La constructora mexicana Grupo Higa se negó a hablar con expertos de Naciones Unidas
Los expertos de la ONU en empresas y derechos humanos lamentaron que el Grupo Higa se negara a recibirlos durante la visita que hicieron a México en mayo de 2016, cuando convocaron a los empresarios para hablar de la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan.
El grupo de trabajo de la ONU sobre la cuestión de las empresas transnacionales y los derechos humanos lamentó que el Grupo Higa no respondió a sus solicitudes para abordar la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan. “El Grupo de Trabajo trató de entrevistarse con representantes de la constructora Grupo Higa, pero no recibió ninguna respuesta a sus solicitudes”, señala el informe presentado por el presidente del grupo de expertos, Michael K. Ado, en la 35.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos.
El informe fue redactado luego de la visita que el grupo de trabajo de la ONU hizo a México del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016, y en la que se reunió con más de 25 instituciones del Gobierno, iniciativa privada y sociedad civil.
“El Grupo observa que este fue el único caso en que una empresa no respondió a su solicitud de interacción directa, y que fue difícil encontrar más información sobre las políticas del Grupo Higa porque la empresa no disponía de un sitio web operativo”, explica el informe.
El grupo de trabajo señala que visitó la comunidad indígena otomí-mexica de San Francisco Xochicuautla, en el estado de México, cuyos miembros se han opuesto a una orden de expropiación que se dictó en 2012, sin que se llevase a cabo ninguna consulta previa, para construir una carretera que atravesaría sus tierras ancestrales.
La autopista es construida por Autopistas de Vanguardia S.A. de C. V., perteneciente al Grupo Higa, y afecta a diferentes comunidades y municipios del Estado de México, incluida la comunidad de San Francisco Xochicuautla, y al menos doce comunidades más, como San Lorenzo Huitizilapan y Santa Cruz Ayotuzco.
La construcción de dicha autopista fue impulsada desde el año 2006 por el entonces gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto.
El informe de la ONU narra que la comunidad se ha enfrascado en un largo litigio con las autoridades estatales y que ha recurrido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que ambas instituciones han solicitado al estado de México que adopte medidas cautelares para proteger a la comunidad indígena otomí-mexica.
Sin embargo, deplora que se han denunciado varios actos de acoso e intimidación de miembros de la comunidad que han protestado contra el proyecto.
“En junio de 2015, 21 miembros de la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla empezaron a recibir protección del mecanismo nacional de protección para personas defensoras de derechos humanos”, subraya. “Sin embargo, a pesar de esas peticiones, y haciendo caso omiso de la suspensión judicial, la construcción de la autopista siguió adelante’’, sostiene el grupo de trabajo.
“El 11 de abril de 2016, la constructora, junto con unos 800 agentes de la policía estatal, destruyó varias propiedades, entre ellas la casa de un líder de la oposición al proyecto de la autopista, que era uno de los 21 miembros de la comunidad que recibían protección del mecanismo nacional de protección de defensores de los derechos humanos”, cita el informe.
“El Grupo de Trabajo recibió una información preocupante según la cual el 3 de marzo de 2017 una asamblea de la comunidad fue interrumpida por agentes armados de la policía estatal; el Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que evite que se repitan hechos de este tipo”, urgen los expertos.
Durante la presentación del informe Ado calificó de “deficientes” las consultas previas con las comunidades afectadas de varios proyectos de gran escala que afectan a las comunidades indígenas. “Por eso el grupo subrayó la necesidad de una mayor vigilancia y una mejor evaluación de los impactos ambientales y sociales para evitarlos o mitigarlos, sobre todo cuando las actividades empresariales afectan los derechos de una manera negativa”, dijo.
“Otra cuestión tiene que ver con el acoso generalizado contra líderes comunitarios que se pronuncian contra los proyectos empresariales, sobre todo llamó la atención el silencio de las empresas cuando oyeron sobre esos ataques, sobre todo si los ataques tenían que ver con sus operaciones”, deploró.
“Igualmente, otro desafío tiene que ver con la situación tan precaria de los trabajadores temporales y los jornaleros en las fincas y la persistencia del trabajo infantil y la discriminación por género en el empleo”, agregó. “El Gobierno lo sabe muy bien, y sabemos que hay varias iniciativas para atender estas situaciones”, reconoció.
El informe es detallado y aborda otros casos de violaciones de los derechos humanos ocurridas en el marco de la actividad empresarial, como el del Río Santiago, Río Sonora, y evalúa sus efectos ambientales y sociales.
Finalmente, el embajador de México ante la ONU al contestar al informe como Estado concernido no hizo referencia al caso particular de la autopista Toluca-Naucalpan. “Pese a que en México, como en la mayoría de los países, el tema (de derechos humanos y empresas) es aún incipiente, existe voluntad para avanzar decididamente”, dijo el diplomático mexicano.
