Otras instancias de la ONU piden a Venezuela investigar la represión durante las protestas

“Hemos recibido reportes consistentes de una inobservancia sistemática y generalizada de los derechos humanos por parte de las autoridades venezolanas en la represión de los manifestantes, periodistas y defensores de los derechos humanos”, dijeron este jueves nueve expertos de la ONU en un comunicado conjunto difundido en Ginebra.

Los expertos llamaron al Gobierno nacional a respetar y proteger el derecho a la manifestación pacífica y a la libertad de expresión y a hacer frente a las situaciones subyacentes que llevan a las personas a protestar, como la escasez de comida, agua y medicamentos.

Según la información recabada por los expertos de la ONU, al menos mil personas, entre las que figuran menores de edad, habrían sido detenidas arbitrariamente entre el 21 y el 29 de enero pasado, y la mayoría de ellas habrían permanecido incomunicadas durante varios días.

De igual manera, recibieron denuncias según las cuales “26 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares progubernamentales cuando participaban en manifestaciones entre el 22 y el 25 de enero”.

Los expertos del Consejo de Derechos Humanos que firmaron esta declaración son los relatores especiales sobre libertad de expresión, David Kaye; ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard; libertad de asociación, Clément Nyaletsossi; defensores de derechos humanos, Michel Forst; tortura, Nils Melzer; derecho a la salud, Dainius Püras; pueblos indígenas, Victoria Tauli Corpuz y derecho a la privacidad, Joseph Cannataci, además del presidente del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, Seong-Phil Hong.

Los expertos también obtuvieron información de que las fuerzas de seguridad habrían usado munición real, balas de goma y perdigones contra los manifestantes, y que la situación habría sido agravada por que los centros hospitalarios no contaban con los insumos necesarios para atender a los heridos.

Así mismo, aseguraron haber recibido denuncias de 48 periodistas que habrían sido objeto de detenciones arbitrarias, ataques o confiscación de equipos entre el inicio de las protestas en enero y la primera semana de marzo.

Comunidades indígenas en Kumarakapay y Santa Elena de Uairén, estado Bolívar, ubicado en el sureste del país, también habrían sufrido ataques por parte de las fuerzas de seguridad de Venezuela.

Con base en estas graves denuncias, los expertos pidieron al Gobierno venezolano “llevar a cabo una investigación inmediata, imparcial y efectiva de las muertes ocurridas durante las protestas” y liberar a quienes pudieran haber sido detenidos arbitrariamente por ejercer sus derechos.

El pronunciamiento de Bachelet

El comunicado de los expertos fue difundido un día después de que Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los derechos humanos (ACNUDH), hiciera graves denuncias sobre violaciones de derechos humanos que habrían tenido lugar en el contexto de las recientes manifestaciones en Venezuela.

Bachelet también manifestó su alarma por la magnitud de la crisis y advirtió que las sanciones económicas impuestas contra Venezuela pueden agravarla y empeorar la calidad de vida de la población.

Las declaraciones de Bachelet se dieron en cumplimiento de un mandato que le dio en septiembre pasado el Consejo de Derechos Humanos, en virtud del cual debe presentar ante este órgano de la ONU dos informes orales y uno escrito sobre la situación en Venezuela.

Por otro lado, y de manera totalmente independiente a la elaboración y presentación de estos informes, un equipo de la ACNUDH se encuentra en el país desde el pasado 11 de marzo para evaluar una posible visita personal de Bachelet, que tendría lugar por la invitación que le extendió en noviembre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.