Expertos de la ONU llaman a México a rechazar públicamente la práctica de la tortura

El Comité de la ONU contra la Tortura instó a las autoridades mexicanas a “pronunciarse sin ambigüedades en favor del respeto de la prohibición absoluta de la tortura” y a “anunciar públicamente que quien cometa actos de esta índole, sea cómplice en ellos o los tolere, será personalmente responsable de tales actos ante la ley y estará sujeto a enjuiciamiento penal y las sanciones apropiadas”.

Este grupo de diez expertos internacionales examinó la situación en México los pasados 25 y 26 de abril y este viernes publicó las recomendaciones que le formuló para que cumpla las disposiciones de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, un instrumento jurídico internacional ratificado por el Estado en 1986.

Durante su examen, la delegación mexicana aseguró que no es una política de Estado y negó que sea una práctica generalizada.

Sin embargo, el Comité destacó que, según mecanismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, la situación es extremadamente grave: los expertos recibieron informes en los que se documenta “una muy alta incidencia de la tortura y los malos tratos, incluida la violencia sexual, en particular por parte de miembros de las fuerzas de seguridad y agentes de investigación durante el arresto y las primeras etapas de la detención”.

El Comité llamó a las autoridades a terminar de elaborar y adoptar un Programa Nacional para prevenir y sancionar la tortura y los malos tratos, tal como está contemplado en la Ley General contra la Tortura. Este programa, dijeron los expertos, deberá contar con recursos financieros suficientes para su correcto funcionamiento y garantizar la participación de organizaciones de la sociedad civil especializadas en la documentación de casos de tortura o en el acompañamiento a las víctimas.

Salvaguardias para las personas privadas de la libertad

Este órgano especializado de la ONU recomendó a México asegurarse de que todas las personas detenidas “gocen en la práctica de todas las salvaguardias fundamentales desde el principio de su privación de la libertad de conformidad con las normas internacionales”.

De manera particular, el Comité pidió a las autoridades garantizar a los detenidos la asistencia legal oportuna, y, de ser necesario, gratuita, tener acceso a un médico independiente, recibir información del porqué de su detención, informar a la familia de la detención, poder impugnar su legalidad y ser llevado ante un juez sin demora.

Confesiones obtenidas bajo tortura

Adicionalmente, México deberá adoptar todas las medidas necesarias para “asegurar en la práctica la inadmisibilidad de cualquier declaración obtenida mediante tortura” y garantizar que todas las denuncias en este sentido sean investigadas de inmediato. Así mismo, deberá velar por que, en estos casos, la carga de la prueba recaiga en el Estado y no en la víctima.

En complemento de estas medidas, el Estado debe proveer formación técnica a jueces y fiscales “a fin de que sean capaces de detectar e investigar eficazmente todas las denuncias de tortura y malos tratos, y en particular fortalecer su capacidad institucional permitiéndoles desestimar las declaraciones obtenidas bajo tortura”.  

Adicionalmente, las fuerzas del orden y las autoridades judiciales deberán recibir cursos obligatorios “en los que se ponga de relieve la relación entre las técnicas de interrogatorio no coercitivas, la prohibición de la tortura y los malos tratos y la obligación de los órganos judiciales de invalidar las confesiones obtenidas bajo tortura”.

México tiene un año de plazo para informar al Comité qué ha hecho para cumplir con las recomendaciones relativas al rechazo público de la práctica de la tortura, la puesta en marcha del Programa Nacional y la garantía de las salvaguardias para las personas privadas de la libertad. Posteriormente, en mayo de 2023, el Estado volverá a ser examinado por el Comité contra la Tortura.