Por: Mélanie Belfiore
Ginebra, el 25 de junio.- Este jueves 25 de junio transcurrió la adopción final del informe del Examen Periódico Universal (EPU) a España por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, luego que la situación del país ibérico fuera evaluada a inicios de este año. En este informe, España decidió rechazar la recomendación que sugería inspirarse en modelos europeos para proseguir las investigaciones de las sentencias de ejecuciones sumarias cometidas durante el franquismo.
Esta recomendación, formulada por Chile, instaba a España a implementar las medidas sugeridas por el relator especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo De Greiff, para “privar de efecto las disposiciones de la Ley de Amnistía que obstaculizan todas las investigaciones” de las violaciones de derechos humanos del pasado.
España no explicó los motivos de su rechazo de esta recomendación ante el Consejo de Derechos Humanos. No obstante, al finalizar la adopción del informe, la Federación Internacional de Derechos Humano (FIDH) destacó que los mecanismos de la ONU han censurado severamente la política de impunidad del Estado español.
En alusión a los pronunciamientos y recomendaciones vertidas a España desde varios órganos y mecanismos de derechos humanos, como el Comité contra la Tortura o el experto De Greiff, la FIDH lamentó que España “se niega sistemáticamente a reconocer y reparar los derechos que asisten a estas víctimas”.
Por otro lado, España rechazó las ocho recomendaciones que le instaban a ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, ICRMW por sus siglas en inglés. Tampoco aceptó “tomar nuevas medidas para garantizar los derechos de los migrantes” al asegurar que los derechos de los migrantes ya estaban garantizados en el marco de su legislación actual.
Asimismo, rechazó la obligación para “las empresas públicas a reservar una cuota de los puestos de sus juntas no directivas a las mujeres”, dado que estos “últimos años el Estado había adoptado reglamentos para promover la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo”.
En sus palabras conclusivas ante el Consejo de Derechos Humanos, España destacó “que muchas de las recomendaciones y preguntas recibidas se habían formulado a raíz de los efectos de las medidas de ajuste fiscal adoptadas para luchar contra la crisis económica”. De tal modo, se escudó tras la crisis para justificar “sacrificios”, argumentando que tales medidas fueron “proporcionadas, provisionales y necesarias, y no regresivas ni discriminatorias”.
En concreto, sobre las 189 recomendaciones emitidas, 20 fueron rechazadas, 164 aceptadas y 5 parcialmente aceptadas. En esta última categoría se encuentran aquellas compuestas “de dos o más aspectos sobre los que la postura del Estado varía”. Es decir, cuando el Estado está de acuerdo con el principio pero lo interpreta de modo diferente o no comparte la aplicación.
Por último, España se comprometió a seguir informado al Grupo de trabajo del EPU sobre sus progresos a través de “un informe de mitad de periodo”, en octubre de 2017.
