Por: Carmen Lucía Castaño

 

Ginebra, 20 de marzo.- Los restos de centenares de desaparecidos en Colombia ya han sido identificados y, sin embargo, no han sido restituidos a sus familiares, que no los reclaman porque ignoran que su ser querido fue asesinado, enterrado como persona sin identificar, posteriormente exhumado y su identidad establecida.

Edinson Cuéllar, abogado del Colectivo Orlando Fals Borda, trabaja con su equipo para encontrar a las familias de estos colombianos que están en lo que él llama “una situación de desaparición a la inversa”. El jurista estuvo esta semana de visita en Ginebra, en donde se reunió con expertos internacionales en materia de desaparición forzada. Panorama habló con él.

¿En qué consisten los casos de desaparición en los que usted trabaja?

Se trata de personas que se encuentran en condición de desparecidos, aunque sus cuerpos ya fueron exhumados e identificados en los cementerios municipales de la región de los Llanos orientales en Colombia. No obstante, sus familiares no están al tanto de esta situación ya que no están buscándolos. Es un caso de desaparición a la inversa en el sentido en que los que están desaparecidos son los familiares.

¿Cuántas personas están en esta situación?

En los cementerios de la zona en que trabajamos, 830 personas de las 2292 enterradas como NN fueron identificadas por necrodactilia, es decir mediante el cotejo de las muestras dactilares que se toman del fallecido con los registros oficiales. Solamente 77 de esos cuerpos han sido restituidos porque no se ha podido identificar a las demás familias. En diciembre de 2015 hubo una entrega colectiva de otros 29.

En total van 108 cuerpos entregados. Y esto ha sido en una región en donde, gracias a la denuncia nacional e internacional, la Fiscalía General de la Nación ha puesto todo su empeño y ha asignado a fiscales en una labor de más de cinco años. Yo me pregunto, si esto es una región que tiene la atención del Estado y en donde se han invertido recursos, ¿cuándo tendrá solución el problema nacional que concierne a 20 453 cuerpos enterrados como personas sin identificar?

¿Algunas de estas 830 personas habían sido reportadas como desaparecidas?

Muy pocas. Los Llanos Orientales son una zona de colonización a donde muchas de estas personas se fueron a trabajar y, aunque sus familiares hubieran perdido el contacto por varios años, creían que todavía estaban trabajando allí o en otras regiones del país.

Muchas de estas familias no saben que sus seres queridos fallecieron ni que fueron reportados como muertos en combate.

De hecho, a veces se enteran gracias a nuestra campaña regional de visibilización “Contemos la verdad: porque todas las personas tienen una historia”, que consiste en publicar afiches, avisos de prensa o de radio para informar sobre la identificación de las personas previamente inhumadas como no identificadas en los cementerios municipales.

¿Qué han hecho las autoridades nacionales para contribuir en la búsqueda de las familias?

La Fiscalía General de la Nación publica la información en su página web y hace jornadas con otras entidades del Estado en donde van informando de las labores que se adelantan. Sin embargo, si esto no se adopta como una política pública va a ser muy difícil que los familiares se enteren. Como le digo, muchas de estas personas venían de otras regiones del país: de la Costa Caribe, el Pacífico, el interior, así que los allegados no se encuentran en la zona, sino que están regados por todo el país.

Se requiere una campaña nacional para que esos 20 453 restos mortales encuentren algún día a sus familias.

¿Por qué decidió venir a exponer el caso en Ginebra?

En principio, porque el sistema interamericano de derechos humanos está colapsado con casos, entonces pensamos en otras opciones.

Además, sabemos que es un caso sui generis. Al hablar con miembros del Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas y con expertos del Comité sobre el mismo tema, fue evidente que este es un asunto nuevo.

Sin embargo, consideramos que sí se trata de casos de desaparición forzada por lo que se deben establecer mecanismos de búsqueda de los familiares ya que la desaparición solo cesa en el momento en que las familias reciben efectivamente los restos mortales del ser querido que desapareció.

Quisimos exponer las complejidades jurídicas que esto suscita a nivel nacional e internacional. En Colombia estamos representando a un colectivo de personas que ya están muertas, sin poder de representación de ninguno de sus familiares porque precisamente es a ellos a quienes buscamos.

¿Cuál es la opinión de los expertos con los que se entrevistó?

Hay varias acciones que se pueden emprender. Una es que alguno de estos casos pueda presentarse bajo el mecanismo de búsqueda urgente, tratando de entender que sí son personas desaparecidas a pesar de que están identificadas, pero tienen esa condición precisamente porque no han aparecido para sus familias. Es decir, están desaparecidos para los familiares, aunque ya no lo estén para la institucionalidad colombiana. Hay que construir la argumentación jurídica y explicar las condiciones particulares del caso.

Hay otras interpretaciones de algunos artículos de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas que serían posibles para abordar estos casos, que llevarían trabajo un jurídico de más largo aliento con los mecanismos aquí en Ginebra. Vamos a ver. Vamos a optar por lo que sea más viable para las víctimas en Colombia.

Quedé en contacto con los expertos para ir aportándoles información porque, como le explico, el caso es tan sui generis que se requieren más elementos que permitan entender el contexto, las causas, el porqué no se puede localizar más fácilmente a los familiares a través de las bases de datos oficiales y, además, las dificultades jurídicas que tenemos nosotros como organización de derechos humanos para poder acceder a toda esa información.

En su opinión, ¿fueron exitosas las gestiones que adelantó?

Me voy satisfecho porque tengo más claro cómo está el panorama. Vemos que tenemos un caso jurídico difícil, nuevo, pero que se puede empezar a trabajar.

Los expertos nos han brindado oportunidades y opciones para abordarlo ya que, precisamente por lo novedoso, esto podría aportar para avanzar en la jurisprudencia y en las decisiones del Comité contra la Desaparición Forzada.