Por: Edgar García
Ginebra, 17 de marzo.- Brasil, Alemania y México presentarán un proyecto de resolución para ser aprobado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a través del cual buscan la designación de un Relator especial sobre el derecho a la privacidad, por un periodo inicial de tres años. Esta iniciativa, copatrocinada por Suiza, Noruega, Liechtenstein, y Austria, surge como consecuencia de las revelaciones sobre el espionaje de Estados Unidos a países aliados como Brasil y Alemania.
Según el borrador de la resolución, la principal tarea del Relator consistirá en hacer un informe sobre violaciones del derecho a la privacidad “en cualquier parte donde puedan ocurrir” en conformidad con el articulo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el articulo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de igual manera “llamar la atención del Consejo y del Alto Comisionado relativo a situaciones de grave inquietud”. Sin embargo, países como Australia, Reino Unido y Nueva-Zelanda se oponen a esta tarea prevista para el nuevo procedimiento especial..
Además, el Relator deberá colectar “informaciones pertinentes…, estudiar las tendencias, evoluciones, y desafíos en relación con el derecho a la privacidad y hacer recomendaciones para asegurar su promoción y protección” e identificar los posibles obstáculos de estos últimos. Por ultimo, el Relator tendrá que presentar un informe al Consejo y a la Asamblea General “respectivamente en la 31° sesión y la 71° sesión”, es decir, en el 2016 y en el 2017/2018.
Sobre la cuestión del derecho a la privacidad, la posición de Naciones Unidas es clara. En la resolución 69/166 aprobada por la Asamblea General el 18 de diciembre de 2014, la ONU reafirma “el derecho humano a la privacidad, según el cual nadie debe ser objeto de injerencias arbitrarias o ilícitas en su vida privada, … es importante para materializar el derecho a la libertad de expresión y de reunión… es una de las bases de una sociedad democrática”.
Adicionalmente, la Asamblea exhortó a los Estados que “respeten y protejan el derecho a la privacidad, incluso en el contexto de las comunicaciones digitales” y examinar “sus procedimientos, prácticas y legislación relativos a la vigilancia y la interceptación de las comunicaciones y la recopilación de datos personales…, con miras a afianzar el derecho a la privacidad, velando por que se dé cumplimiento pleno y efectivo de todas sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”.
Alemania, Brasil y México que impulsan la resolución han sido afectados por los hechos de espionaje perpetrados por la Agencia nacional de seguridad estadounidense (NSA por National Security Agency) en el 2013. El 29 de junio 2013 el periódico alemán Der Spiegel, basándose en documentos confidenciales transmitidos por Edward Snowden, reveló que la NSA había instalado soplones en los aparatos electrónicos de la delegación de la Unión Europea en Washington, en la ONU en Nueva York y en el edificio del Consejo de la Unión europea en Bruselas.
Además, el 24 octubre de 2013, el diario británico The Guardian informó que las lineas telefónicas de 35 dirigentes mundiales, entre otros la canciller alemana Angela Merkel, la presidenta de Brasil Dilma Rousseff y el expresidente mexicano Felipe Calderón habían sido intervenidas por la NSA.
Al momento de las revelaciones, las reacciones de la comunidad internacional llegaron sin tardanza. La presidenta Rousseff condenó los hechos, señalándolos de “inaceptables” y como un “afrenta para Brasil” en la sede de la ONU en Nueva York a finales de 2013. Por su parte, Angela Merkel había declarado que esas prácticas eran “un golpe serio a la confianza” entre dos países aliados.
El Secretario de Relaciones Exteriores de México, José Antonio Meade, convocó al embajador de Estados Unidos, Anthony Wayne, para escuchar sus explicaciones. En Europa, el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, afirmó que de confirmarse, “se trata de un escándalo inmenso … esto perjudicaría considerablemente las relaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos”.
El proyecto de resolución deberá ser presentado oficialmente al Consejo de Derechos Humanos a más tardar mañana jueves, acorde con los procedimientos internos del órgano intergubernamental. El Consejo, integrado por 47 miembros, deberá decidir sobre éste y al menos 25 proyectos de resolución más, ya sea por consenso o por votación.