Por: Carmen Lucía Castaño

 

Ginebra, 20 de mayo.- El experto del Comité sobre Derechos del Niño (CRC), Wanderlino Nogueira Neto, le dijo hoy a la delegación hondureña que los derechos de los niños deben garantizarse y protegerse a través de políticas integrales y no con acciones caritativas de las instituciones públicas, como sería el caso en Honduras. “Los niños no son sujetos de caridad, que es el enfoque institucional que se les ha dado: deben ser tratados con políticas que busquen darles educación, salud, recreación y posibilidades de crecer en un entorno favorable”, afirmó.

La delegada hondureña Karla Cueva, subsecretaria de Estado en el Despacho de Derechos Humanos y Justicia, respondió que para evitar caer en el asistencialismo, todas las políticas dirigidas a los niños y adolescentes están sustentadas en tres pilares: prevención, protección e inclusión social.

Las declaraciones se hicieron en el marco de la presentación del informe del Estado hondureño ante este órgano de las Naciones Unidas, conformado por 18 expertos de diferentes nacionalidades, que tiene como función velar por la observancia y aplicación de las disposiciones de la Convención sobre Derechos del Niño, firmada y ratificada por Honduras en 1990.

Durante el diálogo que tiene lugar en el examen, la experta ecuatoriana Sara Oviedo indagó por las medidas emprendidas por el Estado para prevenir la vinculación de jóvenes en las llamadas maras. Para responder, retomó la palabra la subsecretaria Cueva quien afirmó que el Estado hondureño le apunta a la articulación de políticas para tener una incidencia real en el fenómeno.

Se refirió específicamente a un plan nacional para exintegrantes de las maras que debe ser aplicado en armonía con la política de convivencia y seguridad ciudadana. Destacó también la creación, en 2014, de programas de promoción del aprovechamiento del tiempo libre dirigidos a jóvenes potencialmente expuestos a ser reclutados por estos grupos delincuenciales.

En el mismo sentido, destacó la participación de USAID, la agencia de cooperación para el desarrollo de los Estados Unidos, en la puesta en marcha de centros lúdicos ubicados en los barrios más expuestos a la acción de las maras. También, a propósito de la cooperación de Estados Unidos en estos asuntos, Marlene Alvarenga, de la secretaría de la Comisión de la Familia, resaltó la alianza de la policía hondureña y la embajada norteamericana en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Este programa, indicó, ha permitido la capacitación de niños para la prevención del reclutamiento y pretende expandirse a cuatro ciudades más.

Por otra parte, el experto venezolano José Ángel Rodríguez pidió a la delegación explicar las medidas implementadas para reducir la violencia en las escuelas. La diputada hondureña Diana Patricia Urbina respondió que acaba de ser aprobada una ley contra el acoso escolar que tiene por objeto “prevenir, investigar y sancionar toda violación a los derechos de los niños”. Agregó que en el Congreso se estudia otra ley sobre regulación y tenencia de armas que, de aprobarse, aumentará las penas para quien venda armas a menores de edad.

El experto español Jorge Cardona expresó, a su vez, su preocupación por la constante exposición de los niños hondureños a la violencia y a la presentación de narcotraficantes como referentes de prosperidad. Para ilustrarlo, se refirió a las telenovelas que actualmente se emiten en Honduras en las que miembros de carteles se exhiben como personas exitosas con carros a la moda. Al respecto, la diputada Urbina le respondió que el Congreso Nacional estudia la regulación de los horarios en los que son transmitidos este tipo de programas para evitar que los niños los vean.

El diálogo entre los expertos y la delegación hondureña continuará mañana a partir de las 10:00 am hora local de Ginebra, cuando se celebrará la segunda jornada de su evaluación ante el CRC.