Trabajo, vivienda y estatus legal: las necesidades más urgentes de los migrantes venezolanos

En un estudio divulgado el pasado viernes en Ginebra, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) retrató la realidad, los riesgos y las prioridades de los ciudadanos venezolanos que debieron salir de su país como consecuencia de la crisis económica, social y política.

Este trabajo fue llevado a cabo entre enero y junio de 2019 en ocho países latinoamericanos. La mayoría de la población encuestada se encuentra, en orden decreciente, en Ecuador (23 %), Colombia (20 %), Perú (15 %), Chile (14 %) y Argentina (12 %). A través de 7846 entrevistas, en las que se evaluó la situación de 19.670 personas, el Acnur pudo establecer que las necesidades más urgentes de esta población son el acceso al mercado laboral, la vivienda y la regularización de su estancia en los países de acogida.

Trabajo

El 28 % de los encuestados respondió que tiene un empleo informal, 19 % es vendedor ambulante y otro 18 % informó no tener trabajo en el momento de la encuesta. Solo 16 % de ellos declaró tener un empleo formal.

Sobre los trabajos que tenían antes de dejar Venezuela, solo el 5 % dijo haber estado desempleado y 13 % haber estado trabajando en la informalidad. Adicionalmente, el 18 % de los encuestados declaró haber sido empresario y otro 35 % estaba empleado formalmente. Otro 10 % se desempeñaba como servidor público.

Vivienda

Con respecto a la habitación, el 82 % de los migrantes encuestados vive en arriendo, 8 % está alojado como huésped y 4 % vive en centros colectivos. El 2 % declaró que vive en la calle. Casi la totalidad de las personas que cuentan con un alojamiento tiene acceso a agua potable.

Sin embargo, el 43 % de los encuestados declaró haber enfrentado obstáculos a la hora de conseguir un lugar de habitación. Entre estos citaron la falta de recursos, de garante o de documentos.

Estatus migratorio

Aunque 60 % de los ciudadanos entrevistados cuenta con algún tipo de permiso de residencia temporal, muchos de ellos corren el riesgo de encontrarse en una situación migratoria irregular cuando sus permisos expiren. Y la falta de documentación es, a su vez, una de las razones principales por las que los migrantes tienen dificultades para acceder a servicios básicos, como la salud y la educación.

Según explica el ACNUR en el informe que acompaña los resultados de la encuesta, “la alta prevalencia (29 %) de visas de turismo entre las personas entrevistadas puede explicarse por el hecho de que el acceso al territorio en la región se ha visto facilitado por los acuerdos que existen en el contexto de la Comunidad Andina y el Mercosur”, así como a los programas de permisos de residencia temporal que países como Brasil, Colombia y Perú pusieron en marcha para proteger a las personas venezolanas.

“Las soluciones a largo plazo para reemplazar los permisos temporales o mecanismos de estancia vencidos aún no han sido completamente implementadas”, explica ACNUR en su informe, en el que recalca, además, que solo el 4 % de los entrevistados cuenta con residencia permanente en los países de acogida, principalmente en Argentina, Chile y Uruguay.

Un 34 % no cuenta con ningún tipo de documentación porque ingresó de manera ilegal al país o porque su permiso temporal expiró.

A pesar de que solo el 15 % de los entrevistados había solicitado asilo, el 26 % expresó su voluntad de hacerlo y otro 22 % dijo no saber si lo haría. “La población entrevistada mostró un conocimiento muy limitado de los procedimientos de asilo y sus derechos y, a menudo, optó por la forma más rápida y fácil de permanecer legalmente en un país”, explican en el informe los expertos del ACNUR.

Alimentación, salud y educación

Acerca de la seguridad alimentaria, el 63 % de los encuestados dijo estar consumiendo tres comidas al día, otro 23 % manifestó hacerlo dos veces, mientras que el 4 % reportó que solo come una vez. El 10 % restante manifestó estar en capacidad de alimentarse más de tres veces al día.

El informe señala que la mayoría de encuestados manifestó que, tras su salida de Venezuela, la situación les cambió drásticamente en términos del acceso a la alimentación: “La ingesta diaria promedio de alimentos y la capacidad de cubrir las necesidades básicas mejoraron sustancialmente con el tiempo y después del desplazamiento”.

El 26 % de las personas entrevistadas relató haber tenido algún problema de salud tras haber salido de Venezuela. De ellas, el 91 % recibió algún tipo de atención médica. Aunque la cobertura es alta, los encuestados mencionaron entre los obstáculos para acceder a los servicios sanitarios la falta de seguro médico, recursos, información o documentos.

Uno de los datos más preocupantes es que el 52 % de los niños de los hogares encuestados no está escolarizado. Según indica el informe, las causas son múltiples: puede tratarse de que la familia acaba de llegar al país de acogida, se encuentra en tránsito, no cuenta con la documentación o recursos necesarios para la inscripción o no existen suficientes cupos en los colegios públicos.

Riesgos

La encuesta también pudo establecer que el 50.2 % de las familias entrevistadas enfrentó o enfrenta riesgos específicos por motivos de edad, género, estado de salud u otras necesidades, o porque se vieron enfrentadas a tomar decisiones drásticas para subsistir, como mendigar, mandar a sus hijos menores de 15 años a trabajar o incluso recurrir al sexo de supervivencia.

El estudio reveló que la mayoría de las personas que abandonaron Venezuela lo hizo en bus, que más de la mitad debió separarse de uno o más miembros de su familia y que las principales formas de obtener información para emprender el viaje fueron, en su orden, el diálogo con compatriotas, WhatsApp, Facebook, navegadores de Internet e Instagram.

El 85 % de los encuestados dijo sentirse seguro en sus nuevos lugares de residencia. A pesar de que el 43 % relató haber sufrido discriminación, el 80 % indicó que su relación con la comunidad local es positiva. El 19 % de las personas encuestadas manifestó su intención de volver a Venezuela cuando la situación lo permita.

Al anunciar la publicación del estudio, la portavoz del ACNUR en Ginebra informó a la prensa que el organismo acogió con beneplácito la hoja de ruta acordada el pasado 5 de julio en Buenos Aires como parte del llamado Proceso de Quito, una iniciativa de los Gobiernos regionales para armonizar las políticas de acogida de refugiados y migrantes venezolanos.

El ACNUR, que estima que más de 3.3 millones de venezolanos se encuentran viviendo como migrantes o refugiados en Latinoamérica y el Caribe, presentará actualizaciones semestrales de este informe.