Ginebra, 26 de septiembre.- El Consejo de Derecho Humanos de la ONU, integrado por 47 Estados elegidos por el voto secreto de la Asamblea General de la ONU que se van rotando anualmente, condenó a los “fondos buitre” por su impacto negativo en perjuicio de los derechos humanos, conforme a una resolución adoptada hoy viernes en Ginebra por 33 votos a favor, 5 en contra y 9 abstenciones.

“Condena las actividades de los fondos buitre por los efectos negativos directos que ejerce sobre la capacidad de los gobiernos de cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos”, sentencia la resolución presentada por la Argentina y copatrocinada por 74 Estados, entre ellos todos los países del continente africano.

Argentina consiguió el apoyo de los otros siete países que junto con ella representan a la región latinoamericana y del Caribe en este Consejo (Brasil, México, Cuba, Costa Rica, Chile, Perú y Venezuela), a los que se sumaron, entre otros,  India, China y Rusia. Sin embargo, Estados Unidos y Japón rechazaron la resolución, mientras que la Unión Europea actuó dividida. Inglaterra, República Checa y  Alemania votaron en contra, pero Italia, Francia, Austria, Estonia y Rumania se abstuvieron.  

La resolución “alienta a todos los Estados”, a participar en la elaboración de “un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana …. (que) sea compatible con las obligaciones y normas internacionales de derechos humanos”, en sintonía con la convocatoria a negociar  una Convención internacional, resuelta por la Asamblea General de la ONU el pasado 9 de septiembre en Nueva York, por 124 votos a favor, 11 en contra y 41 abstenciones.

Respecto a la necesidad de esa Convención, la resolución afirma que “El sistema financiero internacional no cuenta con un marco jurídico sólido para una reestructuración de la deuda soberana que sea ordenada y previsible, lo que aumenta aún más el costo económico y social del incumplimiento”.

Por cierto, el texto explica que el “carácter voluntario de los planes internacionales de alivio de la deuda ha creado oportunidades para que los fondos buitre adquieran deuda soberana impagada a precios sumamente reducidos para luego reclamar el reembolso del valor total de la deuda mediante litigios, embargo de bienes o presiones políticas”.

“Los fondos buitre, mediante el recurso a los tribunales y otros medios, obligan a los países endeudados a desviar recursos financieros ahorrados con la cancelación de la deuda y reducen los efectos del alivio de la deuda para esos países, o atenúan sus posibles beneficios, y por ende, socavan la capacidad de los gobiernos de garantizar el disfrute pleno de los derechos humanos de su población”, añade la resolución.  

A su vez, el texto constituye una denuncia contra “los fondos oportunistas (fondos buitre)”, que atentarían contra “el derecho soberano de todo Estado a reestructurar su deuda soberana, que no debe verse frustrado ni obstaculizado por ninguna medida procedente de otro Estado”, en velada alusión al conflicto que enfrenta al gobierno argentino con la Justicia de Estados Unidos, la cual ha admitido un reclamo de “fondos buitre” por alrededor de 1600 millones de dólares.

La resolución concluye con una solicitud al Comité Asesor de este Consejo, compuesto por expertos independientes de diferentes países, para que prepare “un informe basado en investigaciones sobre las actividades de los fondos buitre y sus repercusiones en los derechos humanos”, una tarea que impulsa un prestigioso miembro de dicho Comité, el conocido sociólogo suizo, Jean Ziegler.