Por: Edgar García

 

Ginebra, 9 de abril.- República Dominicana respondió ayer a las preocupaciones del Comité de la ONU sobre los derechos de personas con discapacidad (CRPD) en lo que tiene que ver con los tratamientos administrados a niños dominicanos y extranjeros para “curar” el autismo, y con los centros de salud que dispensan electrochoques a personas con discapacidad psicosocial. Además, el Comité mostró su preocupación por casos de esterilización de mujeres y niñas con discapacidad.

María Soledad Cisternas Reyes, presidenta del Comité, constituido por 12 expertos independientes, y Theresia Degener, otra de sus integrantes, pidieron saber qué medidas fueron emprendidas por el Estado dominicano para proteger a menores contra estos procedimientos experimentales, considerados por la ONU como una forma de tortura, y solicitaron información sobre los tratamientos a base de células madre, o la llamada “solución mineral milagrosa” para “curar” el autismo.

Magino Corporán Lorenzo, director del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) y jefe de la delegación dominicana, declaró que la principal medida para la protección de los derechos de los niños es la creación de “una comisión asesora en terapias celulares” en el Ministerio de la Salud Pública, que trabaja con la Dirección General de Drogas y Farmacias. Esa comisión está actualmente “preparando las normas para la aplicación de los tratamientos con células madre en enfermedades” en la cuales se haya comprobado su efectividad, precisó el director del Conadis.

Así mismo, añadió que el Consejo Nacional de Bioética en Salud (Conabios) tiene la responsabilidad de “cuidar el cumplimiento de los principios y normas nacionales e internacionales que deben aplicarse en toda investigación biomédica que involucre seres humanos en la República Dominicana”.

Por otra parte, Silvia Judith Quan-Chang, relatora sobre República Dominicana del Comité, mostró su preocupación por los centros de salud donde se administran electrochoques a personas con discapacidad psicosocial. En ese sentido, preguntó a la delegación dominicana por las acciones emprendidas por el Estado para prohibir ese “tratamiento obsoleto”.

Corporán respondió que los electrochoques “están prohibidos por la Constitución en el artículo 8, el cual establece que es función del Estado la protección efectiva de los derechos de las personas y el respeto a su dignidad”. Dijo también que el artículo 42 de la Carta, prohíbe las penas, torturas o procedimientos que “impliquen la pérdida o la disminución de [la] salud o de [la] integridad física o psíquica” de cualquier persona.

En cuanto a las esterilizaciones forzadas de mujeres y niñas con discapacidad, Stig Langvad, experto danés del Comité, y la relatora guatemalteca Quan-Chang, requirieron informaciones sobre las iniciativas que República Dominicana toma para proteger de este tipo de prácticas a las mujeres con discapacidad.

Según Corporán Lorenzo, la Ley 12-06, referida a la salud mental, dispone “de manera clara la voluntariedad de las personas para recibir el tratamiento o en su defecto el procedimiento legal correspondiente”. El director de la Conadis terminó diciendo que “para prevenir la esterilización forzada se realiza la aplicación de consentimiento informado siendo obligatoria la firma de paciente autorizando la esterilización”.