El Relator Especial sobre los migrantes alertó hoy al Consejo de Derechos Humanos acerca de la explotación generalizada que sufren la mayoría de los trabajadores migratorios en el mundo. América Latina respaldó las conclusiones del experto.
Por: Ana Fondo
Ginebra, 14 de junio.- En la presentación de su informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos, François Crépeau, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los migrantes, aseguró que “el respeto de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su condición, debe ser el principio fundamental que guíe el crecimiento económico y los avances en el logro del bienestar social”.
Al dirigirse al Consejo, que lleva a cabo su 32.ª sesión hasta el 1 de julio en Ginebra, el experto hizo un llamado a los Estados a asegurar que los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas sean tratados como verdaderos derechos “y no simplemente como objetivos de desarrollo o programas de bienestar”.
En su informe, llamado Los efectos del comercio bilateral y multilateral sobre los derechos humanos de los migrantes, Crépeau insistió en que, a la hora de considerar el desempeño del comercio internacional, es necesario tener en cuenta “los desequilibrios de poder inherentes a la economía mundial y la asimetría en la atención que se presta a la eficiencia económica en detrimento de los trabajadores migrantes”.
François Crépeaux, Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los migrantes.
Según recoge el documento, “de los cerca de 232 millones de migrantes que hay en el mundo, 150.3 millones son trabajadores, y se prevé que el número de personas que cruzan las fronteras en busca de seguridad y empleo siga aumentando”.
Por esta razón, el Relator Especial evaluó la relación entre el comercio internacional y la migración en el contexto de la globalización, y mostró su preocupación ante “la ausencia de datos” sobre las contribuciones de los migrantes a los empleos con salarios bajos y medios. Según él, esta falencia fomenta la precarización de los trabajadores migratorios “junto con las actitudes discriminatorias y las elevadas tasas de desempleo en los países de destino”.
Para Crépeau, estos aspectos son la base de lo que él llama una “inclusión limitada” en los esquemas de movilidad social y traen consigo “la condición de subordinación de la mano de obra migrante”.
Latinoamérica respaldó el informe
Las intervenciones latinoamericanas fueron variadas, pero apoyaron el informe del experto. República Dominicana rechazó “la criminalización de la migración irregular, así como toda forma de racismo, xenofobia y discriminación contra los migrantes” e instó a todos los Estados a “garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes independientemente de su estatus migratorio, en especial de los de niños, niñas y adolescentes no acompañados”.
Cuba enfatizó en que los migrantes “no son una mercancía sino sujetos de derechos” y denunció “las políticas de inmigración restrictivas” así como la necesidad de aumentar la “cooperación internacional y responsabilidad compartida”. México, por su parte, pidió adoptar acuerdos de “movilidad laboral”.
Costa Rica, a su vez, mostró su preocupación por los “flujos extraordinarios” con “nuevas expresiones de migración” que ocurren en Centroamérica. “Hoy somos países de origen y destino, pero también de tránsito de personas migrantes” lo que, según el Estado, pone de manifiesto “la necesidad de coordinar estrategias, acciones de cooperación y políticas con perspectiva regional”.
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