Por: Gabriela Sotomayor

 

Ginebra 24 Octubre .- La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresó hoy gran preocupación por la desaparición forzada de 43 estudiantes en el municipio de Iguala, en el estado mexicano de Guerrero, y urgió a las autoridades a encontrarlos.

Los estudiantes fueron vistos por última vez el 26 de septiembre, cuando fueron privados de su libertad por la policía municipal que supuestamente actuaba en colusión con un grupo del crimen organizado, dijo en rueda de prensa en Ginebra la portavoz del ACNUDH Ravina Shamdasani.

Sobre el caso, el procurador general de México Jesús Murillo Karam confirmó que los autores intelectuales de la desaparición de los estudiantes son el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, quienes se encuentran prófugos de la justicia.

Shamdasani relató que el día de los hechos, seis personas fueron asesinadas, incluyendo un niño de 15 años y tres estudiantes, y al menos 17 personas fueron heridas.

Si bien la portavoz del Alto Comisionado reconoció que el gobierno de México ha activado mecanismos de búsqueda de los estudiantes y ha arrestado a 52 personas en conexión con las desapariciones, insistió en la necesidad apremiante de encontrarlos. Shamdasani lamentó que hasta el momento dichos mecanismos no hayan sido exitosos para encontrar a los estudiantes desaparecidos «y urgimos a las autoridades a incrementar sus esfuerzos para encontrarlos”.

La portavoz agregó que la Oficina del Alto Comisionado también está preocupada porque a raíz de la búsqueda de los estudiantes se han encontrado nueve fosas comunes cerca de Iguala. El ACNUDH exhortó a las autoridades «a investigar de manera efectiva, pronta e imparcial la identidad de los cuerpos encontrados en dichas fosas clandestinas y a enjuiciar a los responsables».

Del mismo modo, pidió al gobierno que reconozca la competencia del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada para recibir comunicaciones de parte de víctimas, según lo estipula el artículo 31 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Además, Shamdasani dijo que la Oficina en México del Alto Comisionado está siguiendo de cerca estos casos y está dispuesta a proveer toda la asistencia que le sea requerida.

Relacionado al caso de los normalistas, hace unos días varios expertos de Naciones Unidas condenaron los incidentes del 26 y 27 de septiembre en la municipalidad de Iguala en los que participaron efectivos de la policía local. En aquella ocasión los expertos subrayaron enfáticamente que esos hechos son censurables e inaceptables y observaron con preocupación que diariamente se recibe información cada vez más aterradora en conexión con el hallazgo de seis fosas comunes con cuerpos calcinados.

Aún se desconoce si los cadáveres pertenecen a los estudiantes desaparecidos, apuntaron los relatores sobre desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, y sobre tortura.

En México, varios defensores de derechos humanos han denunciado que algunos de los normalistas fueron quemados vivos y otros ejecutados.

En estos momentos un equipo de expertos argentinos en antropología forense se encuentran investigando los restos en las fosas y ya han realizado muestras directas a los familiares de los estudiantes; por su parte, las autoridades se encuentran en espera de sus resultados. Estos hallazgos serán fundamentales para corroborar si los restos encontrados en las fosas son los de los estudiantes desaparecidos.

Pero estos no son todos los reclamos de la ONU a las autoridades mexicanas. La organización mundial también ha instado al gobierno a esclarecer 22 ejecuciones que han sido relegadas en los medios y en la opinión pública ante la escandalosa desaparición de los normalistas que ha indignado al país.

A finales de septiembre el Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias Christof Heyns, se refirió a la detención de ocho militares sospechosos de haber dado muerte a 22 presuntos delincuentes, «en lo que podría ser un caso de ejecuciones sumarias». Relacionado a esto, Heyns instó al gobierno de México a realizar una investigación rápida e independiente sobre esas muertes y garantizar la protección de las víctimas sobrevivientes y testigos. 

El hecho tuvo lugar el 30 de junio de 2014 en la localidad de Cuadrilla Nueva, Tlatlaya, en el estado de México, durante una operación militar contra presuntos delincuentes. Sólo sobrevivieron tres mujeres, pero dos de ellas fueron detenidas posteriormente por cargos de posesión de armas de fuego y crimen organizado.

Sin embargo, algunos datos divulgados recientemente parecen contradecir los informes oficiales. En un artículo publicado en la prensa local e internacional, un testigo presencial afirmó que la mayoría de las personas que murieron durante la operación en Cuadrilla Nueva podrían haber sido abatidas a tiros después de deponer las armas y entregarse a los militares.

“El gobierno de México tiene la obligación de investigar a fondo, juzgar y sancionar a todos los presuntos casos de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”, recalcó el experto. Heyns recordó que sólo se puede recurrir al uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente necesario para impedir que una persona detenida escape o cuando sea inevitable para proteger la vida, «situaciones que no se dieron en el caso en Tlatlaya».

El relator pidió a las autoridades mexicanas proporcionar protección urgente tanto a la sobreviviente que testificó como a las dos detenidas, así como al periodista y el fotógrafo que produjeron el artículo, y a los medios de comunicación mexicanos que lo publicaron.