Experto de la ONU advierte sobre los retos fiscales del nuevo Gobierno de Bolivia

“El nuevo Gobierno deben sustentarse en los avances considerables logrados en el último decenio en la realización de los derechos económicos, sociales y culturales”, declaró Juan Pablo Bohoslavsky al presentar su informe sobre Bolivia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se encuentra reunido este mes en Ginebra para su cuadragésima tercera sesión.

Tras realizar una visita al país suramericano en mayo de 2019, el experto sobre las consecuencias de la deuda externa sobre los derechos humanos aplaudió el “singular modelo de desarrollo liderado por el Estado”, en particular la financiación de políticas sociales que han contribuido a la reducción de la pobreza ­y de la pobreza extrema casi a la mitad en los últimos 13 años.

Entre las buenas prácticas destacadas por el experto de nacionalidad argentina está la obligación de los bancos privados de dedicar como mínimo un 60 % de su cartera a créditos destinados a viviendas sociales y al sector productivo. También señaló en su informe la introducción de un impuesto directo a los hidrocarburos que ha permitido aumentar la inversión pública y financiar programas sociales, además del aumento del salario mínimo que ha generado un mayor poder adquisitivo para la población.

La sostenibilidad del modelo boliviano

Sin embargo, Bolivia continúa enfrentando enormes desafíos: el déficit fiscal supera el 7 %, la deuda externa alcanzó el 24.9 % del PIB en 2018 y el 83.1 % del empleo total es informal, según cifras avanzadas en el informe.

Durante su alocución, Bohoslavsky expresó dudas sobre la sostenibilidad del modelo boliviano: “la desaceleración económica de 2014 puso de manifiesto las limitaciones estructurales del modelo, que se basaba en gran medida en el ‘extractivismo’ y carecía de incentivos para una fiscalidad más progresiva y una transición de los mercados informales a la economía formal”.

Pese a los intentos de diversificar su economía, se explica en el informe, Bolivia continúa dependiendo en gran parte de la explotación minera y de hidrocarburos –30 % de sus ingresos fiscales–, lo cual lo hace vulnerable a la volatilidad de los precios externos.

Crisis poselectoral

El reporte también hace referencia a la violencia poselectoral ocurrida entre octubre y noviembre de 2019 que resultó en la muerte de 35 personas, por lo menos 800 heridos y 106 detenidos, además del exilio del expresidente Evo Morales, después de que un alto mando militar le sugiriera presentar su renuncia.

“Son un reflejo de las tensiones y divisiones profundamente arraigadas en la sociedad y de la fragilidad del tejido de la democracia y el estado de derecho en Bolivia”, lamentó Bohoslavsky.

El experto no dejó de señalar los asesinatos y los ataques racistas que continúan en contra de la población indígena.

“Apreciaciones subjetivas”

Tras la intervención del experto, la delegación boliviana declaró que las apreciaciones sobre la crisis poselectoral “no coinciden con la realidad”.

La delegación criticó la inclusión de estos eventos, mientras que estos sucedieron posteriormente a la visita del experto en mayo, y señaló que el informe “no toma en cuenta los cientos de denuncias sobre violaciones a los derechos humanos que para mayo de 2019 se habían realizado contra el Gobierno del entonces presidente Evo Morales”.

“La seriedad y la escala de los crímenes cometidos entre octubre y diciembre de 2019 en Bolivia hacen que su omisión haría simplemente incompleto el informe sobre la situación de derechos humanos en el país”, replicó Bohoslavsky. 

“La democracia, el Estado de derecho y el pleno respeto a los derechos humanos son los pilares de crecimiento inclusivo y el desarrollo sustentables que constituyen el foco de este informe”, agregó.

El experto, cuyo periodo acabó durante este Consejo, agradeció la invitación de Egipto a visitar el país, que será llevada a cabo por su sucesor. La delegación de Cuba anunció que presentará una resolución ante el Consejo para renovar el mandato del experto independiente