Por: Diego de León Sagot

 

Ginebra, 14 de enero.– Diez años transcurrieron desde la última ocasión en la que Perú compareció en Naciones Unidas ante el Comité de los Derechos del Niño. Hoy, una delegación del Estado, encabezada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aldo Vásquez Ríos, sometió a consideración del órgano especializado las normativas y políticas que ha implementado en atención a sus obligaciones internacionales para garantizar y proteger los derechos de la niñez y la adolescencia en su territorio.

«La principal orientación del Gobierno del Presidente Ollanta Humala ha sido y es acercar el Estado a los ciudadanos, reducir las brechas de desigualdad e integrar al país», indicó el Ministro de Justicia y Derechos Humanos en su alocución inicial ante los dieciocho expertos que integran el Comité. «Esto significa, agregó, que el ciudadano es el centro de las preocupaciones del Estado y especialmente los niños, niñas y adolescentes. Este es el sentido de nuestra presencia hoy ante este Comité», indicó.

 

 

Los expertos reconocieron que desde 2006 –año en que Perú rindió su último examen– a la fecha ha habido importantes cambios en el país: un crecimiento económico sostenido, poca inflación, una situación política que se ha estabilizado y un conflicto armado que ahora queda como «un mal recuerdo», en palabras del experto español Jorge Cardona Llorens. «Pero no estamos aquí para alabar todo lo que hacen bien, ni tampoco para juzgarles, sino para mostrarles los puntos en los que Perú puede seguir avanzando en materia de protección de los derechos del niño y para ello formularemos recomendaciones», añadió.

«Ahora son un país de renta media y eso conlleva tener más obligaciones», alertó a la delegación peruana Sara Oviedo Fierro, experta de origen ecuatoriano, al señalar que dada esa condición se necesita garantizar una serie de derechos que, antes, quizá por las condiciones del Estado, no se podían remarcar.

Entre los principales motivos de preocupación del Comité, los expertos resaltaron problemas relativos a la legislación, tales como la vigencia de la ley contra la mendicidad, cuya abolición había sido recomendada por el Comité en 2006 y que afecta de manera directa a niños y niñas que viven en tales condiciones, así como la tipificación del delito de pandillaje peligroso en el código penal peruano.

De igual manera, el Comité señaló la débil institucionalidad encargada de la niñez, así como la escasa asignación de recursos y recortes presupuestarios a nivel de la administración pública. En opinión de Cardona Llorens, «sin recursos no hay derechos» y por lo tanto inquirió sobre las medidas que el Estado peruano ha previsto para garantizar que no se retroceda en el gasto social y para que los eventuales recortes presupuestarios no afecten a los niños. En el mismo sentido, el experto español solicitó información sobre las acciones concretas que se están adoptando para luchar contra la corrupción y evitar que ésta impacte en la niñez.

Por su parte, Oviedo Fierro indicó que el hecho de contar con una Dirección General de Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no es suficiente para priorizar la situación de la infancia, por lo que sería recomendable elevar la institución al rango de viceministerio. La experta ecuatoriana cuestionó los motivos por los que las Defensorías del Niño, mecanismo de protección dedicado específicamente a atender a la niñez en situación de riesgo, no ha logrado cobertura en todo el territorio nacional.

 

 

Otro motivo de preocupación es la violencia persistente contra la niñez, particularmente las agresiones sexuales que tienen lugar en los hogares, así como los abortos ilegales y la prohibición de proveer anticonceptivos orales para víctimas de violaciones sexuales. Según información provista por el propio Estado, más del 30 % de embarazos en niñas son producto de la violencia sexual.

 

Escuche la preguntas formuladas por la experta italiana Maria Rita Parsi, respecto a la violencia contra la niñez y las preocupaciones del Comité.

 

«Las inquietudes que han sido formuladas son acogidas en el mismo espíritu que han sido planteadas: en el mayor interés de contribuir por cierto a mejorar y perfeccionar los procesos mediante los cuales se aplican en el Perú los criterios relativos a la Convención de los Derechos del Niño», indicó el jefe de la delegación tras una ronda inicial de preguntas formuladas por los expertos.

En su respuesta, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos informó que el Código del niño y el adolescente se encuentra en proceso de revisión y reformulación en el Congreso de la República. «Estamos en la última fase previa a la aprobación de un nuevo Código», adelantó el funcionario.

El examen a Perú ante el Comité continuará mañana viernes 14 de enero durante tres horas en las que la delegación podrá ampliar sus respuestas. Por su parte, los expertos tendrán posibilidad de formular nuevas preguntas y al cierre de la sesión emitirán sus observaciones preliminares respecto del cumplimiento que ha hecho el país suramericano de las disposiciones contenidas en la Convención de los Derechos del Niño.