Experto de la ONU urgió a Argentina a combatir el racismo y la xenofobia
En el informe de la visita que hizo a Argentina en mayo de 2016, el relator especial contra la discriminación racial pidió al Estado dar atención inmediata a la segregación de la que son víctimas indígenas, migrantes y afroargentinos.
El relator especial contra la discriminación racial, Mutuma Ruteere, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos el reporte de la visita que hizo a Argentina del 16 al 23 de mayo de 2016. El experto de origen keniano destacó la discriminación de la que son víctimas los pueblos indígenas, los migrantes y refugiados y los afroargentinos, e instó al Gobierno a priorizar a las minorías en sus programas de derechos humanos.
Según el experto “la situación de los pueblos indígenas y otros grupos marginados requiere una atención inmediata por parte del Gobierno federal y los gobiernos provinciales al más alto nivel”.
Sumándose a las recomendaciones que el Comité de la ONU contra la Discriminación Racial le formulara a Argentina tras su examen en 2016, Ruteere pidió al Estado tipificar la discriminación racial como delito y adoptar la definición establecida en la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, ratificada por Argentina en 1968.
En otro sentido, el relator recomendó al Estado poner en marcha acciones afirmativas para garantizar la representación de los grupos minoritarios en las instancias de poder. “Esto es particularmente urgente para los pueblos indígenas, ya que, en gran medida, los modos en que participan actualmente no han conseguido proporcionarles la voz y la visibilidad necesarias para reparar su larga historia de exclusión y marginación”, sostuvo.
“Es urgente que el Gobierno formule una política integrada para todos los ámbitos de gobierno, que se aplique a nivel nacional y provincial y que asegure la protección de los derechos de los pueblos indígenas”, continuó el relator, y llamó al Estado a reformar el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas: “Se deben revisar sus acciones con respecto al registro de las tierras indígenas y los protocolos vigentes a ese respecto, con el fin de que sean más eficaces, teniendo en cuenta la opinión de todas las partes interesadas”.
De otra parte, el relator pidió a Argentina velar por que las actuaciones de los funcionarios no contribuyan a la estigmatización de migrantes y refugiados, y que establezca un programa amplio con el fin de facilitarle a esta población “el acceso a una vivienda adecuada, a la atención de la salud y a clases de idiomas y actividades de capacitación que promuevan su integración en el mercado de trabajo”.
Haciendo uso de su derecho a expresarse en tanto Estado concernido, Argentina señaló que, tal como lo señaló por escrito al relator, el informe contiene “imprecisiones sobrantes”. Aun así, agradeció la visita del experto y reiteró su disposición para trabajar conjuntamente con él en lo que aseguró es una política de Estado: “la reparación de la deuda social con grandes sectores de la población históricamente vulnerados y estigmatizados”.