La ONU pidió justicia por feminicidios y acceso efectivo al aborto legal en Argentina
La relatora especial sobre la violencia contra las mujeres, sus causas y consecuencias, Dubravka Šimonović, urgió al Gobierno de Buenos Aires a llevar a cabo una mayor rendición de cuentas por feminicidios en Argentina y garantizar el acceso al aborto legal en todas las provincias del país, en un informe elaborado con motivo de su visita a la Argentina entre el 14 y el 21 de noviembre de 2016.
En el informe presentado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la relatora reconoció que en 2015 la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia estableció el primer Registro Nacional de Femicidios, el cual recoge datos sobre el número de víctimas y acusados, su edad, la relación entre ellas y los perpetradores, el número de menores a cargo de las víctimas y las eventuales denuncias de violencia previamente presentadas contra los acusados.
No obstante, “la Relatora Especial observó que los datos mencionados sobre los feminicidios en ese Registro sólo incluían los casos que habían motivado la iniciación de acciones judiciales y dejaban fuera un número significativo de otros casos, por ejemplo, aquellos en los que el autor se había suicidado”. Así mismo, indicó que otras fuentes daban cuenta de un número mayor de feminicidios.
De acuerdo con los datos proporcionados por el Gobierno, se perpetraron 225 feminicidios en 2014 y 235 en 2015. El 70 % de ellos ocurrieron en el ámbito familiar. Estos datos son decisivos para prevenir los feminicidios cometidos por un familiar o la pareja de la víctima.
“En 2014 se acusó de feminicidio a 228 personas, de las cuales 27 fueron condenadas, una tasa de condena muy baja”, lamentó la experta.
En cambio, otras fuentes daban cuenta de un número mayor de feminicidios: según organizaciones no gubernamentales, hubo 277 feminicidios en 2014 y 286 en 2015.
Por otra parte, el informe recomienda “recolectar y publicar datos desglosados a nivel federal y provincial sobre todas las formas de violencia contra las mujeres, incluidas las travestis, las mujeres transgénero, las mujeres con discapacidad, las mujeres indígenas y las mujeres migrantes, prestando especial atención al feminicidio”, y observa que no había datos sobre la reparación proporcionada a las víctimas.
El informe destaca que el artículo 80 del Código Penal en Argentina tipifica como homicidio agravado el feminicidio por motivos de género, orientación sexual, identidad o expresión de género, o bien por violencia de género.
“Sin embargo, según informes recibidos por la Relatora Especial, el sistema judicial se había mostrado muy renuente a aplicar esas disposiciones, y los enjuiciamientos y condenas por esos delitos eran sumamente excepcionales”, subrayó la experta.
Además, la relatora insta al Gobierno a que enmiende el Código Penal para prever el enjuiciamiento de oficio de todos los actos de violencia contra la mujer, de tal modo que la investigación y el enjuiciamiento de tales delitos no dependan de que la víctima presente una denuncia o una reclamación.
“Y para que los procedimientos prosigan su curso por más que la víctima retire su declaración o reclamación”, agrega la experta en el documento.
Instrumentos internacionales para la protección de los derechos de las mujeres
El informe también exhorta a subsanar la falta de un proceso sistemático y uniforme de incorporación y aplicación directa de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y de la Convención de Belém do Pará a nivel federal y provincial.
Igualmente, le pide al Gobierno acelerar la incorporación y aplicación del Protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género.
El informe llama a considerar la posibilidad de conferir rango ministerial al Consejo Nacional de las Mujeres y adoptar una estrategia integral para superar la “cultura machista” y los estereotipos discriminatorios relativos a los papeles y responsabilidades del hombre y la mujer en la familia y en la sociedad.
Acceso al aborto seguro
Por otra parte, en lo que respecta al acceso al aborto legal, el informe insta a que en el corto plazo las autoridades provinciales adopten, con carácter urgente, protocolos que regulen el aborto legal en consonancia con el Código Penal vigente.
Urge a suprimir “las medidas punitivas que penalizan a las mujeres que se someten a abortos y se apruebe una ley que regule los abortos legales, al menos en lo concerniente a los embarazos resultantes de una violación o un incesto”.
El documento solicita al Gobierno argentino “retirar medidas punitivas a los embarazos en que la vida o la salud de la embarazada esté en peligro, y los embarazos en que exista una deficiencia fetal grave” porque, en varias provincias del país, “el aborto es una práctica inaccesible, incluso en los casos excepcionales contemplados por la ley”, deploró la experta de la ONU.
