Por: Gabriela Sotomayor
Ginebra 28 Nov.- El Comité contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas manifestó estar consternado por el patrón de ejecuciones extrajudiciales que tienen lugar en el país a manos de grupos policiales o para-policiales y le instó a «poner término a estos crímenes» y cumplir plenamente con sus obligaciones internacionales.
«El Comité muestra su consternación ante informaciones que denuncian el extendido patrón de ejecuciones extrajudiciales por parte de grupos policiales o para-policiales», afirmó el CAT en un documento en el que dio a conocer sus conclusiones sobre la revisión de Venezuela en cuanto a su cumplimiento de la Convención contra la Tortura.
El CAT que sesiona en Ginebra, observó que «según las respuestas a la lista de cuestiones expresadas durante el examen celebrado los días 6 y 7 de noviembre, en 2012 se produjeron 667 homicidios por parte de agentes del orden y 600 en 2013». Sin embargo señala que «algunas de las ejecuciones denunciadas se habrían producido pese a existir medidas de protección a favor de las víctimas, como en el caso de 8 de las 10 muertes de miembros de la familia Barrios».
«El Estado parte debe tomar medidas urgentes para poner término a estos crímenes y cumplir plenamente con su obligación de asegurar que las ejecuciones extrajudiciales sean investigadas de manera pronta, exhaustiva e imparcial y que los presuntos autores sean enjuiciados y, si se comprueba su culpabilidad, sean debidamente sancionados», urgió el CAT.
Asimismo, el CAT emitió recomendaciones en cuanto al uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones, por lo que le llamó a intensificar la formación continua de los agentes de las fuerzas del orden «sobre la prohibición absoluta de la tortura y sobre las normas internacionales y responsabilidad relativas al uso excesivo de la fuerza».
El Comité formado por 10 expertos de diferentes regiones del mundo, urgió al gobierno de Caracas asegurar que los órganos que se ocupan del mantenimiento de la seguridad ciudadana sean de carácter civil, tal y como prevé el artículo 332 de la Constitución del Estado parte, y modificar las disposiciones legales, normativas y los planes que autoricen la participación militar en el mantenimiento del orden público.
Por otra parte el CAT expresó su preocupación «por informaciones según las cuales se produjeron 259 agresiones, amenazas, intimidaciones y hostigamientos contra periodistas entre enero y abril de 2014». Asimismo, «preocupa seriamente al Comité el elevado número de ataques, e intimidaciones a defensores de derechos humanos que permanecen impunes».
En este sentido el grupo de expertos de la ONU exhortó al Estado parte a «abstenerse de descalificar la labor de los defensores de derechos humanos y a reconocer públicamente el papel esencial de vigilancia que éstos y los periodistas desempeñan en la observancia de las obligaciones que emanan de la Convención, y le urgió a ofrecerles protección e investigar exhaustivamente los delitos cometidos contra ellos.
En cuanto a los presos políticos, el CAT recordó al gobierno de Nicolás Maduro la decisión del Grupo de Trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias y le instó a que «se libere inmediatamente a Leopoldo López y Daniel Ceballos, y a todos aquéllos que hayan sido detenidos arbitrariamente por ejercer su derecho a expresarse y protestar pacíficamente».
Sobre las detenciones arbitrarias de líderes de oposición al gobierno de Maduro, Panorama Diplomático cuestionó a Jens Modvig, relator para el informe venezolano y miembro del CAT sobre las recientes amenazas de imputar a Corina Machado por estar involucrada en una conspiración para eliminar al presidente venezolano. «Si alguien es acusado de intentar asesinar al Presidente de Venezuela, me preocuparía si va a tener acceso a todas las salvaguardas legales a las que tiene derecho», respondió Modvig.
Finalmente, el Comité se mostró «seriamente preocupado ante la falta de independencia del poder Judicial respecto del poder Ejecutivo, evidenciada por el caso de la jueza María Lourdes Afiuni». «A pesar de ser éste un crimen de acción pública, el Comité lamenta que no se haya iniciado investigación de oficio hasta la fecha. El Comité observa, asimismo, con preocupación que no se garantiza la estabilidad de los jueces en sus funciones, toda vez que el 62 % de los jueces son provisionales, de libre nombramiento y remoción», agrega el documento.
«Preocupa al Comité que el procesamiento de la jueza Afiuni, así como las destituciones de jueces provisionales presuntamente por haber adoptado decisiones desfavorables para el gobierno, hayan impactado negativamente en la independencia de los demás jueces, socavando las garantías de un Estado de Derecho necesarias para la protección eficaz contra la tortura», valoró el Comité de la ONU.
