Por: Ines Carel

 

Ginebra, 7 de octubre.– El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuya trigésima sesión tuvo lugar entre el 17 de septiembre y el 2 de octubre en Ginebra, fue el escenario de un nuevo episodio de debate internacional sobre la guerra civil en Sri Lanka. Una resolución adoptada al filo de la sesión del Consejo promueve la creación de un mecanismo judicial nacional para investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas en el marco del conflicto armado.

Según el texto adoptado por consenso, el Consejo “acoge con beneplácito la propuesta del Gobierno de Sri Lanka de establecer un mecanismo judicial con un abogado especial para investigar las denuncias de abusos y violaciones de los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario”, y que un proceso “digno de crédito debería incluir instituciones judiciales y fiscales independientes encabezadas por personas conocidas por su integridad e imparcialidad”.

Tras cinco años de finalizado el conflicto que enfrentó al gobierno esrilanqués, de mayoría cingalesa, a la agrupación guerrillera denominada Ejército de Liberación de los Tigres Tamiles, en el país se intenta instaurar un proceso de justicia transicional, de cara a la reconciliación nacional, a través del cual se busca esclarecer la responsabilidad sobre las masivas violaciones de derechos humanos ocurridas durante la guerra civil.

Observación internacional a pesar de rechazo gubernamental

Luego de fuertes señalamientos de organizaciones no gubernamentales y de víctimas sobre la impunidad en torno al pasado reciente, el Consejo de Derechos Humanos le encargó a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) en 2014 llevar a cabo una investigación que arrojara luces sobre los hechos.

Según el Alto Comisionado, “el antiguo gobierno rechazó categóricamente la investigación mandatada por el Consejo de Derechos Humanos y rehusó acceso y cooperación. Más preocupante, recurrió a una implacable campaña de intimidación y hostigamiento en contra de las víctimas, testigos y representantes de la sociedad civil que traten de proveer información a la OACNUDH”.

El antiguo presidente de Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, estuvo en el poder de 2005 a 2015, es decir ocupó el cargo durante los años más cruentos del conflicto, que según estimaciones de organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch cobró la vida de más de 80 mil personas. También corresponde a la mayor parte del periodo que abarcó la investigación de la ONU, que según decisión del Consejo de Derechos Humanos, debía aparcar del 2002 al 2014.

El nuevo gobierno, que asumió en enero de 2015, tampoco permitió el ingreso al país de los investigadores de la OACNUDH. No obstante, según el propio Alto Comisionado, las actuales autoridades han encarado de manera más constructiva las posibilidades de procesos de rendición de cuentas y reconciliación.

Además, se permitió el acceso al país al Relator Especial sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, Pablo de Greiff, quien realizó una visita en marzo pasado, de la cual emanó un conjunto de recomendaciones para que Sri Lanka avance en el proceso de justicia transicional. Asimismo, el país será sede en noviembre de este año de la reunión del Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas e involuntarias.

Militarización y control de región tamil

Según el Alto Comisionado, “desde enero del 2015 se ha abierto un espacio significativo para la libertad de expresión, por lo menos en Colombo”, la capital de Sri Lanka. Sin embargo, reconoció que en el noreste del país, de mayoría tamil, se siguen reportando hechos de “hostigamiento e intimidación por el ejército y los servicios de inteligencia. Esto demuestra la perduración de las estructuras y de las culturas institucionales que crearon el ambiente represivo del pasado”.

Para Thimurugan Gandhi, coordinador de la ONG tamil “May 17 movement”, una de las tantas organizaciones que se hizo presente en Ginebra durante el Consejo de Derechos Humanos, la militarización de la zona constituye uno de los principales obstáculos para avanzar en el proceso de justicia transicional.

“En el noreste del país hay más o menos un millón de tamiles. Pero hay más de 150 mil militares esrilanqueses en esa misma región. Por cada seis tamiles, hay un militar esrilanqués”. Es más, añadió el activista, “los militares son la clase dirigente en la región (…) las empresas, la agricultura, los hoteles, el turismo: todo es dirigido por el ejército”.

“La desafortunada realidad es que el sistema de justicia criminal de Sri Lanka actualmente no está equipado para conducir una investigación independiente y veraz sobre acusaciones de esta amplitud y magnitud, o para que los responsables de tales acusaciones rindan cuentas”, dijo el Alto Comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, en su discurso de presentación del informe ante el Consejo de Derechos Humanos en septiembre pasado.

El Alto Comisionado había alertado en varias ocasiones sobre “el total fracaso de los mecanismos internos para conducir investigaciones creíbles, clarificar la verdad de los eventos pasados, asegurar la responsabilidad y reparar a las víctimas”. En sus informes de actualización ante el Consejo de Derechos Humanos sobre la situación en Sri Lanka, Zeid había dejado claro que un tribunal doméstico no haría justicia a las víctimas del conflicto.

Un tribunal híbrido versus un mecanismo nacional

Dada la gravedad de los hechos y acorde con las peticiones de las víctimas, OACNUDH recomendó la constitución de un “tribunal híbrido especial ad hoc”, es decir, un mecanismo judicial con participación de jueces y fiscales nacionales e internacionales. Esta recomendación suscitó el rechazo absoluto del gobierno esrilanqués, que, a su vez, puso en marcha una ofensiva diplomática para impedir una decisión del Consejo de Derechos Humanos en esta dirección.

Sin embargo, durante la presentación del informe de la OACNUDH sobre Sri Lanka, ningún Estado se hizo eco de la recomendación sobre la conformación de un tribunal de tales características, ni siquiera para señalar su desacuerdo. La respuesta de los Estados fue unánime: el nuevo gobierno es un cambio importante y hay que seguir en esa dirección.

Según explicó T. Gandhi, existen intereses geoestratégicos que impiden una acción más contundente de cara al establecimiento de la verdad por medio de la instauración de un tribunal internacional, o al menos de uno híbrido.

Uno de ellos es el control del puerto Trincomalee. “Estados Unidos estuvo intentando establecerse en el puerto durante los años 1970 y en 1996 llegó a un acuerdo con el gobierno de Sri Lanka. Sin embargo, India advirtió que si firmaban un contrato con Estados Unidos, entonces su ejército los atacaría. El conflicto ha estado ahí desde hace tiempo”, afirmó el activista. “Ahora que las políticas indias están alineadas con las norteamericanas, han aceptado compromisos de seguridad regional, así que Sri Lanka le ha dado el puerto a Estados Unidos”, añadió.

“Cuando se tiene el puerto de Trincomalee, se puede controlar todo el mar: Sri Lanka es la única isla de ese mar. Cada barco que viene de China, del este o del sureste de Asia, tiene que pasar delante de Sri Lanka. Cada barco que transita desde África hasta el Medio Oriente, tiene que pasar por ahí. Es un área vital y la única que no ha sido controlada por la potencia norteamericana en los últimos 50 o 60 años. Estados Unidos la necesita desesperadamente”.

Negociaciones en Ginebra a todo vapor

Durante las dos semanas de reuniones del Consejo de Derechos Humanos, las negociaciones en torno a la resolución sobre Sri Lanka fueron intensas. El primer borrador, presentado por Estados Unidos, preconizaba un proceso judicial y de reconciliación con carácter internacional. Con el apoyo de Pakistán y Rusia, entre otros países, Sri Lanka rechazó este borrador al que criticó por la presencia internacional que suponía, a la que consideraba una inminente violación de la soberanía nacional.

Cuatro días más tarde, la resolución pasó a recomendar un proceso de carácter nacional, aconsejando incluir “jueces del Commonwealth y otros países, abogados de defensa, así como abogado de acusación e investigadores autorizados” en el mecanismo de justicia.

La resolución que logró consenso en el proceso de adopción, además de recomendar este mecanismo nacional de justicia, destaca “la colaboración positiva entre el Gobierno de Sri Lanka y el Alto Comisionado y la Oficina del Alto Comisionado desde enero de 2015, y los alienta a seguir colaborando en la promoción y protección de los derechos humanos y en el estudio de formas apropiadas de apoyo internacional a los procesos de Sri Lanka para la búsqueda de la verdad y la justicia y de participación internacional en ellos”.

Asimismo, “apoya la firme determinación del Gobierno de Sri Lanka de reforzar y salvaguardar la credibilidad de los procesos de búsqueda de la verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición mediante la celebración de consultas nacionales amplias con inclusión de las víctimas y la sociedad civil, incluidas organizaciones no gubernamentales, de todas las comunidades afectadas”.

Según el texto, estas consultas “servirán de base para la concepción y ejecución de esos procesos, aprovechando los conocimientos especializados, la asistencia y las mejores prácticas internacionales”.

Por otra parte alienta al gobierno a que “investigue todas las presuntas agresiones perpetradas, por personas o grupos, contra periodistas, defensores de los derechos humanos, miembros de grupos religiosos minoritarios y otros miembros de la sociedad civil, así como los ataques contra lugares de culto, y a que exija responsabilidades a los autores de esos actos y adopte medidas para prevenirlos en el futuro.

El debate sobre Sri Lanka continuará provocando, sin lugar a dudas, fuertes encuentros diplomáticos en Ginebra toda vez que el Consejo de Derechos Humanos, en su resolución, también solicita a la OACNUDH que “siga evaluando los progresos en la aplicación de sus recomendaciones y otros procesos pertinentes relacionados con la reconciliación, la rendición de cuentas y los derechos humanos”.

Por último, le pide a la Oficina que “presente oralmente información actualizada al Consejo de Derechos Humanos en su 32º período de sesiones (junio 2016), y un informe completo sobre la aplicación de la resolución en su 34º período de sesiones (marzo 2017)”.