Expertos de la ONU deploran la represión contra los manifestantes en Ecuador

Siete expertos de la ONU manifestaron este miércoles su consternación por la violencia con la que las fuerzas de seguridad ecuatorianas hicieron frente a las protestas que tuvieron lugar del 3 al 13 de octubre en diferentes ciudades del país, y ante las cuales el presidente Lenin Moreno decretó el estado de excepción, que restringe el ejercicio de algunos derechos constitucionales y faculta al Ejecutivo a tomar medidas excepcionales.

“Estamos consternados por la respuesta de las fuerzas de seguridad dado que la violencia nunca puede ser la respuesta a las demandas sociales y políticas de las personas. En particular nos preocupa la militarización de territorios indígenas ya que esto podría violar el derecho a la autodeterminación y a su vez generar más violaciones de derechos humanos”, dijeron los expertos a través de un comunicado conjunto.

En el marco de las protestas contra las medidas de austeridad del Gobierno ecuatoriano, en particular contra la eliminación del subsidio a la gasolina, hubo reportes de por lo menos ocho personas muertas, 1340 heridas y 1192 detenidas. Según denuncias conocidas por los expertos de la ONU, entre estas personas había menores de edad, mujeres embarazadas, personas de edad, personas con discapacidad y periodistas.

“Seguimos preocupados por el hecho de que la emergencia estatal se haya implementado en previsión de las protestas, y cuestionamos si el Gobierno tenía razones para clasificar la situación como una emergencia pública que, en palabras del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, `amenaza la vida de la nación’”, señalaron los expertos.

“Además, algunas de las restricciones impuestas durante el estado de excepción, como el toque de queda, parecen exacerbar las tensiones y la violencia, lo que pone en tela de juicio su necesidad”, añadieron en el texto distribuido a la prensa en Ginebra.

Los expertos que firman el comunicado son Michel Forst (Defensores de DD. HH), David Kaye (Libertad de expresión), Clément Nyaletsossi Voule (Reunión pacífica), Victoria Tauli-Corpuz (Pueblos indígenas), Agnes Callamard (Ejecuciones extrajudiciales), Fionnuala Ní Aoláin (Lucha contra el terrorismo) y José Antonio Guevara (Grupo detención arbitraria).

“El elevado número de heridos podría ser un claro indicio de que el uso de la fuerza fue excesivo y en violación de los requisitos de necesidad y proporcionalidad”, señalaron, y pidieron al Gobierno investigar todas las muertes ocurridas durante las protestas y examinar si pueden ser consideradas como privaciones arbitrarias de la vida.

Los expertos internacionales dijeron que también habían recibido denuncias de casos de censura y de interrupción de los servicios de Internet y de las redes sociales durante las protestas, por lo que recordaron al Estado que “el acceso a los servicios de información y comunicación durante las protestas es crucial para el disfrute de varios derechos, en particular la libertad de expresión y la oportunidad de que los manifestantes hagan oír sus demandas y quejas”.

Por otra parte, este grupo de relatores acogió con satisfacción el acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones indígenas, que puso fin a las protestas, y saludaron la decisión del Gobierno de invitar a una misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) para que lleve a cabo una visita al territorio nacional con el fin de analizar las denuncias de posibles violaciones de derechos humanos en el marco de las protestas.

Los expertos pidieron a todas las partes concernidas colaborar activamente con el personal de la OACNUDH que lleva a cabo esta visita técnica del 20 de octubre al 8 de noviembre, y subrayaron la importancia de establecer un canal permanente de diálogo con los potenciales afectados por las medidas de austeridad.

Finalmente, subrayaron la obligación del Gobierno de hacer efectivo el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa y al consentimiento libre e informado.