Por: Mélanie Belfiore

 

Ginebra, 22 de septiembre.- Esta pregunta podría sintetizar la discusión que tuvo lugar durante el examen de Brasil ante el Comité de los Derechos del Niño, llevado a cabo ayer y hoy en Ginebra. Los homicidios y la violencia sexual fueron temas destacados a lo largo de los dos días de reuniones.

Los 18 expertos que conforman el Comité están encargados de velar por la observancia de lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Brasil en 1990. Por esta razón, formularon preguntas y pidieron aclaraciones al Estado sobre las medidas emprendidas y previstas para su aplicación.

La delegación brasileña reconoció desde un principio que “el problema de los homicidios es crítico en Brasil” y sobre todo entre los niños y adolescentes negros, puesto que están “cuatro veces más [expuestos a ser] víctimas de armas de fuego que los niños blancos”. Por esto, la experta marroquí Hynd Ayoubi Idrissi, una de las relatoras para Brasil del Comité, preguntó a la delegación por las medidas de prevención que se están llevando a cabo en la materia.

La experta también se mostró preocupada por la propuesta de ley, tramitada en el Congreso, que pretende “rebajar la mayoría de edad penal” a los 16 años con el fin de luchar contra la violencia juvenil. Alexey Dodsworth Magnavita, consejero del Ministerio de la Educación, y el parlamentario Darcísio Perondi afirmaron que el gobierno sabe que toda disminución de la edad de responsabilidad penal no va a reducir la violencia en el país y que, por lo tanto, está luchando contra esta ley con la ayuda de la sociedad civil, los jueces y la Defensoría del Pueblo.

Rodrigo Torres, secretario adjunto para la Promoción de los Derechos del Niño y el Adolescente, agregó que el Estado es consciente de que los adolescentes implicados en la criminalidad han “acumulado la violencia, que ellos [han] sido víctimas [y que sufren] un contexto violento”. El funcionario explicó que para combatir el homicidio es necesario luchar contra el “contexto de violencia” en el que viven las poblaciones desfavorecidas.

Los diferentes representantes brasileños aseguraron que, en paralelo al Pacto Nacional para la Reducción del Homicidio, aprobado en 2015, se desarrolla una estrategia “intersectorial” que contempla la puesta en marcha de medidas socioeducativas y que busca mejorar el acceso a los servicios públicos por parte de estos sectores de la población.

El consejero del Ministerio de Desarrollo Social y Lucha contra el Hambre, Francisco Brito, insistió en la necesidad de implementar un ingreso mínimo universal para desincentivar a las personas desfavorecidas de la delincuencia.

Por su parte, la otra relatora para Brasil del Comité, la experta ecuatoriana Sara de Jesús Oviedo, preguntó por las políticas para prevenir y reparar a las víctimas de la violencia sexual sufrida por los niños y, sobre todo, niñas, tanto en el ámbito doméstico y turístico como en lo que se refiere a la trata de seres humanos.

La consejera de la Secretaría de los Derechos Humanos de la Presidencia, Heloiza Egas, contestó que el gobierno está preparando una campaña de prevención y concientización al respecto. La funcionaria destacó además la línea telefónica de denuncia que está disponible y que ya registró más de 100 000 denuncias, en su mayoría de abusos sexuales.

Adicionalmente, Egas mencionó un programa desarrollado para regiones con características específicas, por ejemplo para las zonas de frontera, de grandes infraestructuras o de vocación turística y otros puntos vulnerables para la explotación sexual.

En cuanto a la reparación y las sanciones, Heloiza Egas se refirió a las medidas que facilitan el enjuiciamiento por violaciones sexuales contra menores: la modificación del plazo de prescripción, que comienza a transcurrir solo a partir de los 18 años, y la persecución automática de los delitos cometidos contra menores de 14 años.

Finalmente, Sara de Jesús Oviedo concluyó la sesión abordando la temática de la violencia general en Brasil, así como la situación de estos niños y jóvenes desfavorecidos y “sin futuro”, en favor de los cuales pidió avances concretos.

El próximo 2 de octubre, el Comité publicará sus observaciones finales y recomendaciones al Estado brasileño, el cual tendrá que presentar un informe en el que detalle las medidas tomadas para la implementación de dichas recomendaciones.