Por: Ana Fondo

 

Ginebra, 10 de noviembre.- Así lo constató el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en su último informe sobre la situación actual de la apatridia, que fue presentado el pasado 3 de noviembre en Ginebra.

Las personas apátridas son aquellas a las que ningún Estado reconoce su ciudadanía, a pesar de que la nacionalidad es uno de los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de que es protegida por otros instrumentos jurídicos como la Convención de los Derechos del Niño o el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

Aun así, indica el ACNUR, cada diez minutos nace un niño en condición de apátrida en Estados que carecen de leyes concretas sobre el derecho a la nacionalidad, aunque, según el derecho internacional, son ellos los encargados de regular el otorgamiento de la ciudadanía por nacimiento, ascendencia y residencia, entre otros.

Ante este panorama, durante los meses de julio y agosto pasados el ACNUR se reunió con más de 250 niños, adolescentes y adultos en esta situación para estudiar los casos y plantear soluciones en países como República Dominicana, Jordania, Italia y Costa de Marfil.

«Yo soy un ser humano»; «Es un hecho, ante sus ojos, que existo»; «Yo soy parte de esta sociedad”, fueron algunos de los sentimientos comunes expresados por los entrevistados en este informe, que pretende fomentar la campaña del ACNUR comenzada en 2014 con el Plan de Acción Mundial, desarrollado en conjunto con los Estados, la sociedad civil y las organizaciones internacionales, en el cual se estableció un marco guía para poner fin a la carencia de nacionalidad de aquí a 2024.

Para el ACNUR, los Estados concernidos “deben hacer frente a la apatridia tan pronto como sea posible para contribuir a la integración y la cohesión social”, a través del establecimiento de un registro universal de nacimientos y de reformas a las leyes de nacionalidad. Igualmente, las autoridades nacionales deben hacer frente a este problema y mejorar las condiciones para que los niños y jóvenes, sobre todo, adquieran más fácilmente su documentación.

Este último aspecto es crucial toda vez que en más de 30 países, entre ellos República Dominicana, Costa de Marfil, Tailandia e Italia, se requiere una identificación oficial para dar tratamiento médico a un niño y, en al menos otros 20, los niños apátridas no pueden ser vacunados legalmente. En otros casos, los apátridas pueden acceder a estos servicios, pero los impuestos para los “no nacionales” son excesivamente altos y muchos de ellos no tienen suficientes recursos para costeárselos.

Una de las personas con las que se entrevistó el ACNUR para la elaboración del informe fue Sandokan, un hombre apátrida que vive en Roma con su hija Christina, y quien relató cómo en determinadas ocasiones han tenido que acudir al servicio de urgencias al no ser atendidos por el servicio público pediátrico por carecer de nacionalidad. “Es nuestra única opción para el cuidado de la salud, incluso para un simple dolor de garganta”, afirmó.

Como ellos, millones de niños y adolescentes son excluidos del acceso a otros servicios básicos como la educación que, según recordó el ACNUR, “no siempre es un derecho”. Según los datos registrados en el informe, la mayoría de los jóvenes apátridas encuentran numerosos obstáculos en niveles superiores de la formación escolar.

En la República Dominicana, por ejemplo, aprobar los exámenes nacionales al final de la escuela primaria es un requisito para la admisión a la secundaria. Sin embargo, la capacidad de presentar tales exámenes a menudo se limita a aquellos que tienen una nacionalidad registrada.

En ese país caribeño, la mayoría de los afectados son niños y adolescentes de origen haitiano quienes, a pesar de haber nacido o vivido durante toda su vida en territorio dominicano, no pueden obtener la nacionalidad debido a las dificultades para reunir la documentación requerida por las autoridades, al alto costo del trámite y a la inadecuada gestión de solicitudes por parte de los funcionarios locales.

Sin embargo, los testimonios de los afectados dan cuenta de una realidad diferente. Por ejemplo, Paloma, una de las adolescentes entrevistadas por el ACNUR para la realización del informe, lo expresó así: «Me siento dominicana independientemente de los documentos”.

Para contribuir a la protección del derecho a la nacionalidad de las personas en situaciones semejantes, el Alto Comisionado para los Refugiados también lanzó la campaña #IBelong con el objetivo de “generar compromisos políticos para resolver situaciones prolongadas de apatridia y prevenir el surgimiento de nuevas situaciones que la produzcan de forma masiva”.

La iniciativa #IBelong continúa buscando adeptos. En la página web del ACNUR se puede encontrar una carta abierta para contribuir a la protección del derecho a la nacionalidad. Dicha carta ha sido firmada, hasta hoy, por más de 80 000 personas. Si usted también quiere hacerlo puede acceder al formulario a través de este enlace.

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