ONU urgió a Guatemala a dar atención a familias desplazadas por desalojos forzosos

por | 03-07-2017

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos pidió a Guatemala solucionar la situación de las cien familias desplazadas que están en la frontera con México, tras haber sido desalojadas por orden judicial.

Por: Carmen Lucía Castaño, corresponsal

 

(Cerigua).-El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, expresó su preocupación por la situación de cerca de cien familias de la comunidad Laguna Larga que fueron desalojadas en el municipio de San Andrés, departamento guatemalteco de Petén.

Las personas afectadas están ubicadas en la frontera con el estado de Campeche, México, “en condiciones extremadamente precarias”, pues viven en tiendas de campaña y dependen de la ayuda humanitaria que reciben del Gobierno y de varias ONG.

A través de su portavoz en Ginebra, Rupert Colville, el comisionado dijo estar consternado por que las órdenes de desalojo fueron emitidas sin la planeación necesaria para que las familias afectadas pudieran reasentarse, contraviniendo los estándares internacionales en materia de derechos humanos, como consecuencia de lo cual estas personas “no tienen, literalmente, a dónde ir”.

En el mismo sentido, el portavoz del funcionario de más alto rango con el que cuenta la ONU en la rama de derechos humanos advirtió que otros desalojos que se tienen previstos pueden ser un foco de crisis y violencia, por lo que consideró esencial que el gobierno de Guatemala “establezca un diálogo de buena fe con las familias desplazadas de Laguna Larga y con otras comunidades en riesgo de ser desalojadas forzosamente, para encontrar soluciones alternativas adecuadas y aceptables”.

Colville recordó que aunque los desalojos forzosos son frecuentes en Guatemala, debido a los problemas relacionados con la tenencia de la tierra, estos solo pueden ser utilizados como último recurso “después de haber agotado cualquier otra alternativa y deben contemplar medidas adecuadas antes, durante y después de los desahucios, que brinden protección especial a las mujeres, niños y pueblos indígenas”.

El portavoz del comisionado indicó también que la situación en la región es todavía más grave por “la débil presencia del Estado y la existencia de actividades ilegales, como el tráfico de drogas”, por lo que llamó al Gobierno a garantizar a las familias afectadas la asistencia humanitaria que requieran mientras se ponen en marcha las medidas adecuadas de reubicación.