Por: Edgar García
Ginebra, 30 de abril.- El Estado español respondió a las preocupaciones de los diez expertos del Comité contra la Tortura (CAT) relativas a los indultos en casos de tortura y al mecanismo interno de indemnización a víctimas de tortura. Sin embargo, los miembros de este órgano de la ONU, encargado de velar por la aplicación de las disposiciones de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, no quedaron satisfechos con las informaciones brindadas por la delegación ibérica.
Cristina Martínez Arrieta, asesora de la Subsecretaría del Ministerio de la Justicia, respondió a las preocupaciones del Comité en materia de impunidad en casos de tortura explicando que “el indulto es una medida de gracia regulada por la Constitución” y que este “no pretende modificar la consideración, la tipificación, la gravedad o la repercusión social de ningún tipo de delito”. No obstante, aclaró, “el indulto comporta la extinción total o parcial de la responsabilidad criminal del sujeto, pero nunca afecta el delito en sí mismo y la culpabilidad del condenado”.
Con respecto al caso del indulto concedido por el Gobierno a los cinco Mossos d’Escuadra en el año 2012, Martínez Arrieta precisó que el perdón de la pena otorgado por el Gobierno a los policías catalanes consistió en “conmutar las penas de prisión […] por penas de multa” y destacó el carácter “excepcional” de este procedimiento jurídico.
A pesar de que Claudio Grossman, presidente del Comité, acogió la aclaración de que el indulto no significa amnistía (que extingue los antecedentes penales), expresó su descontento y su inquietud por el uso del indulto para personas que fueron declaradas culpables de tortura. “Nos preocupa que frente a los hechos de la tortura a Lucian Padurau se haya dado un indulto reiterado”, señaló Grossman e indicó su inquietud ante la posibilidad de que personas declaradas culpables de este delito terminen “pagando diez euros al día”.
En torno a las interrogaciones del Comité sobre la existencia de un mecanismo de indemnizaciones para las víctimas de tortura, la delegación española sostuvo que “el artículo 14 de la Convención tiene plena aplicación en España”. Dicho artículo estipula que los Estados parte tienen que garantizar el derecho a una indemnización “justa y adecuada” a las víctimas. Así, el Estado español sostuvo que su marco legislativo “asegura [las indemnizaciones] a las víctimas de los delitos violentos”.
Por su parte, el senegalés Abdoulaye Gaye, relator sobre España del Comité, instó al Estado a dar más aclaraciones sobre el sistema interno de indemnizaciones a la víctimas en el país.
El Comité contra la Tortura publicará las observaciones y recomendaciones que hará al Estado español el próximo 15 de mayo.
