El informe de comunicaciones de los procedimientos especiales merece un espacio en la agenda del Consejo de Derechos Humanos. La participación de las víctimas en el debate daría una señal inequívoca de transparencia a la sociedad y a la comunidad internacional.

 

Por: Ramón Muñoz Castro

 

Ramón Muñoz

Las comunicaciones enviadas a los Estados por los relatores y grupos de trabajo del Consejo de Derechos Humanos son las herramientas con las que estos expertos, llamados procedimientos especiales, responden a las víctimas que solicitan su acción inmediata. Para muchos, este medio es el único canal de comunicación con el sistema internacional de derechos humanos.

Aun cuando la reacción de los procedimientos ante las demandas de las víctimas no es tan rápida como debería, pues su publicación toma en promedio tres meses, una comunicación oportunamente enviada a un Estado es capaz de evitar que se cometan mayores violaciones y puede, incluso, salvar vidas: se trata de proteger a personas que enfrentan situaciones urgentes y que requieren la atención inmediata y efectiva que no han recibido por parte del Estado.

Los relatores y grupos de trabajo del Consejo, conscientes de la importancia de este mecanismo, impulsaron la elaboración del informe de comunicaciones: un documento publicado cada cuatro meses, que contiene las comunicaciones enviadas en ese periodo por los procedimientos especiales y que debe servir, a partir de 2010, como insumo para el Examen Periódico Universal.

Seis años han pasado desde entonces y el informe es efectivamente puesto a disposición de los Estados en cada una de las tres sesiones anuales del Consejo de Derechos Humanos, pero no es objeto de debate o discusión en el seno del mismo, por lo que, para la mayoría de los actores involucrados, puede pasar desapercibido.

La pregunta que es necesario hacerse es la siguiente: ¿qué utilidad tiene este informe, para las víctimas y los Estados, si no es analizado y discutido en el órgano encargado de promover y proteger los derechos humanos en el mundo?

Debatir el informe en el Consejo, otorgándole un espacio en la agenda de temas de discusión, daría a los Estados y a las víctimas la oportunidad de evaluar de manera conjunta la voluntad de colaboración con los procedimientos especiales y su empatía hacia las víctimas, que acuden en búsqueda de protección, por medio de herramientas que han sido creadas para darles acceso y visibilidad.

Un análisis del informe permitiría observar los cambios o mejorías necesarios para agilizar y garantizar el acceso al sistema de comunicaciones de los procedimientos especiales en aquellos países con una muy baja tasa de comunicaciones recibidas o de respuestas ofrecidas.

Abrir la discusión sobre el informe de comunicaciones en las sesiones del Consejo ofrecería un espacio a las víctimas de violaciones de los derechos humanos, quienes deberían ser el centro de los debates de este órgano intergubernamental.

El debate sobre el informe permitiría analizar la voluntad de colaboración de los Estados con el sistema de procedimientos desde varias aristas, por ejemplo: el porcentaje de respuestas que cada Estado da a las comunicaciones enviadas; la cercanía de los procedimientos con las diferentes regiones o países; la tasa de utilización de los procedimientos por parte de las víctimas, o los procedimientos más o menos reactivos a la acción de la sociedad civil y que es necesario impulsar para que logren mayor interacción con las víctimas y los Estados.

Con base en cifras y estadísticas, algunos casos de violaciones de derechos humanos se podrían considerar de manera global teniendo en consideración el conjunto de informes presentados al Consejo.

También sería la ocasión de observar los fenómenos de violación más recurrentes en las denuncias por fecha, región y país, es decir, la foto de un momento determinado que permitiría, con la colaboración de Consejo de Derechos Humanos, poner en marcha acciones o políticas a corto o mediano plazo, así como la pertinencia de las comunicaciones enviadas y su impacto sobre las situaciones particulares denunciadas, desde el punto de vista de los correctivos puestos en marcha por el Estado y desde la perspectiva de las víctimas.

Estudiar y discutir las comunicaciones de los procedimientos haría posible la caracterización de los fenómenos de violación en curso, lo que permitiría lanzar señales de alerta en casos particulares o en proceso de gestación.

Permitir que este análisis tenga lugar en el marco de un diálogo interactivo ofrecería a las víctimas y a la sociedad civil una oportunidad de dialogar con los Estados, con el Consejo de Derechos Humanos y con sus procedimientos especiales. La presencia de las víctimas en este intercambio, entablado de manera abierta y constructiva, enviaría una fuerte señal de transparencia del Consejo a la sociedad en general.

Por el contrario, no abrir este espacio de debate, lo que significaría seguir pasando por alto las denuncias recopiladas en el informe, aun cuando están a disposición, podría enviar el mensaje opuesto: que se está dejando pasar una oportunidad de actuar de manera más transparente.

Esto iría en detrimento de una credibilidad que, a diez años de la creación del Consejo de Derechos Humanos, es necesario reforzar para que pueda continuar con su mandato de promover los derechos humanos y de velar por que las víctimas tengan real acceso al sistema de protección de los procedimientos especiales, creado por el mismo Consejo.

Desde luego, son los Estados los que pueden tomar una decisión respecto al espacio de este informe en la agenda del Consejo, pues son ellos los responsables de promover y proteger los derechos humanos tanto este órgano de la ONU como en sus territorios, en cumplimiento de sus compromisos internacionales y de las leyes nacionales.

También depende de ellos hacer más efectivo el sistema de comunicaciones de los procedimientos especiales, pues para lograrlo se requiere asignar más personal y mayor presupuesto a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Es una oportunidad de pasar de la constante retórica de las discusiones, tantas veces criticada por algunos Estados, el Alto Comisionado y las víctimas, a un ejercicio de diálogo abierto y transparente.

El informe de comunicaciones es un instrumento que puede emplearse de manera constructiva. El reto es hacerlo sin politizar el debate. Si este espacio se crea, tendrá que construirse con el trabajo conjunto de los Estados y la sociedad civil.

Este es un artículo de opinión. La posición de su autor no refleja el punto de vista de Panorama.