ACNUDH rechazó el fallo que dejó en libertad a los militares investigados por el asesinato de 12 civiles ocurrido en 2014 e instó a las autoridades mexicanas a adelantar una investigación exhaustiva de los hechos.
Por: Gabriela Sotomayor
Ginebra, 20 de mayo.- El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Zeid Ra’ad Al Hussein, manifestó su preocupación por la resolución que dejó en libertad a tres militares procesados por la presunta ejecución extrajudicial de 12 personas en Tlatlaya, población ubicada a 240 kilómetros de la capital mexicana.
“Estamos profundamente preocupados porque a casi dos años de las serias violaciones perpetradas en Tlatlaya, estado de México, incluyendo la supuesta ejecución extrajudicial de 12 personas, el caso permanece en la impunidad y a las víctimas se les siguen negando sus derechos a la justicia y la verdad”, dijo en rueda de prensa en Ginebra Ravina Shamdasani, portavoz del ACNUDH.
Shamdasani recordó que, en junio de 2014, en una bodega ubicada en Tlatlaya, 22 personas fueron asesinadas, de las cuales al menos 12 habrían sido ejecutadas extrajudicialmente.
Siete militares fueron arrestados en conexión con el caso. Sin embargo, en octubre de 2015, un juez desestimó los cargos contra cuatro de ellos y, la semana pasada, una corte puso en libertad a los otros tres, al considerar que no había evidencia suficiente en su contra.
«Llamamos a las autoridades mexicanas a garantizar una investigación exhaustiva, eficaz, imparcial, independiente y rápida de este caso emblemático»: ACNUDH.
La portavoz subrayó que, durante su visita a México en octubre del año pasado, el Alto Comisionado Zeid dijo que el caso Tlatlaya sería seguido muy de cerca como una prueba del compromiso de las autoridades para luchar contra la impunidad, especialmente después de la modificación al Código Militar que delegó a la jurisdicción civil la investigación de los crímenes contra civiles cometidos por militares.
«Hacemos un llamado a las autoridades mexicanas a garantizar una investigación exhaustiva, eficaz, imparcial, independiente y rápida en este caso emblemático», dijo Shamdasani.
“También instamos a las autoridades fiscales y judiciales para cumplir con las más altas normas de derechos humanos en sus investigaciones», agregó.
El Alto Comisionado considera que las investigaciones deben extenderse hacia todos los eventuales responsables, incluidos los militares de alto nivel que puedan tener la responsabilidad de mando, así como aquellos que hayan manipulado u ordenado la alteración de la escena del crimen.
El Alto Comisionado reiteró a México la importancia de establecer una institución forense nacional autónoma.
La vocera indicó que otras denuncias de violaciones de derechos humanos relacionadas con el caso Tlatlaya, incluida la detención arbitraria y la tortura de testigos, “deben ser investigadas a fondo”.
Finalmente, reiteró la importancia de las pruebas forenses en este caso e instó a las autoridades a implementar con urgencia la recomendación, hecha por el Alto Comisionado en octubre, en el sentido de establecer una institución forense nacional autónoma que cuente con recursos suficientes.
“Esto, sin duda, reforzará las investigaciones en este y otros casos”, agregó Shamdasani quien también hizo referencia al “otro caso emblemático” de los 43 estudiantes de Ayotzinapa asesinados en 2014 y a la negativa de las autoridades de seguir cooperando con investigadores internacionales.
«Nuestra Oficina está dispuesta a asesorar a las autoridades competentes en México y también está lista para apoyar a las víctimas y sus representantes», concluyó la portavoz del Alto Comisionado.
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