La ONU confirma que Carabineros cometió violaciones graves de derechos humanos en Chile

“Hay razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre, se ha producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos”, sostuvo la oficina de la ONU presidida por Michelle Bachelet (ACNUDH), que publicó hoy el esperado informe sobre la situación en Chile en el contexto de las protestas masivas que tienen lugar en diferentes regiones del país desde hace poco menos de dos meses.

“La gestión de las manifestaciones por parte de Carabineros se ha llevado a cabo de manera fundamentalmente represiva”, dice el organismo en su informe, que también sostiene que la policía chilena “ha incumplido, de forma reiterada, con el deber de distinguir entre manifestantes violentos y personas que se manifestaban pacíficamente: Carabineros utilizó fuerza no letal cuando las manifestaciones fueron pacíficas, con el objetivo aparente de dispersarlas o evitar que los participantes llegaran al punto de reunión”.

“Algunas violaciones de derechos humanos, en particular, el uso inadecuado de armas menos letales y casos de malos tratos, son recurrentes en el tiempo y el espacio”, sostiene el duro informe elaborado por cuatro miembros del equipo de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, quienes visitaron el país en noviembre por invitación del Gobierno de Sebastián Piñera.

Uso indebido de la fuerza, tortura, detenciones arbitrarias y violencia sexual

La ACNUDH también se refirió a la muerte de cuatro personas en manos de agentes del Estado. “En dos de los casos aparece que se utilizó fuerza letal con armas de fuego donde no era estrictamente inevitable para proteger la vida, lo que contradice las normas y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y podría, dependiendo de las circunstancias, constituir una ejecución extrajudicial”.

Así mismo, indica que hubo “numerosas detenciones indiscriminadas” que podrían ser consideradas arbitrarias a la luz de las normas internacionales y que “un gran número” de personas arrestadas y detenidas fueron maltratadas. “Algunos de estos casos, incluidos los de violencia sexual, simulación de ejecuciones y 32 amenazas de que las personas serían ‘desaparecidas’, equivalen a tortura”, señala la ACNUDH.

Por otra parte, aseguró que mujeres, niñas y personas LGBTI han sufrido formas específicas de violencia sexual (incluida la desnudez forzada), principalmente en el contexto de las detenciones y destacó que también pudo documentar casos graves de violencia sexual contra hombres y niños.

“El uso indebido e indiscriminado de armas menos letales se observó tanto durante manifestaciones pacíficas como en enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, especialmente por parte de Carabineros”, continúa el informe que indica que la cantidad de personas con lesiones oculares, dos de las cuales quedaron ciegas, da cuenta del uso indebido de este tipo de arma.

Lesiones oculares

Según cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, citadas en el reporte de la ONU, 352 personas sufrieron traumas oculares del 17 de octubre al 6 de diciembre. “Consideramos que el número alarmantemente alto de personas con lesiones en los ojos o la cara muestra que hay razones fundadas para creer que las ‘armas menos letales’ se han utilizado de manera inadecuada e indiscriminada, en contravención de los principios internacionales para minimizar el riesgo de lesiones”, dice el organismo.

Pero lo que es más grave es que tan solo cuatro días después del inicio de las protestas, cuando ya había 29 personas con heridas en los ojos, varias organizaciones empezaron a publicar información sobre este tipo de lesiones causadas por Carabineros, y aún así no hicieron nada para evitarlas: “Las autoridades tenían información sobre el alcance de las lesiones causadas desde el 22 de octubre. Sin embargo, las medidas tomadas no fueron inmediatas y efectivas para poner fin al uso de armas menos letales”.

La ACNUDH indicó que, aunque Carabineros publicó en 2012 un informe en el que concluyó expresamente que las balas de goma solo deberían dispararse a una distancia mínima de 30 metros, reportes médicos a los que tuvo acceso durante su visita señalan que el hecho de que los perdigones penetren el cuerpo “es una razón fundada para creer que fueron disparados a corta distancia”.

Recomendaciones de la ACNUDH

La oficina de la alta comisionada concluye su informe con 21 recomendaciones al Estado chileno para poner fin a las violaciones cometidas, reparar a las víctimas, castigar a los responsables y prevenir que estos hechos se repitan en el futuro.

La primera es garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la protesta y a la libre expresión “sin restricciones ni riesgos innecesarios y desproporcionados para su integridad física”.

A continuación, recomienda a las autoridades asegurarse de que las fuerzas armadas cumplan con los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, poner fin al empleo de escopetas antidisturbios y de armas menos letales en el contexto de las manifestaciones pacíficas y recurrir a los gases lacrimógenos solo de forma excepcional, y nunca dentro ni cerca de establecimientos educativos o de salud.

De igual manera, pide al Gobierno introducir reformas estructurales en el funcionamiento de Carabineros con el fin de que sus acciones cuenten con supervisión de civiles, que los registros de detenciones sean íntegros y accesibles al público, que sus efectivos estén reciban capacitación en materia de derechos humanos, específicamente en materia de género y de protección de personas con discapacidad, y que siempre estén debidamente identificados al ejercer sus funciones de seguridad pública.

Por otra parte, solicita llevar a cabo investigaciones completas y exhaustivas con respecto a todas las denuncias de violaciones de derechos humanos y respetar los derechos de las personas detenidas en el contexto de las manifestaciones.

En otro sentido, recomienda que el proceso de elaboración de una nueva Constitución sea inclusivo, participativo y transparente, y que garantice la paridad de género y la inclusión de los pueblos indígenas y de todos los sectores de la sociedad.

Finalmente, pide establecer dos mecanismos encargados de, en primer lugar, abordar las causas estructurales que condujeron a las legítimas protestas de los ciudadanos con el fin de darles solución y, en segundo lugar, de evaluar la implementación de las recomendaciones formuladas en el informe, cuyo texto completo está disponible en este enlace.