Por: Carmen Lucía Castaño
Ginebra, 24 de septiembre.- Durante el día de hoy tuvo lugar en Ginebra el examen de Chile ante el Comité de los Derechos del Niño. Su presidente, Benyam Dawit Mezmur, dio la bienvenida a la delegación chilena, compuesta por 18 personas.
La jefa de delegación, María Estela Ortiz Rojas, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, presentó la situación general de los derechos de los menores en Chile y las medidas que ha tomado el Estado para aplicar la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el país en 1990.
Ortiz aseguró que, recientemente, la presidenta de la república, Michelle Bachelet, presentó un conjunto de iniciativas legislativas que buscan garantizar los derechos del niño. “Esto es el inicio de una reforma estructural muy profunda en nuestro país” que incluirá modificaciones en la Constitución, indicó la funcionaria.
Ronda de preguntas
El relator para Chile del Comité, experto español Jorge Cardona, inició la ronda de preguntas señalando la situación de inequidad social en la que se encuentra Chile actualmente y destacando la carencia de una Defensoría del Niño. Adicionalmente resaltó la calidad de los proyectos de reforma que se tienen previstos, pero lamentó que no se les hayan dado a conocer en detalle: “La música suena bien, pero lo cierto es que no conocemos nada de la letra. No hemos visto ni un borrador de nada, así no es fácil tener una conversación”.
Por eso preguntó en qué consiste exactamente la reforma constitucional en lo que se refiere a la infancia y de qué manera se tramita “el proyecto que aún no hemos visto”.
Posteriormente, Hatem Kotrane, el otro relator de país, intervino para destacar el buen manejo que el Estado hizo durante el terremoto que tuvo lugar el pasado 15 de septiembre, que, a pesar de haber tenido una magnitud de 8,2 grados en la escala de Richter, tuvo 15 víctimas fatales. Al respecto preguntó qué medidas se han tomado para proteger a las familias de zonas rurales que pueden encontrarse en situación de vulnerabilidad frente a estos fenómenos naturales.
Por su parte, la experta Sara Oviedo (en la imagen) señaló que “los adolescentes en Chile fueron y siguen siendo protagonistas sociales que han dirigido y liderado reivindicaciones importantes”. Por esto, manifestó su preocupación por la represión durante las manifestaciones políticas “que incluso ha llevado a muertes” y preguntó a la delegación qué mecanismos de protección se están implementando para prevenir todo exceso del uso de la fuerza contra los adolescentes.
La experta marroquí Hynd Ayoubi Idrissi se unió a esta inquietud y solicitó información sobre las medidas previstas para que el crimen de tortura sea imprescriptible, y sobre lo que se ha hecho para garantizar la proporcionalidad en el uso de la fuerza durante las manifestaciones. Adicionalmente, saludó los esfuerzos judiciales para poner en marcha la prohibición de los tratos crueles en el contexto escolar. Sin embargo, preguntó si la prohibición del castigo físico aplica en todos los ámbitos de la vida o está excluido el llamado “derecho de corrección” de los padres.
Ronda de respuestas
Por parte del Estado tomó la palabra Antonia Urrejola Noguera, asesora de la Secretaria General de la Presidencia quien aseguró que el reconocimiento de los derechos de los niños es una parte relevante del proceso constituyente sobre el cual la presidenta Bachelet dará detalles “en los próximos meses”.
Acerca de la puesta en marcha de una Defensoría del Niño, Urrejola indicó que el proyecto que actualmente se estudia recogió iniciativas parlamentarias y de la sociedad civil. Precisó que se trataría de una institución autónoma y con presupuesto propio que no intervendría en procesos judiciales, pero podría colaborar en ellos.
Por otra parte, Rosa María Maggi Ducommun, Ministra de la Corte Suprema de Justicia, dijo que en las decisiones judiciales que implican a menores en todo tipo de tribunales se aplica el principio de interés superior del niño. Los jueces, explicó, deben explicitar en sus sentencias cuál es la situación concreta del niño y porqué las decisiones tomadas protegen su “interés superior”.
Así mismo, precisó la existencia de tribunales orales especiales en los que puede ser tramitada la responsabilidad penal del adolescente y recordó que en Chile solo son imputables personas a partir de los 14 años. En cambio, el derecho del niño a ser escuchado sí está garantizado sin restricción de edad. “Si se omite la audiencia del niño, explicó Maggi, puede anularse la decisión judicial”.
Ronda de preguntas
Jorge Cardona retomó la palabra para preguntar por las medidas contempladas en el Plan Nacional de la Infancia 2015-2025 sobre los niños con discapacidad e indagó por las políticas adoptadas para pasar de la educación especial a la inclusiva y pidió detalles de lo que esto significa en términos de infraestructura, presupuesto y formación de personal.
Oviedo pidió información sobre la preparación con la que cuentan los jueces para evitar la separación de los niños de sus familias por motivos ligados a la pobreza y preguntó qué mecanismos alternativos, tales como apoyo estatal a las personas en esta situación, están disponibles para evitar la ruptura familiar. De igual forma, pidió referirse a los casos de violación a menores por parte de sacerdotes: “¿Qué va a hacer el Estado para prevenir el delito, sancionar a los culpables y proteger a las víctimas?”, preguntó.
El experto monegasco Bernard Gastaud indagó por los programas e instituciones encargados de garantizar los derechos de los niños indígenas, específicamente en lo que se refiere al maltrato, al acceso desigual al agua y al hecho de que sus lenguas no sean suficientemente enseñadas en los colegios.
Kotrane, por su parte, abordó el tema del embarazo adolescente y preguntó por el estado del proyecto de despenalización del aborto, asunto varias veces tratado por la ONU con respecto a Chile, en donde este procedimiento es ilegal sin excepción alguna. Por esto, el experto preguntó si se prevé una despenalización absoluta y si el proyecto contempla aplicaciones especiales en el caso de menores de edad.
Ronda de respuestas
Gloria Sepúlveda, jefa de Relaciones Internacionales del Servicio Nacional de Menores, precisó acerca de la protección contra el castigo corporal, que en la legislación chilena se establece que el derecho a corregir de los padres excluye cualquier tipo de maltrato físico o psicológico.
Por su parte, Luis Correa, jefe de la división jurídica del Ministerio del Interior, señaló que la Institución Nacional de Derechos Humanos presentó dos resoluciones, origen de procesos judiciales, que dieron cuenta del uso excesivo de la fuerza por parte de carabineros durante allanamientos practicados en viviendas de indígenas. De igual manera, indicó que hay tres personas procesadas por “apremio ilegítimo” contra un joven durante las protestas de 2011.
Andrea Torres, coordinadora nacional del Sistema de Protección Integral a la Infancia “Chile Crece Contigo”, manifestó que el Programa de Atención Temprana garantiza ayudas técnicas, como prótesis o audífonos, a niños con discapacidad que pertenecen al programa que ella coordina. Agregó que el Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos promueve la salud a través de procesos de rehabilitación basados en las comunidades y no en la institucionalización.
Con respecto a la descriminalización del aborto, Antonia Urrejola manifestó que el 31 de enero de 2015 ingresó a la Cámara el proyecto de despenalización por tres causales: riesgo para la vida de la madre, malformación fetal y embarazo producto de violación o incesto. La funcionaria dijo que el proyecto “se encuentra en trámite y es una prioridad para el gobierno”.
Andrés Soffia Vega, coordinador de la Unidad de Inclusión y Participación Ciudadana del Ministerio de Educación, se refirió a la reforma educativa que tiene como meta eliminar el ánimo de lucro de toda institución que reciba financiamiento estatal. El funcionario indicó que la reforma dispone también la prohibición de la expulsión por mal rendimiento académico “pues la educación es un derecho social y no un premio”. Soffia indicó que el Estado invertirá 438 millones de dólares anuales orientados a mejorar infraestructura, apoyo docente e investigación.
Respecto a la educación de los niños pertenecientes a pueblos indígenas, afirmó que al sistema escolar se incorporó recientemente el principio de interculturalidad bilingüe por lo que ahora existe en el currículo la asignatura “lengua indígena”.
Luis Correa Bluas, jefe de la División Jurídica del Ministerio del Interior, respondió a propósito de los abusos sexuales cometidos por sacerdotes que Chile es un Estado laico y que el gobierno de la presidenta Bachelet “repudia” la violencia sexual contra los niños. Igualmente hizo una breve referencia al caso del sacerdote John O’Reilly, condenado por abuso sexual reiterado en contra de una menor. “Al cura O’Reilly el senado le revocó la nacionalidad y la Cancillería le quitó el permiso para vivir en Chile”, dijo Correa.
En sus observaciones finales, el relator Cardona calificó el diálogo como “fructífero y sincero”. Llamó la atención sobre la respuesta reiterada de Chile: “se está trabajando en un proyecto”. Sin embargo, matizó, “eso no es malo” porque significa que “chile está en marcha”. “Tendríamos que esperar a dentro de 5 años para que nos cuenten la realidad de cómo se han ido concretando estos proyectos”, concluyó.
La jefa de delegación dijo, por su parte, que aunque el proceso de concretización de los derechos de los niños es largo, Chile es perfectamente consciente de que sin ellos no hay desarrollo posible, por lo cual reiteró su compromiso con la Convención.
El presidente dio por concluida la sesión mandando sus saludos “a todos los niños chilenos”.
Las recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño formulará a Chile se harán públicas el próximo viernes 2 de octubre.
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