Por: Carmen Carrasco
Ginebra, 10 de marzo.- Ayer en Ginebra el experto independiente sobre derechos humanos y medio ambiente, John H. Knox, presentó su informe ante la 28º sesión del Consejo de Derechos Humanos. Este año, el reporte del experto se centró en identificar, promover e intercambiar puntos de vista sobre las mejores prácticas en torno a derechos humanos y medio ambiente. Entre los principales retos para el futuro está la cuestión del cambio climático.
En ese sentido, el experto señaló que sus indagaciones se basaron en tres categorías principales: hacer pública la información ambiental, facilitar la participación pública en la toma de decisiones sobre el medio ambiente, y por último, proveer acceso a soluciones a los daños ambientales.
Retos para el futuro
El experto señaló en su discurso que entre los principales temas que deberán ser atendidos en los próximos años está el de cambio climático. Así indicó que los debates del viernes pasado en la discusión anual sobre derechos humanos y cambio climático dejaron mensajes claros: “Tenemos que hacer más para abordar el cambio climático, con el fin de salvaguardar los derechos humanos de aquellos que son más vulnerables”.
“Muchos aspectos de la relación entre derechos humanos y el medio ambiente también merecen atención más detallada”, señaló el experto y agregó dos ejemplos: la relación entre la protección de los ecosistemas y los derechos humanos, y los temas que conciernen la vulnerabilidad de los niños ante los daños ambientales.
Avances
Durante los dos últimos años, el experto llevó a cabo nueve consultaciones y citas con expertos en cada región del mundo para identificar las buenas prácticas. Tras estas reuniones con representantes gubernamentales, sociedad civil y académicos, entre otros, se recibieron setenta respuestas. Además se visitaron dos países: Costa Rica en el 2013 y Francia en el 2014.
“Diecinueve Estados de Latinoamérica y el Caribe … decidieron en noviembre del 2014 empezar las negociaciones de un nuevo convenio regional que implementaría el acceso a los derechos estipulados en el Principio 10 (de la Declaración de Río)”, puntualizó el experto. Este Principio señala que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados.
El experto dijo que El Salvador es un ejemplo de buenas prácticas por el respeto del derecho a la información ambiental. Su Observatorio Ambiental monitorea amenazas potenciales en medio ambiente basadas en reportes de una red de observadores locales. Costa Rica, por su parte, tiene un programa certificado de turismo sostenible.
En México, el gobierno ha establecido consejos consultivos nacional y regionales para el desarrollo sostenible que incluye representantes de la sociedad civil, académicos, el sector corporativo y agencias gubernamentales.
Libertad de expresión y de asociación para defensores del medio ambiente
“Los estados deben hacer más para proteger a defensores del ambiente del acoso, interferencia e incluso muerte”, alertó el experto. Agregó que entre 2002 y 2013, 908 personas de 35 países han sido asesinadas por su trabajo defendiendo el medio ambiente y los derechos a la tierra.
“Insto a los Estados a reconocer que los riesgos de los defensores ambientales son un problema global, y a mostrar la misma clase de consideración innovadora a este reto que la que ellos brindan a otras áreas de las políticas de derechos humanos y medio ambiente”, añadió el experto.
Protección de los vulnerables a los daños ambientales
En el marco del día internacional de la Mujer que se celebró ayer, el experto señaló que las mujeres están entre el segmento de población vulnerable a los daños ambientales. “El Cedaw (Comité de la ONU para la mujer) ha enfatizado que los estados deben asegurar que la participación pública en la toma de decisiones ambientales… incluya y concierna la participación de las mujeres”, señaló el experto.
Asimismo, el reporte describe las buenas prácticas en relación con niños, con minorías y con pueblos indígenas.
Participación de estados
Tras el discurso del experto independiente, los Estados parte dejaron escuchar su voz en torno a la temática presentada. Así, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), señaló que “el acceso a la innovación tecnológica de los países en desarrollo es fundamental para avanzar en las diferentes dimensiones del desarrollo sostenible”.
En ese sentido, el CELAC destacó la importancia de que los mecanismos de implementación deben asegurar a los países en desarrollo las condiciones necesarias para alcanzar estos objetivos.
Por su parte, Cuba lamentó que “todavía hoy existen Estados que no han comprendido a cabalidad de este tema; incluso, niegan que un enfoque de derechos humanos sea aplicable”. Brazil también declaró que la protección del medio ambiente “debe ser una parte integral del desarrollo económico y social, promoviendo paralelamente los derechos humanos”.
Por otro lado, Bolivia resaltó “la obligación que tienen las empresas y otros actores no estatales de respetar los derechos humanos, así como la responsabilidad de abarcar las violaciones de derechos humanos resultantes de sus actividades que generan contaminación”.
En ese sentido, Bolivia apoyó las conclusiones del experto y enfatizó las obligaciones de los Estados por sus “responsabilidades históricas de los países desarrollados con respecto a los daños globales”.
Por último, Uruguay señaló que para su país la adaptación es la línea de acción más relevante para procurar reducir los riesgos y los daños ante eventos más extremos. “Sin embargo, Uruguay también está trabajando voluntariamente en mitigación del cambio climático”, señaló.
