Por: Diego de León Sagot

 

Ginebra, 8 de diciembre.- El patrón que describen es el mismo: para desarrollar sus actividades, principalmente mineras o de generación de energía, las empresas, con el aval estatal y en algunos casos con su entera cooperación, se instalan en territorios indígenas sin previo consentimiento, provocan desplazamientos, cooptan líderes comunitarios, criminalizan a quienes se oponen, y someten a las comunidades a través de hostigamiento, persecución, confrontación y violencia.

Así lo denunciaron siete mujeres indígenas provenientes de México, Guatemala, Nicaragua, Bolivia y Brasil en el Tercer Foro de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, que tuvo lugar a inicios de diciembre en Ginebra. Este espacio convoca una vez por año a representantes estatales, empresariales, académicos y de organizaciones no gubernamentales para discutir formas de garantizar, proteger y respetar los derechos humanos en el marco de las actividades empresariales.

Durante tres días, más de mil quinientos participantes se dieron cita en la sede europea de la ONU para debatir en torno a la necesidad de avanzar en la implementación de los Principios rectores sobre empresas y derechos humanos, instrumento que contempla medidas específicas susceptibles de ser aplicadas por los Estados y las empresas, a fin de evitar violaciones o reparar a las víctimas y comunidades en caso de que ocurran.

“Es un foro relevante para los indígenas del mundo”, indicó Bettina Cruz Velásquez, indígena binizá de Oaxaca, México, en declaraciones a Panorama Diplomático; no obstante, lamentó que las discusiones sean de carácter global sin tomar en consideración a los que están directamente afectados.

 

Problemáticas comunes a partir de casos particulares
“Las empresas están llegando a nuestra región provocando despojos, engaños y desplazamiento de comunidades… utilizando la criminalización y generando conflictos intra e intercomunitarios y al confrontarnos y dividirnos, lo que buscan es desaparecernos”, explicó Cruz Velásquez. Según da cuenta la defensora, quien por su oposición a proyectos de energía aeólica ha sufrido amenazas y hostigamiento, empresas de origen danés, francés e italiano, entre otras, dedicadas a la producción de este tipo de energía, se han instalado en la región de Oaxaca sin el consentimiento de los pueblos ahí asentados.

Angélica Choc, indígena q’eqchi’ de Guatemala, aseguró que en su país “el problema son las empresas multinacionales, no las leyes, que sí existen pero no se cumplen”. Relató que en el caso de Guatemala las comunidades indígenas están siendo “invadidas” por empresas que se instalan “ocupando nuestras tierras y desalojándonos de manera forzada”.

Por su parte, Angélica Sarzuri, proveniente de Bolivia, indicó que a pesar de que el Presidente es indígena, “tenemos un gobierno que es aliado de las empresas… es el mismo gobierno el que las defiende”. La representante de la organización indígena CONAMAQ deploró el hecho que el presidente Evo Morales haya dado prioridad a la aprobación de la Ley de minería, que entró en vigencia en mayo de este año, antes que la promulgación de una ley de consulta a favor de los pueblos indígenas.

 

“Ya no se trata sólo de consulta, sino de nuestro consentimiento”
El elemento común de denuncia es la falta de aplicación del derecho a la consulta garantizado en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Este mecanismo, acorde con los estándares internacionales, debe estar orientado a obtener el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas, antes de que se implementen proyectos o decisiones que les afecte de manera directa.

Flor Bans, indígena miskita de la Costa Atlántica de Nicaragua, aseguró que el proyecto de construcción de un canal interoceánico en el país centroamericano, que impulsa el actual gobierno del presidente Daniel Ortega, constituye una violación al derecho de consulta que les asiste a los pueblos indígenas. La defensora aseguró que durante toda la fase de planificación de dicho proyecto, “las comunidades nunca fueron informadas”, a pesar que Nicaragua ratificó el Convenio 169 en 2010.

“No estamos exigiendo algo que está fuera de convenios, sino derechos que están ratificados por los Estados, pero que no se están respetando”, indicó Hermelinda Simón, indígena k’anjobal (Guatemala). “No nos estamos oponiendo al desarrollo, sino al hecho de que éste sea sólo de beneficio para las empresas”, dijo respecto de las acusaciones que versan sobre los pueblos indígenas y su rechazo a estos proyectos de extracción y aprovechamiento de recursos naturales.

Recordó que en Guatemala se han llevado a cabo consultas comunitarias, basadas en las formas y tradiciones de los pueblos indígenas, pero “el Estado no las ve como válidas, no las considera vinculantes… lamentablemente no ha habido voluntad de aceptar esos mecanismos”.

Por último, Renata Castelao, líder guaraní de Mato Grosso do Sul, Brasil, consideró que el Foro sobre empresas y derechos humanos es un espacio importante para ejercer presión sobre los gobiernos respecto de la actividad nociva de las empresas para los derechos humanos. En el caso de Brasil, indicó, muchos de los problemas que afrontan las comunidades indígenas se debe a la creciente expansión de grandes represas y del monocultivo a favor de la agroindustria, particularmente de la soja, el arroz, la caña de azúcar y el eucalipto.