Por: Edgar García
Ginebra, 20 de abril.- Tras el examen del informe de República Dominicana ante el Comité sobre los derechos de personas con discapacidad (CRPD), que se llevó a cabo entre el 7 y el 8 de abril, los expertos del mecanismo de la ONU que vigila la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad emitieron recomendaciones para subsanar la “escasez” de datos y estadísticas en relación con las personas con discapacidad en República Dominicana. Igualmente, recomendaron prohibir las esterilizaciones forzadas a mujeres y niñas.
En materia de estadísticas, el CPRD mostró su preocupación sobre la ausencia de cifras que indiquen, entre otros aspectos, el nivel de alfabetización o acceso a programas de inclusión social, y por “ la escasez de datos e información desagregada sobre las personas con discapacidad ”. Por lo tanto, los expertos recomendaron al Estado dominicano “sistematizar la recolección de datos e información desagregada acerca de las personas con discapacidad” y “unificar criterios y metodología para la recolección de datos estadísticos.”
De igual manera, los expertos mostraron su desconcierto en torno a las restricciones en el acceso a servicios sociales y sanitarios de personas con discapacidad de origen haitiano. Así, el Comité recomendó a República Dominicana “agilizar la restitución de todos los derechos de las personas con discapacidad a las personas de origen y/o ascendencia haitiana” para que puedan beneficiarse de los servicios y programas “dirigidos a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás.”
En materia de protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el CRPD se dijo alarmado sobre la existencia de “tratamientos médicos forzados”, como los tratamientos a base de células madre, o la llamada “solución mineral milagrosa” para “curar” el autismo. De esta manera, los integrantes del Comité pidieron al Estado “la prohibición explícita de tratamientos médicos […], sin el consentimiento libre e informado de la persona con discapacidad concernida”.
De igual modo, el Comité instó a crear un “mecanismo independiente” cuya tarea sea la de supervisar los centros de salud que administran los tratamientos controvertidos, con el motivo de proteger a las personas con discapacidad “contra actos que puedan considerarse como tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes.” Los expertos propusieron las mismas medidas para proteger a las mujeres y niñas con discapacidad quienes son calificadas “legalmente incapaces” por las autoridades dominicanas.
Sin embargo, el CRPD encomió “con satisfacción” la implementación por parte de República Dominicana de medidas legislativas, políticas públicas y programas referidos a diferentes aspectos de la Convención; entre otros, las normas incluidas en la Constitución del país caribeño sobre los derechos de las personas con discapacidad y la adopción de la Ley N° 05-13 sobre la igualdad de derechos de las personas con discapacidad, el Plan Nacional de Accesibilidad, la iniciativa para el desarrollo de una conferencia mundial sobre turismo accesible y por último el Programa de Desarrollo Inclusivo con Base Comunitaria denominado “Saliendo del Escondite”.
