ACNUDH deploró la falta de compromiso político de Haití en materia de derechos humanos

«El pueblo de Haití merece medidas firmes para garantizar el respeto de sus derechos fundamentales”, fueron las palabras que pronunció hoy Zeid Ra’ad Al Hussein, alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, al presentar su informe sobre la situación derechos humanos en el Estado.

Dirigiéndose al Consejo de Derechos Humanos, que celebra actualmente en Ginebra su trigésima octava sesión, Zeid lamentó la falta de compromiso político por parte de las autoridades nacionales para mejorar de manera significativa la situación en materia de derechos humanos en el país.

En marzo de 2017, el Consejo suprimió el mandato del experto independiente sobre la situación de derechos humanos en Haití, por petición del Estado concernido, que se comprometió entonces a crear un Ministerio de Derechos Humanos y a fortalecer el Comité Interministerial para los Derechos Humanos. Gustavo Gallón, jurista colombiano que entonces era titular del experto independiente, abogó por la renovación de este procedimiento especial del Consejo, vigente desde 1995.

Como alternativa, el entonces presidente del Consejo y embajador salvadoreño, Joaquín Maza Martelli, de común acuerdo con los 47 Estados miembros de este órgano de la ONU, pidió a la oficina del alto comisionado continuar con el monitoreo de la situación en Haití y brindar asistencia técnica al Gobierno para la elaboración de un plan de acción nacional para los derechos humanos.

En su informe, en el que dio cuenta de esta labor de monitoreo y asistencia, Zeid concluyó que «la ausencia prolongada de un coordinador de alto nivel sobre derechos humanos en el seno del poder Ejecutivo representa un obstáculo para el desarrollo y la aprobación de un plan de acción nacional sobre derechos humanos» y, en su alocución ante el Consejo, deploró que hasta la fecha dicho plan no haya sido elaborado.

El alto comisionado advirtió que, un año después de la desactivación del mandato del experto independiente, en Haití aún están pendientes las recomendaciones formuladas entonces por Gallón. Por ejemplo, con respecto a la prisión preventiva prolongada, Zeid señaló que una persona privada de la libertad en Haití “pasará en promedio más de tres años en detención antes de ser procesada».

Según el alto comisionado, esto empeora la situación de hacinamiento carcelario toda vez que, tal como lo sostiene en su informe, los reclusos con medida preventiva son hasta el 85 % en cárceles como la de Los Cayos, ubicada en el departamento haitiano de Sur.

Por otra parte, Zeid también abordó la situación crítica de desplazamiento interno y señaló que «36 500 personas siguen desplazadas a causa del terremoto de 2010, a menudo en condiciones muy precarias”.

Adicionalmente, hizo un llamado con respecto a la impunidad en los casos de las operaciones policiales en 2017 en Lilavois y Grand-Ravine, ubicados en la capital, Puerto Príncipe, en el transcurso de las cuales fueron asesinadas once personas. Asimismo, destacó que no se ha castigado a los responsables de las ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas cometidas durante la dictadura militar (1991-1994), elemento vital en un proceso de justicia transicional.

Por su parte, Haití tomó la palabra como Estado concernido y afirmó que «seguirá pidiendo asistencia técnica al alto comisionado y a los mecanismos de derechos humanos, con el objetivo de fortalecer sus capacidades en ese campo».