La ONG Tierra Digna habla en la ONU sobre empresas y derechos humanos en Colombia

Diego Melo, investigador de Tierra Digna, organización colombiana que brinda acompañamiento integral a las comunidades afectadas en sus derechos por la acción de las corporaciones, está en Ginebra para exponer los hallazgos que varias ONG hicieron en su investigación sobre el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresas con el que Colombia piensa implementar los Principios Rectores de la ONU en la materia.

Un día antes de reunirse con el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, Melo habló con Panorama acerca de su visita, sus visiones y propuestas sobre el Plan y la aplicación de los Principios Rectores y de su participación en un evento paralelo al Foro sobre el mismo tema, que tiene lugar en Ginebra del 14 al 16 de noviembre.

¿Por qué decidieron venir en el marco del Foro sobre las empresas y los derechos humanos?

El Foro ha tenido una incidencia fundamental en la forma en que se está construyendo la política en Colombia respecto de empresas, derechos humanos e industrias extractivas. Venimos a hablar de las reflexiones que hemos tenido en el seguimiento investigativo al Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresas.

En nuestra investigación hemos estudiado las realidades que viven las comunidades de cara a lo que está en el Plan. Nuestro trabajo consiste en identificar qué dicen los movimientos sociales, las organizaciones y las comunidades sobre el actuar empresarial en el terreno y sus intereses de exploración y explotación de recursos y contrastarlo con lo que está proponiendo la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos.

Lo que hemos encontrado es que es un Plan que ha sido nutrido por las experiencias de actores corporativos y de organizaciones de la sociedad civil asociadas a esos mismos actores. En ningún momento se ha hecho un diagnóstico con las comunidades sobre cómo se están portando las empresas y cuáles son los vacíos legales de los que se aprovechan los actores económicos para vulnerar los derechos humanos.

¿Cuál es el objetivo de esta visita?

Reunirnos con el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos para contarles la manera en que el Gobierno elaboró el Plan y algunas de las reflexiones que tenemos nosotros, Tierra Digna, y otras organizaciones de la sociedad civil con las que hicimos una mesa de monitoreo. En julio pasado elaboramos un comunicado que es una especie de manifiesto sobre lo que consideramos son los vacíos estructurales de este Plan.

¿Cuáles son?

La falta de participación de las comunidades y organizaciones de base que conocen estos temas y el enfoque en derechos humanos que se le está poniendo a esta política. Lo que ellos denominan la “ventaja competitiva” significa que los derechos humanos son una especie de incentivo económico para las empresas en vez de ser un prerrequisito y una condición para su operación en territorios.

También hace falta capacitación en temas jurídicos de las personas que están haciendo este tipo de política. Se habla mucho de buenas prácticas, construcción de confianza o mecanismos no judiciales de reparación para las personas que viven en las áreas de influencia de las empresas, pero se está perdiendo el enfoque províctima y el de exigibilidad de derechos de las comunidades que están en esos lugares.

Para que este Plan sea efectivo y tenga soluciones de largo plazo debe hacerse una reflexión de fondo: si de verdad este enfoque de mecanismos voluntarios y de resolución no judicial de las controversias es el más indicado para lugares como Colombia, donde las industrias extractivas tienen un gran peso y gran interés en expandirse.

Para eso estamos acá: para apuntar estas críticas y traer algunos elementos nuevos, como la respuesta de la Defensoría del Pueblo al Plan Nacional.

¿Qué respondió la Defensoría?

A partir de la mesa de monitoreo le enviamos un comunicado y le preguntamos cuál sería su papel en la implementación y qué perspectiva tiene sobre el enfoque en derechos humanos del Plan.

Su respuesta consta de tres elementos. El primero es que el Plan Nacional tiene un enfoque erróneo y débil porque no recoge la jurisprudencia de la Corte Constitucional ni lo que se ha dicho en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y comparte nuestra observación de que el respeto de los derechos no puede considerarse una ventaja competitiva: debe haber un proceso de diagnóstico de los vacíos que permiten la violación y vulneración de los derechos constitucionales y no verse como algo que podría ayudar a las empresas a mejorar su imagen.

Lo segundo que dicen es que no hubo participación de la sociedad civil en la elaboración del Plan y esto es importante porque demuestra que nosotros no estamos pidiendo una silla en la política, sino que queremos que se abra un debate democrático, participativo y que atienda las voces de las personas que están siendo afectadas.

Lo tercero es que el Plan ni siquiera recoge todos los Principios Rectores de la ONU, lo cual es muy complicado: quiere decir que el Estado ni siquiera está respetando los estándares a los cuales se está comprometiendo. La política sobre empresas y derechos humanos debería recoger todos los Principios y no solamente los que favorecen la inversión extranjera directa.

¿Qué expectativas tiene de la reunión con el Grupo de Trabajo?

Quiero conocerlos y explicarles el proceso de investigación y organización que hemos tenido, contarles acerca de la respuesta de la Defensoría, sobre nuestra interlocución con la Consejería Presidencial, que no ha sido para decirles lo que quieren oír, sino para sugerirles que hay formas mucho más amplias y democráticas de hacer legítimo este Plan.

Queremos también proponerles una ruta a seguir: hacer un diagnóstico desde la base, es decir, que vayamos a los lugares en donde hay grandes megaproyectos, o el plan de hacerlos, y que recojamos, de la mano de las comunidades, las organizaciones y la academia local, el diagnóstico para cada uno de los proyectos.

Podemos ir, por ejemplo, a Cesar y Guajira, donde están las carboneras, y hablar con las comunidades e instituciones para ver por qué hay una crisis tan grave en derechos humanos y de desplazamiento por la contaminación ambiental de estas grandes minas y ver para dónde podría ir la forma de acceso a la justicia, reparación y no repetición.

En síntesis, venimos a proponerles eso: que nos apoyen en esa confluencia nacional de estudios comparativos que hagan un mejor trabajo de diagnóstico y proporcionen soluciones más alineadas con el verdadero espíritu de los derechos humanos.

¿En qué consistió su participación hoy en el panel sobre las experiencias en el terreno en materia de empresas y derechos humanos?

Expusimos cómo en el trabajo de asesoría jurídica al Consejo Comunitario Cocomopoca, de la cuenca del Alto Atrato en el Chocó, nos percatamos de que hay una superposición de impactos ambientales asociados a una actividad ilegal que es funcional a los intereses extractivistas de la agenda del nivel central, a través de las concesiones.

También compartimos que, para nosotros, el trabajo en los tribunales es una forma mucho más robusta de contribuir a unos cambios de largo plazo porque son estos los que pueden elevar los estándares respecto de cómo deben conducirse los espacios de diálogo de las comunidades con las empresas para que no queden como simples escenarios de legitimación de los proyectos.

Se trata de resistir esa tendencia que se ha marcado en los últimos años de que la mejor forma de tratar estas cuestiones es la construcción de confianza y la socialización de buenas prácticas. En algunos momentos, la zanahoria proverbial que ayuda a los actores a comportarse mejor no es suficiente si no tiene un buen garrote detrás.

Necesitamos unas medidas que complementen estos principios y mecanismos voluntarios con exigencias de derecho duro, de parte del Estado, que protejan los derechos constitucionales de las comunidades.