Actividades empresariales afectan desproporcionadamente a los indígenas en Perú: expertos de la ONU

En la presentación de su informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el pasado lunes en Ginebra, el grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos indicó que en Perú los pueblos indígenas sufren de manera desproporcionada las consecuencias negativas de las actividades empresariales “debido a los vínculos especiales que tienen con sus tierras ancestrales y sus recursos naturales y al hecho de que los proyectos extractivos a menudo se ubican en las zonas utilizadas o rodeadas por los indígenas”.

Los expertos indicaron además que, tal como pudieron constatarlo en su visita oficial a Perú del 10 al 19 de julio de 2017, “esa vulnerabilidad se ve agravada por la larga historia de prácticas de discriminación contra los pueblos indígenas”, quienes equivalen al 40 % de la población del país, según cifras oficiales citadas por el grupo de trabajo.

En las 23 páginas de su reporte, los cinco expertos de la ONU recordaron a Perú que es su obligación “exigir responsabilidades a las empresas por las consecuencias negativas de sus actividades en los derechos humanos y garantizar el derecho de las comunidades indígenas a dar su consentimiento libre, previo e informado al otorgamiento de las concesiones de petróleo y gas que les afecten”.

Luego de analizar la información que recopilaron en su visita oficial, durante la cual se reunieron con funcionarios, empresarios, comunidades indígenas y representantes de organizaciones de la sociedad civil, los expertos consignaron en su informe que es necesario que las consultas previas con las comunidades indígenas estén a cargo de un órgano independiente del ministerio responsable de otorgar las concesiones a las empresas.

Recomendaciones del grupo de trabajo

Adicionalmente, los expertos formularon 35 recomendaciones con el fin de garantizar el respeto de los derechos humanos en el marco de la acción de las empresas en Perú. Entre las que están dirigidas específicamente al Estado, el grupo pidió a las autoridades adaptar la legislación vigente con el fin de hacerla compatible con la normativa internacional, combatir la informalidad laboral y el trabajo infantil, y mejorar la protección de los defensores de derechos humanos.

Por otra parte, los expertos recomendaron a las empresas actuar “con la diligencia debida en materia de derechos humanos para detectar, prevenir y mitigar los riesgos y las consecuencias de sus actividades en los derechos humanos y para informar sobre la manera en que abordan esos riesgos y consecuencias negativas”. De igual forma, urgieron a las empresas a “remediar o contribuir al acceso a vías de reparación en caso de haber causado violaciones de los derechos humanos”.

Finalmente, el grupo de trabajo recomendó a la sociedad civil continuar con su labor de defensa de los derechos humanos y de divulgación de “las obligaciones y responsabilidades respectivas del Gobierno y las empresas a la luz del derecho internacional de los derechos humanos”. Finalmente, pidió a las organizaciones participar en el proceso de elaboración de un plan de acción nacional sobre empresas y derechos humanos.

Perú, que hizo uso de la palabra en tanto que Estado concernido tras la intervención del grupo de expertos, se refirió precisamente a este último punto: “Se ha iniciado el proceso de recolección de insumos para la elaboración del diagnóstico y la línea de base para el proceso de elaboración de nuestro Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos”, sostuvo la delegación peruana, que agradeció la visita del grupo de trabajo y reiteró su voluntad de cooperar con los mecanismos del Consejo, al que se unió como miembro en enero de este año.