Por: Mélanie Belfiore

 

Ginebra, 25 de septiembre.- Hoy transcurrió la reunión de cierre del Examen Periódico Universal (EPU) de Honduras, en la cual el país centroamericano rechazó la propuesta de legalización del aborto para las víctimas de violación e incesto, previamente formulada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El Estado hondureño no explicó los motivos por los cuales rehusó esta recomendación, pero aseguró “tomar nota” de ella. La mayoría de las organizaciones no gubernamentales presentes en la sala durante la reunión, parte de la agenda de la trigésima sesión del Consejo de Derechos Humanos, denunciaron la decisión de Honduras alertando sobre las “violencias extremas y mortales” que sufren las mujeres en el país.

El Centro para los Derechos Reproductivos subrayó que Honduras es “uno de los países más violentos del mundo”, y recordó que las víctimas de estas violencias son en gran parte mujeres. Por esto, insistió en la necesidad de permitirles ejercer “su autonomía reproductiva particularmente protegiendo los derechos a la salud, la vida y la dignidad”.

La Organización Mundial Contra la Tortura afirmó que “el 50 por ciento de los embarazos en menores tienen origen en violaciones, muchas de ellas cometidas por su familiares”. Por esta razón se mostró preocupada porque el aborto en todas sus formas “sigue siendo un delito” y porque “la prohibición de la pastilla de anticoncepción de emergencia continúa vigente”.

Los derechos de las mujeres fueron muy destacados a lo largo de la discusión sobre la situación de los derechos humanos en el Estado hondureño. Por lo tanto, los miembros del Consejo de Derechos Humanos también exhortaron a Honduras a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que habilita al Comité encargado de monitorear su aplicación a recibir quejas individuales de personas cuyos derechos hayan sido violados.

No obstante, el Estado centroamericano comunicó que solo iba a “tomar nota” de esta recomendación y aseguró que no podía comprometerse a adoptar este tipo de medidas que “requieren una mayor socialización y participación previa de todos los sectores, particularmente de la sociedad civil y de aquellos que serán protegidos por esta normativa” y agregó que por lo tanto “[era] preciso iniciar un proceso amplio de consulta y debate a nivel nacional”.

En sus palabras conclusivas ante el Consejo de Derechos Humanos, Honduras concedió que “todavía existen muchos retos estructurales culturales e institucionales que vencer” con el fin de “construir la Honduras que anhelamos”.

En concreto, de las 152 recomendaciones recibidas durante su EPU, mecanismo de evaluación entre pares en el que participan los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, Honduras aceptó 140 y “tomó nota” de las 12 restantes. Estas últimas pueden considerarse como rechazadas puesto que la ONU solamente reconoce como aceptadas aquellas recomendaciones sobre las que los Estados manifiestan expresamente su aprobación.

Por último, el Estado hondureño se comprometió a seguir informado al Grupo de Trabajo del EPU sobre sus progresos a través de “un informe de mitad de período” que entregará en dos años y medio.