Por: Carmen Lucía Castaño

 

Ginebra, 13 de marzo.- La Comisión Colombiana de Juristas pidió a la Representante del Secretario General de la ONU para la Cuestión de los niños y los conflictos armados, Leila Zerrougui, en el marco de la presentación de su informe al Consejo de Derechos Humanos, que visite a Colombia con el fin de invitar a los actores del conflicto armado a que reconozcan las violaciones de los derechos humanos que han cometido contra niños y se comprometan a detenerlas.

“La Mesa de Diálogo de La Habana no puede dejar de abordar adecuadamente la situación de la niñez y la adolescencia afectada por la confrontación armada”, dijo la representante de la Comisión, Ana María Rodríguez, en referencia al proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se lleva a cabo en la capital cubana.

Rodríguez presentó algunas cifras que dan cuenta de la situación de los niños afectados por el conflicto en Colombia. “Durante el año 2014 se registraron al menos 125 eventos de uso o reclutamiento forzado por actores armados no estatales; 39 homicidios y 14 agresiones sexuales contra niñas, niños y adolescentes; 138 ataques a instituciones educativas (…) y al menos 140 eventos de desplazamiento forzado”, precisó la defensora de los derechos humanos.

En el mismo sentido, recordó las recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño le hizo a Colombia el pasado 4 de febrero en Ginebra, cuando examinó la situación del país en la materia. El Comité expresó en ese momento su preocupación por el reclutamiento forzado y la violencia sexual de la que son víctimas los niños en esa nación y le recomendó adoptar medidas específicas para proteger sus derechos en el contexto del conflicto.

Una de esas medidas consiste en “Continuar asegurando que las opiniones, intereses y necesidades de los niños se incluyan en el actual proceso de paz”. La vocera de la Comisión Colombiana de Juristas manifestó que el papel de la Representante Especial “es clave” para la puesta en marcha de esta recomendación del Comité, toda vez que, según señaló, “tras más de dos años de negociaciones, el Gobierno colombiano y las FARC-EP continúan sin reconocer de manera expresa a todas y todos los niños, niñas y adolescentes afectados por la confrontación armada como víctimas”.