indulto de atentado contra el Estado de derecho y han denunciado una instrumentalización de los mecanismos institucionales para fines políticos y la violación del derecho de las víctimas a verdad, justicia y reparación.

Como panelista en el evento, Jorge Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, expuso que un factor determinante para lo que está sucediendo en el país es la implicación de altos cargos de Gobierno en casos de corrupción como el de Odebrecht. En las declaraciones de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, funcionarios de la empresa brasileña, han salido señalados todos los Gobiernos que han formado la transición democrática en Perú por haber recibido beneficios de la empresa.

Bracamonte también señaló que un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera filtrado hace unos días encontró que Kuczynski habría recibido en su cuenta personal 3 027 000 dólares de Marcelo Odebrecht. El panelista estimó que el indulto de Fujimori fue producto de una negociación política por parte de Kuczinsky para evitar su vacancia por hechos de corrupción. Según él, Perú viene a ser parte de las democracias de la región que han sido debilitadas y capturadas por fuerzas que buscan favorecer sus intereses particulares.

Este año, Perú ingresó como miembro al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2018-2020. Como parte de los compromisos voluntarios que asumió como candidato al Consejo, el Estado peruano reafirmó su obligación en materia de acceso a la justicia para luchar contra la impunidad y de reparación a las víctimas de la violencia ocurrida entre 1990 y 2000. Jabiles constató, finalmente, que el indulto a Fujimori contradice estos compromisos.