Por: Carmen Lucía Castaño

 

Ginebra, 1 de mayo.- Delegados del gobierno colombiano manifestaron este viernes ante el Comité de la ONU contra la Tortura (CAT) que el Estado es consciente de la grave crisis que enfrentan las cárceles del país y de las precarias condiciones de vida que tienen las personas que allí se encuentran privadas de la libertad.

La jefa de la delegación, Marcela Abadía Cubillos, quien ocupa el cargo de directora de Política Criminal y Carcelaria del Ministerio de Justicia, aseguró ante los diez expertos del CAT que el Estado colombiano está replanteando el sistema penitenciario y la política criminal que lo sustenta, de la que dijo haber sido concebida “de manera desordenada, no planeada y con un carácter extremadamente punitivista”.

Abadía señaló que el gobierno colombiano reconoce que el encerramiento no es la solución a la criminalidad y que, por esa razón, está enfocando la reestructuración del sistema penitenciario hacia la prevención del delito. En el mismo sentido, agregó que aunque el gobierno nacional sabe que la solución a la crisis carcelaria no es la construcción de más centros de reclusión, también reconoce que hay “una gravísima deficiencia en el tema de infraestructura”. Para enfrentarla, dijo la funcionaria, el gobierno tiene previsto crear 12 000 nuevos cupos en los próximos tres años.

Sobre las soluciones previstas para aliviar la situación en el corto plazo, Abadía informó que actualmente el Ministerio del Interior, la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación ya aplican medidas concretas. Se refirió, por ejemplo, a las “brigadas jurídicas” que consisten en la visita de representantes de las tres instituciones, acompañados por un juez de ejecución de penas, a diferentes cárceles del país en donde gestionan la libertad condicional de reclusos que reúnan las condiciones para solicitarla.

Con respecto a la reciente sentencia de la Corte Constitucional en la que se ordena la intervención urgente de seis cárceles colombianas, Abadía anunció que el Consejo Superior de Política Criminal, ente encargado de asesorar al gobierno nacional en la materia, ya elaboró un plan de acción que será presentado en los próximos días a la Corte.

En el mismo sentido, aseguró que ya está en trámite un proyecto de ley que busca reglamentar sanciones alternativas a las medidas de aseguramiento toda vez que, según datos oficiales, el 70% de la sobrepoblación carcelaria está constituido por personas indiciadas, es decir, que no han sido vencidas en juicio y que “la privación de la libertad se debe reservar para los casos más graves de criminalidad”.

Varios expertos del Comité formularon contrapreguntas e hicieron observaciones tras la intervención de los delegados colombianos. El mauriciano Satyabhoosun Gupt Domah dijo que la crisis carcelaria debe atenderse de manera “seria, urgente y creativa” y pidió poner en marcha un sistema de penas no privativas de la libertad para responsables de infracciones menores.

Por su parte, el italiano Alessio Bruni recalcó que acabar con los abusos en contra de los reclusos es una decisión “que no tiene verdaderas repercusiones pecuniarias”. Bruni insistió en que el sistema penitenciario colombiano necesita que se le haga un estrecho seguimiento nacional e internacional, razón por la cual volvió a plantear la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otras Penas o Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes, lo cual permitiría una participación activa en Colombia del Subcomité para la prevención de la Tortura. Al respecto, el italiano concluyó diciendo que “el Subcomité puede ayudarles a corregir los problemas que tiene su sistema penitenciario”.

Al final de la sesión, el presidente del CAT, Claudio Grossman, agradeció la información aportada por la delegación y reiteró su respaldo al proceso de paz que tiene lugar en este momento en Colombia. “Si eso sale bien, no va a ser una buena noticia solo para ustedes, sino para todos nosotros”, afirmó. Marcela Abadía, por su parte, aseguró que el Estado colombiano tomará muy en cuenta las recomendaciones y observaciones del Comité, que serán publicadas este 15 de mayo, y agradeció a los expertos por sus intervenciones.