Por: Carmen Carrasco

 

Ginebra, 1 de mayo.- El Comité de la ONU de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares examinó a Perú la semana pasada en Ginebra, Suiza, y presentó su informe sobre el cumplimiento de la convención homónima por este país. El Comité recomendó al Estado elaborar una nueva legislación migratoria acorde con la Convención y otros tratados de derechos humanos ratificados por Perú.

Asimismo recomendó al Estado que tome las medidas necesarias para ratificar los Convenios Nº 97, 143, 181 y 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Aconseja realizar estadísticas que incluyan datos detallados sobre la situación de los trabajadores migratorios, los que estén en tránsito por el país y los que están en el extranjero, y los emigrantes; además, recomienda producir información desagregada por sexo, edad y condición migratoria, en relación con los derechos reconocidos en la Convención.

Entre otras medidas aconsejadas por el comité para los trabajadores migratorios dentro del país, están la de asegurarles el acceso a la asistencia médica, y garantizar educación a los hijos de estos trabajadores, con independencia de su situación migratoria. Por otro lado, se debe garantizar a los trabajadores migratorios en situación irregular que puedan disfrutar de su derecho sindical de acuerdo al artículo 26 de la Convención.

En materia de derechos de la niñez, los expertos del Comité recomendaron que estos derechos aparezcan de forma explícita en la legislación aplicable sobre trabajadores migratorios de acuerdo con la Convención y la Convención sobre los derechos del niño.
El Comité recomienda a Perú que realice las acciones necesarias para facilitar la reunión de los trabajadores migratorios con sus cónyuges o con aquellas personas que mantengan con el trabajador migratorio una relación de efectos equivalentes al matrimonio, al igual que con sus hijos, sin distinción alguna con base en el género.

En lo relativo a la trata de personas en contexto migratorio, el Comité instó que se investigue, persiga y sancione a las personas, grupos o entidades que organicen o estén involucrados en esos delitos, así como informar sobre el impacto de la imposición de visado de turista a trabajadores haitianos, en particular en el tráfico de migrantes y la migración irregular hacia el país.

Perú deberá informar por escrito al Comité sobre el seguimiento de las recomendaciones dentro de dos años, es decir, a más tardar el 24 de abril de 2017.