Por: Juan Gasparini

 

Ginebra, 15 de septiembre.- Seong-Phil Hong, presidente del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, reiteró su llamamiento a Venezuela a que libere “inmediatamente” a la exjueza María Lourdes Afiuni Mora “y le proporcione una reparación adecuada y efectiva”. La exfuncionaria está privada de su libertad desde 2009 como “medida de represalia” por haber ordenado la liberación de un detenido a pedido de la misma instancia de la ONU, de acuerdo con lo reiterado el lunes en la sede de Naciones Unidas en Ginebra.

Este Grupo de Trabajo está compuesto por cinco expertos independientes, uno por cada región del planeta, que son elegidos por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al que informan anualmente, en un debate público, de sus gestiones ante los países que mantienen personas presas en violación de los estándares internacionales.

En ejercicio de su derecho a réplica, Venezuela acusó al Grupo de “mentir descaradamente” al considerar que las medidas impuestas a la exjueza Afiuni son “represalias”. En cambio, afirmó que se trata de una “procesada por la comisión de delitos comunes (…) permitiendo la evasión (…) del exbanquero Eligio Cedeño, juzgado por estafa de cerca de 30 millones de dólares (…) quien en 2009 se fugó a Estados Unidos”, luego de ser liberado por la entonces jueza Afiuni.

Este caso no es el único por cuya liberación la ONU le reclama a Venezuela. También exhortó a la puesta en libertad de Juan Carlos Nieto Quintero y Daniel Omar Ceballos Morales, junto a Maikel Giovanni Rondón “y otras 316 personas”, en alusión a ciertos detenidos durante las revueltas antigubernamentales y enfrentamientos entre grupos militantes de febrero de 2014, que ocasionaran 43 muertos y cientos de heridos.

Estos cinco expertos de la ONU dejaron además constancia de que el dirigente opositor Leopoldo López Mendoza, quien acaba de ser condenado a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de cárcel, es a su vez considerado objeto de una detención arbitraria. Su caso figura en el informe debatido hoy, específicamente por la violación de dos principios fundamentales para la ONU: el ejercicio de un derecho (el de la protesta) y el respeto del debido proceso.

La delegación del gobierno de Venezuela estimó que la sentencia contra Leopoldo López es “ajustada a derecho, adoptada por un Tribunal de la República, que impuso sanciones penales” contra “un opositor violento”, cuyo proceso judicial cumplió “todos los pasos garantizados en el ordenamiento jurídico, quien ejerció con plena libertad su legítimo derecho a la defensa”.