Por: Carmen Lucía Castaño

 

Ginebra, 10 de marzo.- La Misión Permanente de Venezuela ante la ONU se dirigió al experto en esos términos, en el seno del Consejo de Derechos Humanos con ocasión de la presentación del informe anual de actividades del Relator Especial sobre la Tortura, Juan Méndez. En el documento, el experto de la ONU afirma que el Estado venezolano es responsable, por omisión, de la violación de los derechos a no ser torturados o sometidos a tratos crueles inhumanos o degradantes de los manifestantes que participaron en las protestas de febrero de 2014.

“No es verdad, señor Relator, que esas muertes se hayan producido por el uso excesivo de la fuerza y criminalización de las protestas para sofocar las manifestaciones”, dijo la representación venezolana durante el intercambio entre el experto y los Estados, al rechazar de manera tajante la conclusión del Relator, según la cual por tal motivo se produjo la muerte de 29 personas y más de 350 heridos.

“Usted no hace honor a la verdad contenida y demostrada de manera irrefutable en esa abundante información seria y objetiva que le hemos aportado”, continuó Venezuela. Así mismo, expresó que el Estado actuó con diligencia en los casos en los que agentes de seguridad se involucraron en los hechos denunciados y que “los presuntos responsables se encuentran detenidos y siendo juzgados. Eso usted no lo afirma, señor Relator”.

En declaraciones exclusivas a Panorama Diplomático, el relator especial Juan Méndez dijo que la intervención del delegado de Venezuela le pareció “intempestiva… no necesitaba acusarme de mentir. Si me equivoco, corrijo, pero la sinceridad con la que hago mi trabajo no debe ni puede ser cuestionada”, aseguró.

Con respecto a las protestas en las que se originaron los casos estudiados en el informe, el Relator aseguró que reconoce que hubo manifestaciones violentas y que “el uso excesivo de la fuerza tampoco es que se haya dado en todos los casos, pero hace parte de mi mandato reportar las ocasiones en las que sí se presentó”.

En su informe, el Relator “toma nota de las investigaciones que aún se encuentran en curso para determinar la responsabilidad de los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (…) y solicita que se lo mantenga al tanto de la evolución del proceso judicial”.

“Venezuela lamenta que de manera irresponsable, con intención o no, la información en contra del Gobierno venezolano que usted sin ningún rigor científico da como cierta, sin verificación ni comprobación mínima y faltando a sus obligaciones de objetividad y transparencia como lo demanda el Código de Conducta que rige su mandato, pase a engrosar la intensa campaña mediática que esos sectores antidemocráticos impulsan contra Venezuela”, añadió la misión venezolana.

Asimismo, agregó que la Constitución Nacional consagra el disfrute de los derechos humanos y que el Estado venezolano garantiza su pleno ejercicio así como del de las libertades fundamentales. “El Gobierno Bolivariano es paradigma de tolerancia política. Todas las personas pueden expresar con libertad sus opiniones y críticas. En Venezuela nadie ha sido ni será perseguido por el ejercicio de tales derechos”, enfatizó la misión diplomática.

Con respecto a otros casos estudiados por el Relator, entre los que se encuentra la detención del opositor Leopoldo López, no se había recibido información de parte de Venezuela hasta la fecha de presentación del informe. Por esta razón, el Relator señaló que el Gobierno había incumplido su deber de cooperación y que, ante la falta de información que indique lo contrario, se le considera responsable de la violación de los derechos de las personas detenidas a no ser torturadas ni sometidas a tratos crueles, humanos o degradantes.

Según la representación venezolana, efectivamente un número reducido de personas se encuentra todavía privado de la libertad “a raíz del intento de Golpe de Estado contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, y por la violencia terrorista que vivió el país en el último año”, pero a todos ellos “se les garantiza el derecho a la defensa y al debido proceso y a las mejores condiciones de reclusión, como en los casos de algunas personas señaladas”.

“El tema de los derechos humanos debe ser tratado de manera objetiva e imparcial, sin selectividad ni politización, en un espíritu de diálogo y cooperación”, afirmó Venezuela y reiteró su disposición a seguir trabajando con los Procedimientos Especiales de la ONU.
El relator Méndez no estará presente mañana en el evento de la Misión Permanente de Venezuela ante la ONU en el que se tratará el tema de las víctimas de la violencia y el terrorismo en el país. “Si me hubieran invitado, por supuesto que asistiría”, concluyó.