Por: Diego de León Sagot

 

Ginebra, 28 de septiembre.– Según un informe presentado hoy en Ginebra por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos –OACNUDH–, en el marco de la trigésima sesión del Consejo de Derechos Humanos, quienes usan drogas o son dependientes de tales sustancias tienen el mismo derecho a la salud que cualquier otra persona, y ese derecho no puede limitarse ni siquiera si su consumo constituye un delito.

Flavia Pansieri, Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos, al presentar el informe elaborado por su Oficina, recordó que, en 2010, el Relator Especial sobre el derecho a la salud alertó al Consejo de Derechos Humanos sobre la importancia de despenalizar la posesión y el uso de las drogas. “Es claro que (este) problema mundial impacta en el disfrute de un amplio rango de derechos humanos, incurriendo con frecuencia en serias violaciones”, añadió hoy la funcionaria.

Según explicó Pansieri en su alocución ante Estados y organizaciones no gubernamentales convocados a un panel para discutir los efectos de las políticas antidrogas en los derechos humanos, a la Oficina le preocupa sobre todo la repercusión de las medidas de combate contra las drogas en los ámbitos de la salud, la justicia penal, la discriminación y los derechos específicos de la niñez y los pueblos indígenas.

Con respecto a la salud, según OACNUDH, los programas de reducción de daños, como la provisión de jeringas y terapias para sustituir los opiáceos (como la heroína), están disponibles en menos de la mitad de países del mundo y su disponibilidad es aún más restringida en las prisiones. La Oficina destaca que estos programas ayudan sustancialmente a reducir las infecciones del VIH y de otras enfermedades de transmisión sanguínea y, por lo tanto, insta a los Estados a implementar este enfoque en el tratamiento de personas dependientes.

Sobre los problemas en el campo de la justicia penal, OACNUDH recordó que, según estimaciones, en 33 países se continúa aplicando la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas, lo que da como resultado aproximadamente mil ejecuciones cada año. Asimismo, el Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias ha demostrado que personas sospechosas de haber cometido infracciones relacionadas con la droga son más vulnerables a sufrir este tipo de privación de la libertad.

A la Oficina también le preocupa que, en algunos Estados, las sentencias por delitos menores vinculados a las drogas son objeto de penas desproporcionadas, lo cual tiene efectos negativos sobre un amplio espectro de derechos, tales como limitaciones a la custodia de los hijos o derechos de visita, el acceso a servicios públicos de vivienda, la asistencia de alimentos, la ayuda financiera a estudiantes o la elegibilidad para ciertos tipos de empleo.

En este marco, Pansieri recordó las palabras del ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, quien afirmó en el pasado que “un récord criminal de una persona joven por una ofensa menor puede ser aún más grave para su bienestar que el uso ocasional de drogas”.

Respecto a la niñez, la funcionaria hizo énfasis en la necesidad de considerar un enfoque de prevención y en que, en atención a las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, éstos no pueden ser objeto de persecución penal. Sobre los pueblos indígenas, Pansieri se limitó a indicar que las comunidades tienen el derecho de continuar con sus prácticas tradicionales, culturales y religiosas, y que, en principio, debería ser permitido el uso de drogas cuando sea parte de ellas.

Por último, Pansieri reconoció como un avance importante el hecho de que en la antesala de la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU sobre las políticas antidrogas, que tendrá lugar en abril de 2016, se incluya en la discusión cada vez más a los derechos humanos. Este encuentro mundial será la ocasión para debatir los éxitos y los fracasos de las políticas hasta ahora implementadas y para examinar alternativas al denominado “problema mundial de las drogas”.