Por: Diego de León Sagot
Ginebra, 24 de enero.- Tras la comparecencia de Paraguay ante el Examen Periódico Universal (EPU), celebrado el pasado miércoles 20 de enero en la sede de la ONU en Ginebra, organizaciones no gubernamentales paraguayas expresaron su malestar luego que varias problemáticas de derechos humanos sensibles para el país no fueron relevadas durante el examen; entre ellas mencionaron la militarización, los problemas ligados a la tenencia de la tierra y el latifundismo, así como el uso masivo de agrotóxicos para la producción de monocultivos.
Francisco Benítez Añasco, representante de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay –Codehupy–
En declaraciones a Panorama, Francisco Benítez Añasco, de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay –Codehupy–, que aglutina a 39 organizaciones que trabajan en ese ámbito, remarcó la ausencia de recomendaciones sobre la militarización de la zona norte del país, un fenómeno “que produce serias violaciones de derechos humanos, como tortura y ejecuciones extrajudiciales a consecuencia de la intervención policial militar que actualmente está vigente en Paraguay”.
Por su parte, Marcial Gómez, dirigente de la Federación Nacional Campesina del Paraguay, compuesta por pequeños productores campesinos sin tierra, explicó que “con la militarización actualmente en tres departamentos de la zona norte del país, supuestamente para combatir fuerzas armadas irregulares en esa región, se han producido ejecuciones de dirigentes y líderes comunitarios por parte de las fuerzas de tarea conjunta –policía y ejército–, que lamentablemente no se investigan”.
“La militarización es una violación de nuestra Constitución Nacional”, indicó Aníbal Cabrera, director de la Coordinadora por los derechos de la infancia y la adolescencia, una red de 35 organizaciones que trabajan por los derechos de la niñez en Paraguay; según argumentó, “el actual gobierno modificó la Ley de defensa para que los militares operen internamente”, lo cual va en contra de la carta magna.
Aníbal Cabrera, director de la Coordinadora por los derechos de la infancia y la adolescencia, durante su visita a la ONU en Ginebra.
También deploró que como parte de las recomendaciones no se haya mencionado el reclutamiento forzado de niños a manos de grupos no estatales en la zona norte del territorio paraguayo, fenómeno “muy preocupante”.
Un aspecto sobre el cual coinciden los representantes de las organizaciones no gubernamentales es la reincidencia de las recomendaciones de este EPU con las del primer examen de Paraguay, en 2011. “Casi la totalidad de recomendaciones hechas ya en el 2011 fueron reiteradas y esa es una demostración clara de que el gobierno paraguayo no ha avanzado realmente en su política pública para dar cumplimiento con ellas”, acotó Marcial Gómez.
La delegación oficial “ha venido con un libreto proponiendo a los Estados que han cumplido la mayoría de recomendaciones que emanaron del anterior EPU, sin embargo, desde las organizaciones vemos con preocupación esta forma de presentarse, ya que tenemos suficientes elementos para sostener que no es así, que Paraguay no ha avanzado significativamente en el cumplimiento de las recomendaciones anteriores”.
También criticaron que la delegación estuvo representada solo por el Ejecutivo y no por los tres poderes del Estado. “No hubo ni un diputado ni senador con cargo de representación parlamentaria, tampoco representantes del Ministerio Público, o del Poder Judicial, ningún juez, ningún fiscal, ningún ministro de la Corte Suprema de Justicia”, agregó Aníbal Cabrera.
“Estamos hablando de derechos humanos y de las responsabilidades que tienen los tres poderes juntos en garantizar estos derechos como Estado. Lamentamos mucho que no hayan estado estas autoridades presentes durante el examen”, añadió el Director de la Coordinadora por los derechos de la infancia y la adolescencia.
Para Ireneo Téllez, representante de Tierra Viva de los pueblos indígenas del Chaco, “el Estado sigue considerando la vigencia de los derechos humanos y su obligación de garantizarlos, respetarlos y protegerlos como una cuestión secundaria, y no una cuestión central en su actuar institucional. Su política de cumplimiento de derechos humanos se agota en estos informes”, aseguró.
Latifundios, agrotóxicos y comunidades indígenas y campesinas
Uno de los temas ausentes en el debate del EPU fue el problema del monocultivo masivo y el latifundismo agroindustrial como modelo de desarrollo.
“El origen de todos los problemas sociales del Paraguay, relacionados con los pueblos indígenas y campesinos, tiene que ver con la concentración de tierra en manos de unos pocos. El 2,5% de la población tiene más del 85% de las tierras, según informaciones oficiales”, explicó Téllez.
Ireneo Téllez, representante de Tierra Viva de los pueblos indígenas del Chaco
“Llama la atención que Paraguay no haya mencionado en su informe, ni en su intervención oral, el compromiso que ha asumido para la recuperación de las tierras malhabidas”, dijo Téllez en referencia al informe de la Comisión de Verdad y Justicia, entregado en 2008, que da cuenta de las expropiación masiva de tierras durante la época de la dictadura.
Se calcula que hay ocho millones de hectáreas que fueron expropiadas y entregadas a latifundistas. “Es preocupante… si esas estructuras no se remueven, seguiremos teniendo estos problemas y se irán agravando”, agregó Téllez.
Por su parte, Marcial Gómez, de la Federación Nacional Campesina, afirmó que actualmente existen más de 300 mil campesinos sin tierra, y según estimaciones, 10 mil grandes productores –aquellos que tienen más de 500 hectáreas y en algunos casos hasta un millón–, se dedican al monocultivo de soja y maíz, todos con semillas transgénicas, lo cual trae consigo la utilización masiva de agrotóxicos.
Marcial Gómez, dirigente de la Federación Nacional Campesina del Paraguay
Según datos oficiales provistos por Gómez, en 2009 ingresaron a Paraguay, para un ciclo agrícola de monocultivo de la soja, alrededor de 10 millones de kilo de agrotóxicos. En el 2015, esta cifra se triplicó: 30 millones de kilos de herbicidas, fungicidas e insecticidas, fueron utilizados sólo para la producción de este monocultivo.
“Varias comunidades indígenas y campesinas están siendo atropelladas por los productores. Por un lado, las comunidades que no tienen la capacidad de resistencia están siendo expulsadas de sus tierras”, explicó el líder campesino; “las que se oponen y resisten, están siendo criminalizadas y reprimidas por el Estado… las fuerzas de seguridad, a través de disposiciones judiciales, resguardan las fumigaciones a los costados de las comunidades, de las escuelas, de los caminos comunales…”, lamentó.
“Nos preocupa que no haya sido abordado en el EPU… lastimosamente no fue resaltado como un tema de preocupación”, dijo Gómez, “pero nosotros vamos a seguir insistiendo a través de la lucha en nuestro país e instalando esta problemática en el debate que tiene lugar en estas instancias internacionales, como el EPU”, concluyó.
Organizaciones hacen un balance desde Ginebra luego de la comparecencia de Paraguay ante el EPU
