Por: Carmen Carrasco
Ginebra, 29 de enero.- Los próximos 2 y 3 de febrero México deberá responder por primera vez ante el Comité de las Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas, sobre las políticas implementadas por el Estado en esa problemática, con miras a garantizar, respetar y proteger a todas las personas de la practicas de desapariciones forzadas. El examen tendrá lugar como parte del compromiso adquirido por el Estado tras adherirse a dicho instrumento internacional en el 2008.
La delegación mexicana comparecerá ante el grupo de diez expertos de la ONU de distintas nacionalidades, que integran dicho Comité y que se encargan de monitorear el cumplimiento de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
Problemáticas sensibles del caso mexicano
México enfrenta una crisis en tema de desapariciones forzadas que se hizo visible a escala internacional luego de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, a manos de la policía municipal el 26 de setiembre de 2014. Hasta el momento solo ha sido identificado uno de los estudiantes desaparecidos, aunque la versión oficial de las autoridades afirma que fueron calcinados y arrojados a un río. Investigaciones independientes no han podido identificar científicamente a los otros 42 estudiantes.
Por otro lado, más de 22 mil personas han desaparecido entre diciembre de 2006 y octubre de 2014, según el Registro Nacional de Personas extraviadas o desaparecidas (RNPED), base de datos implementada en el 2011 por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ).
Durante el examen ante el Comité, México tendrá que responder, entre otras cuestiones, si el delito de desaparición forzada ha sido integrado en los códigos penales de las entidades federativas, acorde con las disposiciones contenidas en la Convención sobre desapariciones forzadas.
Las leyes federales no reconocen las diferentes maneras en que los servidores públicos pueden estar involucrados en desapariciones forzadas, tal y como lo exige el artículo 2 de la Convención, según un informe de Amnistía Internacional enviado a este Comité de la ONU.
El Estado también tendrá que proporcionar información detallada acerca de las competencias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y proporcionar ejemplos concretos de las acciones tomadas en materia de desaparición forzada.
Amnistía Internacional ha señalado que la CNDH reportó la existencia de 15 921 cuerpos no identificados en distintas morgues del país durante el 2013, y que recibieron los casos de 24 000 personas desaparecidas, de los cuales 2 400 están bajo investigación.
Asimismo, el gobierno tendrá que informar sobre la creciente impunidad en que permanecen estos crímenes contra los derechos humanos. Según el informe de Amnistía Internacional, entre el 2005 y 2009 solo se han dictado seis condenas por el delito de desapariciones forzadas, las cuales se refieren a crímenes cometidos antes del 2005. Por consiguiente, ninguno de los casos ocurridos a partir del 2006 ha sido esclarecido y sus responsables condenados.
Padres de estudiantes desaparecidos reclamarán en Ginebra
Trascendió que una delegación de padres de los estudiantes desaparecidos, acompañados por la organización de derechos humanos Tlachinollan, estará en Ginebra durante la presentación de la delegación de su gobierno ante los expertos de la ONU.
Felipe de la Cruz, vocero de los padres de familia, señaló el pasado lunes en conferencia de prensa que los familiares de las víctimas “repudiaban la forma cómo el procurador general de justicia pretende cerrar de manera descarada lo sucedido en Iguala el 26 y 27 de setiembre”.
Esto en respuesta a las declaraciones oficiales de Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República, quien aseguró que las investigaciones llevadas a cabo hasta la fecha les daban la certeza legal de que los normalistas fueron asesinados por el grupo criminal Guerreros Unidos, basados en las confesiones de los delincuentes.
