Por: Eva Díaz Piola

 

Ginebra, 28 de Abril.- En la víspera a la sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación Radical (CERD, por sus siglas en inglés) que evaluará a Guatemala entre el 29 y el 30 de abril, mujeres indígenas en representación de autoridades ancestrales y organizaciones no gubernamentales de Guatemala informaron a expertos del Comité sobre los problemas que persisten en esta materia.

La delegación, encabezada por la reconocida activista de Conavigua, Rosalina Tuyuc, denunció que persisten importantes carencias a nivel de políticas públicas, normas jurídicas y mecanismos específicos para la defensa y protección de pueblos y comunidades indígenas en Guatemala.

Según las organizaciones, uno de los principales problemas es la falta de tipificación de la discriminación racial y la incitación al odio racial como delito penal. Esta situación genera un alto grado de impunidad judicial, que se refleja el limitado número de sentencias judiciales (siete) en relación a las 384 denuncias de discriminación racial. Por este motivo, una de las recomendaciones propuestas por las organizaciones de pueblos indígenas es que se adopte “una ley específica de discriminación racial como acto punible”.

Por otra parte, también piden que se reconozca en la legislación nacional el concepto de “pueblos indígenas”. Tuyuc ha lamentado que en Guatemala “todavía persiste la segregación racial, que se ha asumido como natural y, por lo tanto, no se reconoce su existencia”.

Las activistas criticaron la falta de representación y participación política de los pueblos indígenas en las instituciones del Estado. A pesar de que el 60 por ciento de la población guatemalteca es indígena, la participación de este segmento en los órganos de poder es limitada. “El racismo se refleja en el congreso porque hay muy baja representación. Tan solo 28 de los 158 diputados son indígenas, y nada más uno de ellos representa los intereses de los pueblos indígenas”, señaló Rosenda Camey.

A su vez, Camey apuntó que la problemática de compra y venta de votos en comunidades indígenas acentúa la falta de representación y corrupción. Por este motivo, las organizaciones consideran que es “urgente” la reforma de la ley electoral y de partidos políticos para garantizar la inclusión de los pueblos indígenas en los procesos democráticos.

En relación a la cuestión sobre consultas previas a pueblos indígenas para concesión de exploración y explotación de recursos minerales y territorios, las organizaciones critican que “las consultas se realizan sobre todo a través de la iniciativa privada, y no se está tomando en cuenta la participación de pueblos indígenas”, según señaló Claudia Chopen.

La abogada explicó que se han se han contabilizado más de 80 consultas comunitarias en las que los pueblos indígenas han puesto de manifiesto “su rechazo rotundo a la actividad minera y extractiva”. Sin embargo, lamentó que dichas consultas no han sido tomadas en cuenta por el Estado porque no tienen un carácter vinculante.

Finalmente, en relación a la defensa y el derecho a la tierra, Tuyuc recordó que los “procesos comunitarios en defensa de la tierra fue la causa del genocidio en los años 80”, y señaló que aunque hoy “no hay una guerra declarada, las empresas son responsables de persecución contra los líderes de pueblos indígenas”. Por eso, las delegadas instaron a los expertos del CERD a que elaboren recomendaciones para que el Estado de Guatemala permita la visibilidad y cumplimiento de las necesidades de los pueblos indígenas en sintonía con los Acuerdos de Paz pactados en 1996.