Por: Diego de León Sagot
Ginebra, 17 Nov (Cerigua).- Guatemala compareció este lunes en Ginebra ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en cumplimiento de sus obligaciones por ser parte desde 1988 del Pacto Internacional que regula estos derechos; éste es apenas el tercer informe que presenta el país (1996, 2003 y 2014) desde la ratificación del instrumento, a pesar que la rendición de cuentas debe ser cada cinco años, según las reglas establecidas por el Comité.
En su alocución ante el grupo de expertos, Antonio Arenales Forno, actual secretario de la Paz (SEPAZ) y titular de COPREDEH, quien encabeza la delegación oficial del gobierno, reconoció que si bien desde la firma de los Acuerdos de Paz en el país “ha habido significativos avances, el mayor rezago lo continuamos teniendo en el goce y disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, principal obstáculo para transitar de la democracia formal… a una democracia real y participativa”.
Para el funcionario, “… en tanto no haya cambios constitucionales y estructurales, será imposible que superemos el rezago y deficiente ejercicio por todos los guatemaltecos, sin discriminación ni exclusión, de los derechos económicos, sociales y culturales”, señaló luego de admitir que “la ausencia de consensos nacionales ha permitido que prevalezcan los intereses más conservadores que se oponen, por temor, a cualquier modificación constitucional”.
Arenales Forno es acompañado por el ministro de Trabajo, Carlos Contreras, el secretario Ejecutivo del Gabinete de Desarrollo Rural, Adrián Zapata, así como la Subsecretaria de Políticas Públicas de SEGEPLAN y un funcionario de SESAN; “hubiésemos querido tener en la delegación funcionarios de todas las áreas sociales, incluyendo educación y salud”, dijo Arenales Forno, sin embargo “atravesamos una severa crisis económica de desfinanciamiento del presupuesto, crisis hospitalaria y conflictividad que lo imposibilitaron”, agregó .
Adrián Zapata, quien dirige el Gabinete de Desarrollo Rural, presentó ante los expertos la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, como “parte fundamental del Pacto Hambre Cero”, que impulsa la administración del presidente Otto Pérez Molina; según el funcionario, a través de esta política “decidimos enfrentar las causas inmediatas de la desnutrición, pero también las raíces estructurales que las determinan y que están relacionadas con la pobreza y la ausencia de desarrollo”.
Previo al inicio del examen, los expertos del Comité se reunieron con representantes de organizaciones no gubernamentales, quienes expresaron su preocupación al constatar que “los obstáculos para la realización de los derechos económicos, sociales y culturales, están relacionados con la estructuración del Estado en torno a intereses de una pequeña parte de la población en detrimento de la mayoría”.
Más de sesenta organizaciones guatemaltecas presentaron a los expertos un informe alternativo al oficial, como contrapeso a la postura del gobierno, en el que, entre otros aspectos, da cuenta de las profundas limitaciones y falta de reconocimiento sobre los derechos de los pueblos indígenas, la situación de las mujeres, en especial las que trabajan en el servicio doméstico, la situación de los campesinos, así como la implantación de un modelo de desarrollo que impide a la mayoría de la población de ser parte del mismo.
El examen continuará mañana martes con un diálogo entre los expertos y la delegación oficial, en el que se busca profundizar en aspectos relativos a la implementación de las disposiciones contenidas en el Pacto Internacional. El Comité remitirá a finales de este mes sus observaciones finales y recomendaciones al Estado de Guatemala para avanzar en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en la materia.
Fin Cerigua
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