Por: Diego de León Sagot
Ginebra, 20 de septiembre.– Hasta trece suman los líderes y activistas comunitarios que están en prisión, algunos a la espera de juicios y otros con condenas en su contra, por oponerse a actividades mineras e hidroeléctricas en Guatemala. María Victoria Pedro Mateo y Alba Cecilia Mérida, representantes de comunidades de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, Guatemala, denunciaron ante Naciones Unidas en Ginebra la persistente situación de persecución y criminalización a la que están siendo sometidos.
En declaraciones a Panorama, las defensoras explicaron que su visita es para “denunciar la serie continuada de violaciones de derechos humanos que atenta contra los defensores del territorio”, entre las que se incluyen violencia, hostigamiento, detenciones arbitrarias, tortura, judicialización bajo figuras delictivas falsamente imputadas, retardo y litigio maliciosos.
Alba Cecilia Mérida (izq) y María Victoria Pedro Mateo (der.). Foto cortesía de Collectif Guatemala.
Las dos representantes sostuvieron reuniones privadas con varios mecanismos de derechos humanos de la ONU, entre ellos las relatorías especiales sobre ejecuciones extrajudiciales, la situación de los defensores de los derechos humanos y el derecho a la alimentación, así como con delegados de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Su visita fue la culminación de un periplo por algunas ciudades europeas –Barcelona, Madrid, Toulouse y París, además de Ginebra–, en el que han pedido apoyos concretos para exigir la puesta en libertad inmediata de: Antonio Rogelio Velázquez López, Saúl Aurelio Méndez Muñoz, Mynor Manuel López Barrios, Arturo Pablo Juan, Sotero Adalberto Villatoro Hernández, Francisco Juan Pedro, Bernardo Ermitaño López Reyes, Rigoberto Juárez Mateo, Domingo Baltazar, Fausto Sánchez Roblero, Lorenzo Ramírez Rodríguez, Alfonso Chilel Hernández y José Mauricio López Escobar.
Existe un patrón que se repite en cada una de las capturas y en los procesos judiciales que se inician, según explica Alba Cecilia Mérida. Los líderes son detenidos, en la mayoría de casos, sin órdenes de captura, a veces por supuestos policías vestidos de civil y en carros particulares. Los acusan ante el sistema judicial de secuestro, plagio o terrorismo. Por los cargos imputados, que no permiten medidas sustitutivas, los envían a prisión preventiva, situación en la que pasan meses debido a los retardos injustificados por parte del Ministerio Público, o bien, a causa de la recurrente suspensión de audiencias decretadas por los jueces que dilatan los procesos.
Los casos más emblemáticos son los de Antonio Rogelio Velázquez López y Saúl Aurelio Méndez Muñoz, ambos de Santa Cruz Barillas, quienes ahora en septiembre están cumpliendo 36 meses de prisión y que esperan una resolución judicial en fase de apelación, luego de haber sido condenados a 33 años de privación de libertad.
“No son delincuentes, no son terroristas, ni secuestradores, no han cometido algún acto delictivo”, lamenta María Victoria Pedro Mateo. “Están encarcelados por defender ideales, principios de vida, valores, ideas que no son sólo personales, sino la expresión de todo un pueblo”, explica la defensora, quien a su vez sufrió la muerte de su padre, Daniel Pedro Mateo, asesinado en 2013 por su oposición a la actividad de las empresas hidroeléctricas en sus territorios.
En una actividad en la Universidad de Ginebra, convocadas por las organizaciones suizas Peace Watch y Km207, se distribuyeron estas postales entre los asistentes, para hacerles llegar mensajes directos a quienes guardan prisión en Guatemala.
“No solo los están encarcelando a ellos individualmente, afirma Alba Cecilia Mérida, están encarcelando a todo el pueblo –en el caso de Santa Cruz Barillas, a la etnia Q’anjob’al–, a las reivindicaciones históricas que se han llevado a cabo para ser reconocidos como sujetos políticos por parte de un Estado profundamente racista, que siempre los ha excluido y que ahora atenta no solo contra la vida individual, sino contra la vida de las comunidades”.
“Imputaciones deben dirimirse en audiencias”
Según relatan las defensoras comunitarias, tanto a nivel de los operadores de justicia como en la más alta jerarquía del Ministerio Público, la respuesta es intransigente: “usted está siendo procesado por secuestrador y eso es lo que vamos a dirimir en las audiencias”, aducen apegándose a un “debido proceso” que partió de la imputación arbitraria de figuras delictivas.
En consecuencia, tras acusaciones falsas, –de acuerdo con los propios imputados, sus familias y organizaciones no gubernamentales que los apoyan–, se desata la maquinaria de la administración de justicia, con fallas y distorsiones que aletargan y dificultan el esclarecimiento de la verdad, tales como el incumplimiento de los plazos procesales para la presentación de pruebas, la reticencia de jueces a conocer los procesos y por lo tanto se excusan, decisiones retardadas en la Corte Suprema de Justicia para nombrar a nuevos jueces, suspensiones de audiencias, entre otras.
Mientras tanto, afirman las representantes comunitarias, “el tiempo avanza… los líderes permanecen presos… todo eso provoca desesperación en las familias de los afectados y es un desgaste para los abogados”. Además lamentan que en muchas ocasiones “los fiscales prácticamente son como los abogados de la parte acusadora, tienen el mismo discurso”.
¿Qué exigen las comunidades?
De forma inmediata, exigen la absolución de Saúl Méndez y Rogelio Velásquez en razón de su inocencia. Asimismo, piden la liberación de todos los presos políticos del país y el cese de todas las órdenes de captura –58 en total–, que se han emitido contra líderes comunitarios.
Demandan una reparación económica, psicosocial y moral a favor de los líderes injustamente apresados, tanto de parte del Estado como, en el caso concreto de Santa Cruz Barillas, de la Empresa Hidro Santa Cruz. También exigen que la empresa renuncie a su presencia y al proyecto en dicha localidad, así como en otros municipios del departamento de Huehuetenango.
Por último, solicitan el respeto de los resultados de la consulta comunitaria de buena fe, celebrada en 2007 e inobservada por las autoridades de gobierno, en la que rechazaron por completo la realización de los proyectos hidroeléctricos; y que se creen las condiciones necesarias para que la población de Barillas pueda decidir colectivamente su futuro, en apego a los estándares internacionales que garantizan el derecho a la consulta a favor de los pueblos indígenas.
A la redacción de Panorama llegó un poema dedicado a los presos políticos de Huehuetenango, que reproducimos a continuación:
Ustedes
Ustedes,
Las voces
Ustedes
Los defensores de la Vida
Ustedes
La fuerza y voluntad
Ustedes
El canto del pueblo de los desposeidos
Ustedes
Los inspiradores
Ustedes
Los pájaros prohibidos
Ustedes
Que le dan vida a los derechos
Ustedes¨Corazón, alma y espíritu de lucha
Ustedes
Los constructores
Ustedes
Las ramas del árbol que inspiran a más pájaros prohibidos a volar
Ustedes y Nosotros
Hoy, exigimos
Tierra, Libertad, Respeto
y Arte
Mucho ArteAtt. Nakbé Gómez
