En la víspera de la 32.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos es necesario cuestionar el funcionamiento del mecanismo que confiere a las ONG el estatus consultivo ante la ONU, recientemente negado al Comité para la Protección de Periodistas.

 

Por: Ramón Muñoz Castro

 

Ramón Muñoz

Ginebra, 4 de junio.- El pasado 26 de mayo, el Comité de las Naciones Unidas para las ONG decidió no otorgarle el estatus consultivo al Comité para la Protección de Periodistas (CPJ). Esta organización, dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa, presentó en 2012 la solicitud que, de haber sido aprobada, le habría permitido un acceso facilitado a los órganos de discusión de los derechos humanos en el seno de la ONU.

El Comité de las ONG es el órgano encargado por las Naciones Unidas de estudiar y resolver las solicitudes presentadas por las organizaciones de la sociedad civil que desean participar en los debates de los órganos de derechos humanos, por medio de la obtención del estatus consultivo del Consejo Económico y Social (ECOSOC).

Seis de los 19 Estados que conforman el Comité votaron a favor de la solicitud de la ONG, mientras que otros diez votaron en contra y los tres restantes se abstuvieron.

Los Estados que rechazaron la acreditación del CPJ fueron Azerbaiyán, Burundi, China, Cuba, Nicaragua, Pakistán, Rusia, Sudáfrica, Sudán y Venezuela. Estados Unidos, Israel, Grecia, Guinea, Mauritania y Uruguay votaron a favor. India, Irán y Turquía se abstuvieron.

Teniendo en cuenta la próxima presentación del informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre el mantenimiento del entorno de la sociedad civil y la reciente decisión del Comité de las ONG sobre el CPJ, estos hechos deberían dar la oportunidad al Consejo de Derechos Humanos en su próxima sesión, que tendrá lugar del 13 de junio al 1 de julio en Ginebra, de abrir un debate sobre las reglas para la concesión del estatus consultivo y la ampliación de los espacios para la participación de la sociedad civil en los órganos de derechos humanos de la ONU y, esencialmente, en el Consejo.

En su informe, el Alto Comisionado dice que la participación de una sociedad civil dinámica en las Naciones Unidas es indispensable para la protección y la promoción efectiva de los derechos. Afirma también que “los agentes de la sociedad civil señalan las deficiencias de protección y de otra índole en la arquitectura internacional”, y que “alertan a la comunidad internacional sobre las crisis inminentes y promueven el establecimiento de normas y mecanismos nuevos”.

Por eso, concluye que “su participación enriquece las respuestas del sistema al vincularlas a lo que está ocurriendo al nivel de los países” y que “la concesión del espacio a la sociedad civil no es facultativa y aun cuando el derecho no lo exigiera, hay razones imperiosas para proteger el espacio de la sociedad civil”.

Específicamente sobre el estatus consultivo, el Alto Comisionado sostiene en su informe que “a pesar de las numerosas oportunidades generales para la sociedad civil en los foros de las Naciones Unidas, los diferentes mecanismos, modalidades y requisitos pueden parecer confusos o alienantes para las organizaciones más pequeñas o las redes en línea. En particular, el requisito del reconocimiento como entidades consultivas por ECOSOC para poder participar en la mayoría de las reuniones intergubernamentales, incluidas las del Consejo de Derechos Humanos, se considera un obstáculo para participar en la labor que realizan las Naciones Unidas”.

“Además el hecho de que se aplacen, en ocasiones durante varios años y al parecer por razones arbitrarias, las solicitudes de un gran número de ONG de que se reconozca su carácter consultivo ha privado a los debates internacionales de importantes contribuciones de la sociedad civil”: ACNUDH

Se debe pedir al Consejo de Derechos Humanos que se pronuncie sobre la decisión relativa al CPJ y que apruebe o incite la aprobación de reglas claras para la concesión del estatus consultivo para las ONG adoptando las propuestas e ideas que ofrece el Alto Comisionado en el informe que presentará ante el Consejo el próximo 20 de junio.