La experta argentina Mónica Pinto presentó su informe anual al Consejo de Derechos Humanos y propuso que los Estados se doten de indicadores cualitativos y cuantitativos que permitan establecer la independencia del Poder Judicial.

 

Por: Juan Gasparini

 

Ginebra, 15 de junio.- La Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, la catedrática argentina Mónica Pinto, recomendó este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que los países se doten “de indicadores cualitativos y cuantitativos para promover el ejercicio de los derechos humanos”. La propuesta hace parte del primer informe anual que la jurista presenta al Consejo, luego de su entrada en funciones el 1 de agosto de 2015.

La noticia adquiere relevancia cuando ya se sabe que la Relatora quiere visitar Ecuador y Venezuela, Estados que no han respondido a solicitudes de visita formuladas desde hace tiempo por expertos de Naciones Unidas. Tales retrasos en aceptar sus misiones podrían interpretarse como un cierre de puertas “a la mirada externa” que la ONU aportaría sobre las presiones que presuntamente sufrirían en estos países los aparatos judiciales, desencadenadas por sus respectivos gobiernos.

Abogada de profesión y docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Mónica Pinto estimó que existe una “creciente demanda” de esos indicadores a nivel mundial, una suerte de “sistema universal que facilite información detallada y específica sobre la situación actual de los sistemas nacionales de justicia”, que aporte datos “sobre la independencia, la imparcialidad y el funcionamiento efectivo de sistemas judiciales determinados de manera sistemática y uniforme, para evaluarlos con arreglo a los criterios internacionales al respecto”.

“Gracias a estos indicadores la comunidad internacional dispondría de información coherente y global sobre la situación actual de los sistemas judiciales nacionales”: Mónica Pinto

De concretarse esta nueva exigencia por parte de la ONU para que los Estados elaboren, en “un contexto democrático”, normas que establezcan “compromisos con la independencia de los magistrados y abogados”, sería posible observar la evolución de los marcos sociales y políticos, detectar “restricciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales, para saber si son aceptables o no” y percibir si se “garantiza la separación de poderes”.

Por esta vía, la comunidad internacional dispondría de “información coherente y global sobre la situación actual de los sistemas judiciales nacionales”, que posibilite saber si cumplen con los estándares internacionales “en materia de independencia e imparcialidad”. De este modo se identificarían “las necesidades de reforma” y se permitiría “la adopción de medidas y acciones específicas a fin de mejorar la administración de justicia y el sistema judicial”.

En este contexto, la Relatora Pinto se comprometió a velar por la independencia de los fiscales, y a mantenerse vigilante ante “los obstáculos para el ejercicio de la profesión de los abogados”, consecuencia de “las graves violaciones que padecen”. Finalmente destacó “el papel que deberían desempeñar los colegios de abogados en la protección de la independencia de los abogados y el fortalecimiento de estado de derecho, así como en el enjuiciamiento de civiles por tribunales militares especiales, y la impunidad en casos de violaciones de los derechos humanos”.

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