Calamidad en ruta migratoria desde Honduras precisa de una respuesta internacional

Por: Ana Fondo

 

Ginebra, 22 de septiembre.– “Solo pedimos justicia a las autoridades, que esto no se olvide… deben respetarse los derechos de los migrantes, porque nuestros familiares no eran delincuentes, solo buscaban una nueva oportunidad”. Norma Suazo, integrante del Comité de Familiares de Migrantes desaparecidos en Honduras, perdió a su hijo menor hace tres años cuando éste cruzaba la ruta migratoria en dirección a Estados Unidos.

Como ella, decenas de familias piden respuesta ante las violaciones de derechos humanos que tienen lugar en el fatídico recorrido al norte, donde cada año miles de hombres y mujeres sufren violencia, tortura, violaciones sexuales, desapariciones forzadas y todo tipo de atrocidades y vejámenes, en su búsqueda hacia una supuesta mejor vida.

Las organizaciones no gubernamentales y eclesiásticas que se encuentran cercanas a la ruta migratoria son las únicas instituciones que intentan ayudar a estas personas, quienes no tienen otra opción para seguir viviendo que salir del país.

Los países que integran el denominado Triángulo Norte de Centroamérica –Guatemala, Honduras y El Salvador–, atraviesan por unas de las crisis de inseguridad más severas de su historia, provocadas por fenómenos como la criminalidad organizada, principalmente el narcotráfico y la trata de personas, las maras o pandillas juveniles y la delincuencia común.

Sin duda alguna, la inseguridad constituye una de las principales causas que empuja a decenas de miles personas a abandonar sus lugares de habitación. Honduras, por ejemplo, es el país que registra la mayor tasa de homicidios en el mundo, que alcanza 103,9 muertes violentas por cada 100 mil habitantes. Esta cifra es descomunal si se toma en consideración que el promedio mundial es de 6 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Con el fin de visibilizar el problema complejo de la migración y aportar a la búsqueda de soluciones, una delegación de organizaciones que trabajan en la región se desplazó a la sede de Naciones Unidas, en Ginebra, para dar a conocer, en el marco de la trigésima sesión del Consejo de Derechos Humanos, los principales hallazgos de una misión de verificación que estas organizaciones convocaron para analizar a profundidad las causas y efectos de la migración en Honduras

Esta misión tuvo lugar del 13 al 17 de julio del 2015 y estuvo conformada por los expertos Lisa Haugaard, Amalia D. Garcia Medina, Marcela Ceballos Median, Monseñor Álvaro Ramazzini, la hermana Leticia Gutiérrez, el padre Juan Carbajal y Patricia Montes.

Panorama tuvo la ocasión de dialogar con los representantes de las organizaciones que viajaron a Ginebra y explorar algunas de sus principales preocupaciones.

Búsqueda de oportunidades

Para los miles de hondureños que se marchan de su país “emigrar no es una elección, es un ‘tengo que salir o si no me matan’”, afirmó Juan Carbajal, secretario ejecutivo de la Pastoral de Movilidad Humana, de la Conferencia Episcopal de Guatemala.

Aunque la hermana Lidia Mara, representante de la Coordinadora Nacional de Movilidad Humana- plataforma hondureña que vela por la situación de los migrantes, principalmente de los que retornan-, acota que la inseguridad alimentaria también es una de las causales de la migración, en la medida en que el 75% de la población en Honduras está afectada por este flagelo.

Los desplazamientos, por consiguiente, tienen rostro de miedo, pobreza y hambre. Según explica Mara, esta situación de vulnerabilidad se agrava por la precariedad de los empleos, los sueldos miserables y la falta de oportunidades.

“Son países –en referencia al Triángulo Norte– que no garantizan el cubrimiento de los derechos básicos –alimentación, vivienda, salud, trabajo, derecho a la familia–, son padres y madres que salen del país para supuestamente garantizar una vida libre a su familia y luego los hijos intentan escapar igualmente porque no pueden vivir sin recursos”, lamentó la hermana.

Ante esta situación, miles de hondureños, al igual que guatemaltecos y salvadoreños, abandonan sus hogares para buscar soluciones, ya sea dentro del propio territorio, o en muchos casos fuera de sus fronteras. Durante su trayecto a un supuesto país de oportunidades, como se piensa en Estados Unidos, se enfrentan a múltiples riesgos y sufren todo tipo de vejámenes.

“Muchos de ellos son secuestrados o capturados por grupos violentos (crimen organizado), las mujeres son violadas al menos una vez durante el camino, un alto número de migrantes desaparece, y otros tantos sufren mutilaciones en su intento de subirse a un tren que les permitirá escapar”, relató Mayra Alarcón, directora de Consejería en Proyectos (Project Councelling Service –PCS) para Centroamérica y México, una de las organizaciones regionales convocantes de la misión de verificación que visitó Honduras.

La ruta hacia el norte

No se conocen cifras oficiales, ni el número exacto de desparecidos durante el trayecto hacia México y Estados Unidos. “No hay mecanismos de recepción de quejas o denuncias de desaparecidos, ni tampoco de búsqueda, sobre todo en México”, explica Lidia Mara al hacer énfasis en la magnitud insospechada del tránsito ilegal. Solo existen esfuerzos de organizaciones a lo largo de la ruta, también en México, que han venido a echar una mano a las madres centroamericanas”, explica la religiosa de origen brasileño que trabaja en Honduras.

Las denominadas casas de los migrantes, que operan en Guatemala y en algunos puntos estratégicos del territorio mexicano, sobre todo fronterizos, son las pocas instituciones que proveen información sobre el flujo migratorio, y también quienes registran muchos de los abusos a los que son sometidos durante el recorrido.

La política institucional frente al fenómeno ha sido la represión. A lo largo del trayecto las autoridades fronterizas y las fuerzas de seguridad reprimen de múltiples formas el paso por los países. Y a pesar de todas las calamidades a las que se enfrentan, quienes consiguen llegar a su destino corren el riesgo de ser devueltos rápidamente a su país una vez que son descubiertos.

“Los peores son los que regresan de México”, explicó Lidia Mara, al recordar que por año la cifra de deportaciones asciende a cinco mil personas. “Se enfrentan a una falta de protección total… las autoridades del gobierno saben sobre este problema, la cooperación internacional ha intentado algo pero no se ha logrado detenerlo, nadie hace nada para evitarlo”, añadió.

“Honduras es el país de Centroamérica que más deportaciones recibe, y en peores condiciones. Hasta un 85 % de las personas en los albergues de México son hondureños”, lamentó la hermana Mara.

Otro aspecto problemático que se suma a los vejámenes, es la negativa de las autoridades a considerar la migración desde la perspectiva de refugio a causa de la violencia. “Hay reticencia a otorgar la condición de refugiado a personas hondureñas que dicen abiertamente que están siendo perseguidas, o tienen temor fundado de volver al país… no se entiende por parte de las autoridades o no se quieren atender los casos”, enfatizó Sergio Blanco, delegado de PCS que sigue la problemática de la migración.

El círculo de calamidades se cierra cuando los migrantes son deportados a sus países de origen. Los problemas que originaron su partida siguen presentes, la vida no ha cambiado para ellos. Es más, regresan a una situación aún más adversa, puesto que para salir han tenido que vender sus pertenencias o endeudarse y lo han perdido todo. También retornan, en muchos casos, con traumas físicos y psicológicos. Sin embargo “no existen programas de reinserción y de protección a los migrantes que retornan… Honduras no tiene ni un solo centro de protección a personas desplazadas”, relató afligida la hermana Lidia Mara.

Es un problema real, no cifras

Centenares de familias pierden a sus seres queridos año tras año. Una de ellas es Norma Suazo, integrante del Comité de Familias de migrantes desaparecidos y madre hondureña, que perdió a su hijo menor, Fabricio Anael Suazo, en una masacre donde fueron asesinadas 49 personas la madrugada del 13 de mayo de 2012 en el municipio de Caderayta, Nuevo León, México. Los cuerpos, en su mayoría, estaban mutilados y mostraban señales de tortura.

El proceso de identificación de los cadáveres tuvo que llevarse a cabo en Ciudad de México, de manera lenta y tortuosa. La familia Suazo pudo recuperar los restos de Fabricio 27 meses después y darle sepultura en su país. “Fue un largo proceso porque tuvieron que exhumar los cadáveres y traerlos hasta su lugar de origen”, relató la madre.

Con las palabras más sinceras de alguien que clama respuestas, nos explicó: “Mi hijo se fue con el objetivo de darme a mí una mejor vida en mis últimos años, pero no lo logró, por eso yo ahora pido justicia y que se castiguen a las personas. Necesito saber un porqué y quién hizo esto.”

A pesar de todo ello, esta familia fue afortunada al poder recuperar el cadáver de su hijo, si cabe la expresión. Muchas otras ni siquiera saben si sus familiares fueron asesinados o si simplemente permanecen en paradero desconocido. No existen mecanismos de búsqueda por parte de las instituciones nacionales para localizar a los desaparecidos; de hecho, no hay bases de datos unificadas entre los países que conforman la ruta migratoria para registrar con solidez el paso de los ciudadanos que transitan hacia el norte.

De acuerdo con las organizaciones no gubernamentales, es urgente buscar una solución al fenómeno migratorio creciente, pero desde un enfoque distinto al de la represión, la militarización, la captura y el retorno.

Parte importante en la búsqueda de soluciones es visibilizar la magnitud del problema. “Vinimos a Ginebra a compartir todo lo que hemos averiguado a raíz de este informe, para que no se olvide que hay grandes violaciones de los derechos humanos en el Triángulo Norte de Centroamérica”, justificó Juan Luis Carbajal.

“Allí también hay refugiados aunque no lo quieran ver”, afirmó el sacerdote en clara alusión a la concentración de la atención mundial en el fenómeno migratorio proveniente de países como Siria, cuyo flujo ha empezado a tocar las puertas de Europa de manera insistente.

Se necesita “colocar este tema en el debate internacional, ante lo que está ocurriendo en la ruta migratoria… son graves las violaciones a los derechos humanos vividas por los migrantes, la situación de desplazamiento forzado y la obligación de los Estados de la región debe ser constante para garantizar la protección de estos derechos”, señaló Mayra Alarcón.

Uno de los hallazgos principales de la misión de verificación tras su visita a Honduras “es la ausencia de mecanismos y capacidades de identificar a los individuos que necesitan asilo, de informarlos adecuadamente, y también una falta de acceso al derecho de protección internacional”, explicó Sergio Blanco.

“Se habla de los planes para erradicar o reducir la migración ilegal y todos responden con el cierre o militarización de las fronteras, con un enfoque de seguridad: más patrullas, más control, más bordes… esto no ayuda”, reiteró Carbajal con una expresión de desolación y preocupación en su rostro.

En Honduras existe una ley de protección a migrantes y sus familias, la cual provee un fondo para la asistencia, pero, según afirma la hermana Mara, “hasta el momento no se está haciendo efectiva esta garantía y la preocupación persiste porque las causas (de la migración) están, pero no se ven ninguna intervención por parte del gobierno para erradicarlas”. “No hay derecho a la falta de acción de los gobiernos, tanto el hondureño como el mexicano”.

Medidas urgentes

La delegación que viajó a Ginebra se reunió con un conjunto de mecanismos y procedimientos de derechos humanos de la ONU, y con otros organismos internacionales, como el Comité Internacional de la Cruz Roja o el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) con el fin de presentar los principales hallazgos y recomendaciones de la misión internacional que llevaron a cabo.

Con carácter prioritario solicitaron la creación de un mecanismo transnacional regional que involucre a los gobiernos de México y Centroamérica, para la localización, búsqueda y repatriación de los migrantes desaparecidos.

También insistieron en la urgente necesidad de que se agilicen los trámites para que se instale en Honduras una sede de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), proceso que está en marcha “tras una larga espera”. “No deben olvidar la promesa de la creación de una Oficina, que incluya en su plan de trabajo documentar los casos de desplazamiento y migraciones forzadas, y brindar asistencia técnica a las entidades gubernamentales para facilitar el proceso”, afirmó Mayra Alarcón.

Además pidieron una mayor presencia de ACNUR en la región centroamericana y en México. “Se necesitan más puestos temporales para la asistencia y aumentar en número de personal”, indicaron.

Al Estado hondureño, en concreto, le solicitaron implementar políticas para enfrentar las condiciones de pobreza, ampliar y fortalecer el trabajo de la red consular en el extranjero, mediante asignación de recursos financieros, y mejorar los programas de atención a la niñez.

Por otro último, en el informe que elaboraron insisten en la necesaria cooperación de Estados Unidos, México y todos los gobiernos de la región para que se cree un mecanismo de protección internacional para la población migrante.

Compartimos con ustedes una serie de vídeos sobre la misión de verificación y el fenómeno complejo de la migración desde Honduras.